El Gobierno vasco amenaza con sancionar a los funcionarios que filtren datos de las prisiones

El departamento vasco de prisiones emprenderá acciones disciplinarias contra los funcionarios que faciliten datos o información a la prensa sobre lo que ocurre en los tres centros penitenciarios que dependen del Gobierno autonómico. El exdirector de la prisión de Zaballa (Álava) y ahora responsable de la Inspección Penitenciaria, Benito Aguirre, ha remitido un escrito a toda la plantilla de las cárceles en el que advierte de que en los últimos meses diferentes medios de comunicación «han trasladado a la opinión pública información relativa a la situación penitenciaria de las personas privadas de libertad», lo que atenta contra «su derecho a la intimidad y la protección de sus datos personales». 

En la nota, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Aguirre alerta de que se señala a «fuentes penitenciarias como mecanismo de acceso a la citada información», pero esta última, ya «sea de carácter personal, médico, jurídico, familiar o relacionada con su comportamiento y evolución en el centro— está sujeta a un estricto deber de confidencialidad, de conformidad con la legislación vigente y los principios éticos que rigen nuestra función pública». 

De este modo, prosigue el alto cargo del área de prisiones, «preservar la confidencialidad de las personas sometidas a nuestra tutela es una obligación legal (…), con la previsión de trasladar responsabilidades disciplinarias a los posibles infractores», advierte. Las fuentes sindicales consultadas por este periódico ven en el comunicado de Aguirre «un intento de intimidar y asustar» a los trabajadores, como cuando el entonces director denunció ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria una presunta huelga encubierta de 70 trabajadores que estaban de baja en la prisión de Zaballa.

Silenciar el caos en las prisiones

El juez propuso sanciones disciplinarias para los funcionarios «por la insostenible situación» en el centro penitenciario, que obligó incluso a cerrar algunos departamentos de la prisión, pero el caso quedó archivado, habida cuenta de que todos ellos justificaron debidamente su baja laboral. La mayoría dejó de trabajar por un «estrés» continuado en las jornadas laborales, que en muchos casos debían duplicar por el déficit de plantilla y porque algunos de los trabajadores tienen cientos de horas extra acumuladas. El Gobierno vasco lleva gastados dos millones de euros en horas extra por la falta de funcionarios de prisiones, según datos del departamento.

La consejera socialista de Justicia, María Jesús San José, lleva tiempo intentando silenciar los problemas que arrastran las tres prisiones —Martutene, Basauri y Zaballa— desde que se produjo la transferencia de la competencia en octubre de 2021. Casi cuatro años en los que se han sucedido quejas por las condiciones laborales y económicas de los funcionarios y por el tensionamiento de las cárceles, en las que la población reclusa ha aumentado un 28% desde que el País Vasco las gestiona. Prueba de ello es que en el último concurso de traslados, casi uno de cada tres funcionarios (87) se marchó a trabajar a prisiones dependientes del Ministerio del Interior en otras comunidades autónomas. 

En este sentido, fuentes penitenciarias denuncian que el escrito de la Inspección Penitenciaria pretender taponar la información no solo sobre el caos en las prisiones, sino también en relación con los privilegios que tienen algunos presos. En abril, por ejemplo, este periódico informó que la dirección de Basauri, en Vizcaya, dejó sin sanción a un interno de la banda terrorista ETA que protagonizó una riña contra un funcionario de prisiones en el módulo de respeto. El centro mantuvo en su puesto de trabajo a Óscar Barreras Díaz —condenado a 35 años por el asesinato de un inspector de la Policía Nacional en 1999 en Bilbao—. Un privilegio que se retira automáticamente al recluso cuando se abre un parte por este tipo de incidentes.

Al parecer, el preso se enfrentó al trabajador porque estaba cerrando las celdas del citado módulo y, ante esto, «le acusó de hacer lo que le salía de los cojones». El funcionario le respondió señalando que cumplía con la normativa penitenciaria. A lo que, siempre según la versión de las fuentes consultadas, el interno etarra le «llamó fascista y nazi». «A partir de ahora, cada vez que venga tenemos que cuadrarnos y levantar el brazo derecho», le espetó el reo. El funcionario, que evitó reaccionar ante la provocación, elevó un parte a sus superiores, calificando los hechos como «incidente grave». 

«Hasta las cartolas de internos»

Hace tres semanas, la titular del único Juzgado de Violencia Penitenciaria del País Vasco, Ruth Alonso, también alerto sobre las grietas del nuevo sistema de gestión impuesto por el Gobierno en el IV Congreso de la Abogacía Alavesa. Alonso, según recogió El Correo, señaló que el modelo penitenciario se había «traducido en un embudo para las peticiones de los abogados» y alertó de aumento de presos en las cárceles. «Estamos hasta las cartolas de internos», advirtió la magistrada ante medio millar de asistentes. En la actualidad, 1.179 personas están privadas de libertad, acusadas o condenadas por algún delito, frente a las 1.387 que dejó Interior en 2021. 

Unos datos muy alejados de la intención inicial del Ejecutivo autonómico, que pretendía reducir la estadística penitenciaria abogando por la reinserción a través de programas y rebajas de grado. Por si fuera poco, Ruth Alonso vaticinó que el próximo año habría al menos «300 o 400 internos más» en las cárceles vascas, teniendo en cuenta el aumento de la delincuencia en la comunidad autónoma.