Bruselas denuncia que el gasto en pensiones impide subir las ayudas a la infancia en España
La Comisión señala que uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza y no hay dinero para destinar más fondos
España destinó una cuarta parte de su PIB a protección social en 2023. Sin embargo, el gasto estuvo muy sesgado hacia las prestaciones de jubilación (41,2%). | Alejandra Svriz
Las pensiones y los costes relacionados con el envejecimiento complican de forma muy importante la sostenibilidad fiscal de España y dejan sin capacidad para afrontar políticas que impulsen la productividad y permitan reducir los altos niveles de pobreza infantil. Así lo ha advertido la Comisión Europea en un reciente informe en el que detalla los grandes retos de nuestro país, aportando previsiones a medio y largo plazo.
España destinó una cuarta parte de su PIB a protección social en 2023, ligeramente por debajo de la media de la UE del 26,8%. Sin embargo, el gasto estuvo muy sesgado hacia las prestaciones de jubilación (41,2%) y las prestaciones por enfermedad y asistencia sanitaria (29,4%). Mientras, áreas como la ayuda a la familia y a la infancia (5,5%), la inclusión social (2%) y la vivienda
(0,5%) reciben una financiación mínima.
El informe, al que ha accedido THE OBJECTIVE, apunta que en los próximos años España tendrá graves dificultades para cumplir con las obligaciones financieras. La causa, el incremento del gasto en pensiones con el desembarco de la generación del baby boom en el sistema. Este supondrá este año el 12,9% del Producto Interior Bruto (PIB) y obligará a desembolsar en torno a 216.000 millones de euros. Estas cifras colocan a nuestro país en el podio europeo de gastos en estas prestaciones. Los pronósticos indican que en 2070 España será el segundo país europeo que más dinero gaste en jubilaciones y ayudas a los más mayores.
Ayudas a la infancia mínimas
En paralelo, España ha descuidado las ayudas sociales a la infancia. La eficacia de las políticas de protección social sigue siendo muy limitada, en particular en la reducción de la pobreza y la desigualdad, destaca el informe. El impacto de las transferencias sociales -excluidas las pensiones- es uno de los más bajos de la UE, especialmente en el caso de los niños, resalta la Comisión Europea. Además, apunta que la desigualdad de ingresos sigue siendo alta en España y superior a la media europea. «El efecto redistributivo de los impuestos y las prestaciones son limitados».
España destina una cuarta parte de su PIB a protección social, pero la proporción destinada a familias, infancia e inclusión social sigue siendo relativamente baja. Para mejorar los resultados sociales, Bruselas apunta como solución reforzar el apoyo específico a familias y niños, y reducir las diferencias regionales.
Los sistemas de ingresos mínimos y de apoyo a la infancia sufren persistentes problemas de adecuación, cobertura y aplicación, denuncian desde Bruselas destacando el impacto negativo que tiene la burocracia y la ineficiencia de la Administración. «A pesar de los esfuerzos continuos para garantizar una implementación eficiente, muchos hogares vulnerables tienen dificultades para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y al Complemento de Manutención Infantil (CAPI) debido a
barreras administrativas y procedimientos complejos». Mientras, apunta que las subvenciones a los más vulnerables y la infancia son bajas.
Pobreza y exclusión
La pobreza y la exclusión social siguen siendo motivo de gran preocupación, indica la Comisión. Si bien la pobreza y la exclusión
social disminuyeron en 2024, el número de personas en riesgo se mantiene por encima de los niveles prepandemia y la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (Arope) se situó entre las más altas de la UE, con importantes diferencias entre regiones.
Al ritmo actual, España se está quedando atrás en su objetivo para 2030 de reducir el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en 2,8 millones. La pobreza de las personas con empleo ha disminuido en los últimos años; sin embargo, sigue siendo elevada (tres puntos porcentuales por encima de la media de la UE, en un 11,3%) a pesar de los recientes aumentos del salario mínimo, especialmente entre los trabajadores temporales y los nacionales de terceros países. Mientras tanto, la pobreza energética sigue siendo elevada y muchos hogares sufren privaciones. Por último, el informe incide en que más de uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza.
Pensiones y salud
El informe señala que las revisiones del gasto de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef) han identificado potencial de ahorro en el sector salud, en relación con el uso y precio más razonables de los medicamentos. Las previsiones apuntan que el aumento del gasto público en pensiones se concentra a medio plazo, con un incremento de 2,5 puntos porcentuales del PIB para 2040. Tras alcanzar un máximo de 3,6 puntos porcentuales del PIB en torno a 2050, por encima del nivel de 2024, se prevé una disminución limitada del gasto. En 2070, España será el segundo país con mayor gasto bruto en pensiones de la UE. Junto a esto, estima que el gasto en atención sanitaria pública -del 5,9% del PIB en 2024 y por debajo de la media de la UE del 6,6%- aumente 0,8 puntos porcentuales hasta 2040.
En mayo, la nómina de pensiones contributivas en España fue de 9.852 millones de euros, con un incremento interanual del 2,52% en el gasto. La pensión media se situó en 1.010,11 euros, y la pensión de jubilación en 1.160,69 euros. El número total de pensiones contributivas fue de 9.754.137.