El juez pide detalles de 521 cuentas bancarias desde 2014 ligadas a la red de Cerdán
Requiere información de movimientos de dinero a 35 entidades para aclarar los pagos por supuestos amaños
Santos Cerdán, Koldo y Ábalos. | Alejandra Svriz
El juez del conocido como caso Koldo ha ordenado la información de centenares de cuentas bancarias de multitud de bancos y entidades financieras para aclarar las mordidas vinculados a los amaños de obras públicas que supuestamente dirigía el -hasta este jueves- secretario general del PSOE, Santos Cerdán, y que tiene como protagonista principal al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Un requerimiento que se produce a la luz del último informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que causó la dimisión del número tres de los socialistas a mediodía de este jueves.
El mandamiento judicial implica la solicitud de datos de 521 cuentas bancarias a 35 entidades, según el documento de la UCO al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. La información que reclama el magistrado tiene que ver con los titulares y movimientos, entre otros, de dichas libretas desde el 1 de enero de 2014. Justo el año en que, al parecer, se empezó a orquestar la trama que presuntamente lideraba Cerdán. Precisamente en dicho año es cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, accedió a la secretaría general del PSOE en una votación en la que pudo haber un pucherazo.
La orden judicial sobre toda esta cantidad de cuentas bancarias, incluidas en un amplio listado, tiene como finalidad continuar con el «esclarecimiento de los hechos expuestos en la investigación de la UCO», en la que se apunta a una red de mordidas con adjudicaciones públicas de las que podrían haberse beneficiado Cerdán, Ábalos y Koldo y que implican a importantes constructoras, entre ellas, Acciona. Muchas de las libretas están ya cerradas o canceladas.
En concreto, el requerimiento reclama los archivos sobre las cuentas, además de teléfonos de contacto, domicilios fiscales, tarjetas de crédito vinculadas, así como el estado en el que se encuentran en la actualidad. La información a la treintena de bancos debe ser remitida «directamente» al Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO, con el objetivo de que continúe con la investigación.
La documentación, explica el informe, tiene que ser facilitada por los servicios centrales de las entidades, no debiendo comunicarse a las oficinas o sucursales donde esté abierta la cuenta con el fin de preservar las actuaciones. La orden, además, exige que se identifiquen otros productos financieros, así como cajas de seguridad que tengan contratadas tanto las personas físicas como jurídicas que figuren como titulares o autorizados de cada uno de los productos señalados.
De igual manera, requiere todas las informaciones sospechosas de blanqueo relacionadas con las mismas que hayan sido trasladadas al Sepblac, así como los movimientos realizados desde la fecha indicada anteriormente o desde su contratación posterior, en su caso. Solicita saldo, ingresos y pagos, como también el destino de las transferencias.
La entidad con más cuentas reclamadas, por una eventual vinculación de los clientes a la red de Cerdán, es Caixabank, con 110, seguida del Santander, con 96. También destacan BBVA y el Sabadell, con 42 cada una. Estos cuatro bancos son los principales grupos financieros, por lo que no es de extrañar. El reclamo de datos afecta a otra treintena. Estos son Abanca, March, Pueyo, Cooperativo Español, Banco do Brasil, Pichincha, Bank of Africa, Bankinter, BNP Paribas, Caja Rural de Albacete, Caja de Ingenieros, Caixa Popular, Caja Laboral, Caja Rural de Granada, Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Soria, Cajamar, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, EBN, Eurocaja, HSBC, Ibercaja, ING, Intesa, JP Morgan, Kutxabank, CBNK, Société Générale y Unicaja.
Por tanto, la información se exige no solo a las entidades más relevantes del país, sino a un sinfín de cajas rurales, de pequeño tamaño, y a gigantes internacionales. El magistrado buscaría cualquier tipo de pago a los tres principales implicados en la trama de mordidas con adjudicaciones, así como a otros protagonistas de la red. Ábalos habría recibido, según la UCO, al menos 550.000 euros de un total de 620.000 euros que fueron abonados por las licitaciones amañadas, pero según las comunicaciones de Koldo, intervenidas por la unidad de la Guardia Civil, con Cerdán, quedaban por desembolsarse otros 450.000 euros.
El juez ha ofrecido a Cerdán declarar de forma voluntaria el 25 de junio tras hallar «consistentes indicios» de delito. Algo que parece que ocurrirá, debido a que el ya ex secretario de Organización del PSOE ha señalado que asistirá a la cita para cooperar con la Justicia.