El informe de la UCO sobre Cerdán da un golpe mortal al sistema público de contratación

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil conocido este jueves y que implica a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, junto al exministro José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, en la adjudicación ilegal de obras a cambio de comisiones, es un duro golpe en la línea de flotación del sistema público de contratación. Fuentes del sector empresarial con las que ha hablado THE OBJECTIVE indican que estas informaciones vienen a confirmar una situación que ha ido a más desde que gobierna Pedro Sánchez y que tiene que ver con las sospechas de fraude de muchos de estos procesos, en especial, los vinculados con la Administración central.

El informe de la UCO señala cinco obras que suman 535 millones a cargo de las arcas del Estado. De éstas, dos experimentaron una ampliación de presupuesto por valor de 42 millones. Son obras que se ejecutaron en las provincias de Murcia, La Rioja, Sevilla y Barcelona y todas tienen que ver con infraestructuras, carreras y vías ferroviarias que implican a ADIF y al Ministerio de Transportes. Por ellas, se habrían pagado mordidas de 620.000 euros y habrían quedado pendientes de pagar otros 450.000 euros por otras tres obras.

Del mismo modo, en los audios intervenidos aparecen conversaciones entre Ábalos, Koldo y Cerdán con órdenes para repartir adjudicaciones y se menciona a otras empresas habituales del sector como Sacyr y Ferrovial. El 9 de abril de 2019, Koldo grabó una conversación con Ábalos diciendo que «hay que hacer una Acciona, otra Sacyr, y me dice ella (Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de ADIF), que tengo que darle una a Ferrovial, ¿vale? Y digo, y yo le he dicho, mira dame estas dos, ¿vale? Y lo que hagas bien hecho está, ¿te parece bien?».

Koldo, Ábalos y Cerdán

El caso es el que el sistema público de concesiones movió 107.557 millones de euros en 2023 (últimas cifras disponibles), un crecimiento de 8.000 millones respecto de 2022. De ellas, 36.149 millones corresponden al sector estatal, mayoritariamente los ministerios y dentro de éstos, el más activo es el Ministerio de Transportes. Este departamento estaba a cargo de José Luis Ábalos durante los periodos analizados por la UCO.

Un caso reseñable es que este volumen de contratación pública estatal se disparó un 36% en el año 2023, el mismo en el que se produjeron las elecciones generales de julio. Del mismo modo, ese año se produjeron 196.763 adjudicaciones con 48.917 solo de la Administración central. Estamos además hablando de un montante creciente y que actualmente se encuentra en máximos históricos de volumen y de número de procedimientos.

El caso es que todos los informes de la UCO -incluyendo el de Cerdán- han salpicado de una u otra manera las adjudicaciones públicas, y posteriores investigaciones periodísticas también han dado cuenta de ello. Mientras, Víctor de Aldama -comisionista de la trama Koldo- presentó ante el Tribunal Supremo 128 contratos adjudicados que están bajo sospecha. Según su versión, han sido amañados y su resolución estaba decidida antes de que empezara el proceso de adjudicación.

Efecto en el erario público

THE OBJECTIVE ha ido desgranando las fórmulas utilizadas para amañar contratos públicos y los puntos más débiles del modelo. España suspende en ocho de los 12 criterios con los que la Comisión Europea evalúa la transparencia y el trato igualitario en la contratación pública. Adjudicaciones a dedo, sin publicidad, amaños, excesivo peso de criterios subjetivos, falta de concurrencia, abuso de la contratación menor y mínima presencia de las pymes protagonizan el día a día de los contratos públicos en España. Estos factores tienen un enorme coste para el erario público y facilitan el favoritismo entre empresas afines.

Este sistema que facilita la opacidad y la falta de concurrencia ha sido denunciado por numerosas empresas en privado, ante el temor de ser excluidos de futuras licitaciones. Las compañías apuntan a que muchas adjudicaciones están decididas por adelantado y que los procesos se ajustan en muchas ocasiones para que resulten ganadores quienes más cercanos se han mostrado a la Administración. En este punto es clave la forma en la que se establecen los baremos para concretar, donde es habitual que los criterios subjetivos (los que son imposibles de medir) queden por encima de los criterios técnicos y los méritos numéricos.

No se denuncian mordidas, pero sí concursos creados para favorecer a unos pocos, casi siempre cercanos al PSOE. Y eso hace que muchos interesados ni siquiera lleguen a presentarse a los concursos. En el último trimestre de 2024, el importe de licitaciones del sector público estatal aumentó un 41% unido a una caída del número de licitadores en los contratos y de máximos de adjudicaciones que solo reciben una única oferta. Esto arroja finalmente que los precios finales, ante la falta de competencia, aumenten de forma considerable.

Mínimo castigo

Por otro lado, este diario ha publicado que España solo investiga cuatro de cada diez denuncias de fraude en contratos públicos. Según indica el supervisor de las licitaciones públicas, OIReScon, de las 221 denuncias presentadas, solo 90 fueron investigadas por los organismos antifraude. Y ninguna de estas licitaciones fue remitida a la Fiscalía para su investigación en ámbito judicial. Hablamos de datos del año 2023, en momentos en que las sospechas por amaños en las diferentes tramas corruptas que investiga la justicia se encuentra en su punto álgido.

El informe elaborado por la UCO describe como la trama de dirigentes socialistas utilizaba diferentes atajos en la contratación para recibir amaños y dirigir las adjudicaciones a empresas afines. Todos los contratos investigados son de obra. Atendiendo al sistema de contratación utilizado, se observa que en la mayoría de los casos, al ser procedimientos abiertos –salvo en los contratos de emergencia– fueron empleadas las mesas de contratación reguladas en el art. 326 de la Ley de Contratos Públicos.

Estas mesas califican la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos y tienen capacidad de excluir candidatos. Además, la mesa valora las proposiciones de los licitadores y sacar del concurso las ofertas económicas especialmente bajas. Finalmente, tiene todo el poder para decidir que empresa se lleva el contrato. En las adjudicaciones inspeccionadas siempre se ha otorgado mayor importancia a la ponderación de los valores automáticos o con fórmulas (la oferta económica), la valoración subjetiva le ha correspondido a la mesa de contratación, «pudiendo llevarse a cabo por servicios dependientes del mismo órgano en caso de requerirse la emisión de informes técnicos», añade la UCO.

Criterios subjetivos y económicos

La forma de proceder resulta relevante, ya que según el informe, en caso de otorgar mayor importancia a la ponderación subjetiva, estos informes técnicos tendrían que realizarse por un comité de, al menos, tres expertos, los cuales no podrían depender nunca del órgano que propone la licitación.

El órgano contratante aplicó la mínima diferencia en la ponderación que la normativa permite para este procedimiento. Así, se asignaba una ponderación del 51% a las valoraciones obtenidas mediante cifras o porcentajes derivados de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos. Mientras, se otorgaba un 49% a las valoraciones por juicio de valor.

ADIF y Carreteras

Los órganos de contratación analizados, Carreteras y ADIF, han usado para la adjudicación de las obras el procedimiento abierto mediante mesa de contratación. En este proceso, se ha otorgado mayor ponderación a la valoración mediante fórmulas, y por ende, se ha basado en informes técnicos del propio organismo adjudicador para la evaluación de los juicios de valor (51%-49% en la DGC y 60%-40% en ADIF).

Era tan importante, y así se observa en dicho sentido en las comunicaciones entre los titulares de la DGC y de ADIF con Koldo García, que las mercantiles que presuntamente ganaron los contratos, no presentaron ofertas anormalmente bajas. El objetivo era que una arbitraria sobrevaloración de la nota subjetiva permitiese otorgar una puntuación global suficiente para ganar la adjudicación.