El 'dos' de Interior con Rajoy trató de reinsertar a 'Alcasec' en una empresa de ciberseguridad
Francisco Martínez también buscó un terapeuta para que el ciberdelincuente tratase su adicción a las tecnologías
El ex 'número dos' de Interior con Rajoy, Francisco Martínez. | EP
El número dos de Interior con Rajoy, Francisco Martínez, sitúa todas las acusaciones que vierte sobre él la Policía Nacional en la relación laboral que como abogado mantenía con su cliente, Jose Luis Huertas, conocido como Alcasec, cuando el ciberdelincuente era menor y posteriormente cuando tenía aún abiertas distintas causas judiciales. La Audiencia Nacional le investiga por integrar, junto a Huertas y otros dos socios, una organización criminal dedicada al blanqueo y al robo de datos de empresas estratégicas y organismos públicos. Según la investigación, Martínez tenía presuntamente un «rol central» y blindó a la trama legal e institucionalmente con sus contactos para que pudiese operar con «legitimidad aparente» pese a los antecedentes penales que tenían algunos de sus miembros.
La Policía advierte de que el abogado «blanqueaba la imagen» de Huertas, consiguiéndole contratos con entidades públicas como la UNED o el Ayuntamiento de Madrid. Unas funciones que el ex secretario de Estado de Seguridad, sin embargo, enmarca en el objetivo de reinsertar al ciberdelincuente, lo que llevaba haciendo años atrás como su letrado. Según la documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Martínez logró, por ejemplo, que Alcasec obtuviese su primer empleo en una empresa de ciberseguridad e incluso le llevo a terapia para tratar su «severa adicción a las tecnologías». Acciones por las que posteriormente el Juzgado de Menores de Granada decidió suspender su condena de internamiento en un centro de menores en 2022.
Trabajos en empresas del ‘mundo ciber’
Fuentes del entorno del ex número dos de Interior explican que pese a que Huertas es mayor de edad y ha tenido posteriormente otros abogados en otras causas judiciales, en las que mantiene abiertas en juzgados de menores la defensa seguía en manos de Francisco Martínez hasta que hace unas semanas renunciase a la misma. De hecho, de acuerdo con la citada documentación, Martínez siguió recibiendo notificaciones de dichos procesos judiciales hasta el 29 de mayo. Por este motivo, el letrado seguía trabajando con Alcasec de cara a su reinserción laboral, avalado también por la autoridad judicial y fiscal, y ponía en contacto a delincuente con empresarios dedicados al ‘mundo ciber’ de cara a encontrar oportunidades laborales.
Paco Martínez cuenta con distintos escritos dirigidos a los juzgados en los que consta que Alcasec está acudiendo a trabajar a la citada empresa de ciberseguridad, la del ex guardia civil Ángel P. A., antes de que se produzca su juicio por un ciberataque contra una entidad pública. Todo ello, previa mediación del abogado. También una carta en la que un exdirectivo del Instituto Nacional de Ciberseguridad se ofrece «para orientar personal y profesionalmente a José Luis en las numerosas posibilidades de formación que existen en el ámbito de la ciberseguridad y en la oportunidad que tiene de orientar su carrera laboral en esta especialidad», según reza la misma y a la que ha tenido acceso este diario.
Las dos empresas de ‘Alcasec’
El supuesto blanqueamiento de la organización, sin embargo, no es la única tarea que la Policía atribuye al ex número dos de Interior. La Audiencia Nacional le acusa de haber constituido las dos sociedades —Horu Corp y Havenio Tech SL— con las que la organización blanqueaba el dinero obtenido de la venta ilícita de datos personales de miles de ciudadanos y de llevar la contabilidad de la primera de ellas durante unos meses. También de haber accedido a un bot de Telegram, creado por Alcasec y que contenía perfiles de personas destacadas con decenas de datos robados, donde Martínez realizó presuntamente 21 consultas.
Para los agentes de la Brigada de Información, el acceso de Francisco Martínez supone una prueba clave de su implicación en la organización, habida cuenta de «que le permite realizar consultas sobre bases de datos obtenidas ilícitamente como las de la Dirección General de Tráfico o de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)». Un acceso que «revela no solo una relación de confianza operativa, sino también un conocimiento concreto por parte del investigado de las actividades ilegales del grupo». Y que implica, según los investigadores, el uso que hacía Martínez de los recursos ilícitos de la organización para «fines personales o profesionales», es decir, no solo como asesor legal.
La defensa, sin embargo, insiste en que el ex secretario de Estado de Seguridad ignoraba qué datos consultaba a través de esa herramienta, y que, en cualquier caso, no supone «una actividad de blindaje legal» ni de «consolidación y sostenibilidad de la organización criminal», como destaca la investigación policial. Martínez insiste en desvincularse de la organización y dice desconocer el negocio ilícito que realmente había detrás del ‘modus operandi’ de su cliente.
La Policía, por otro lado, insiste en que el número dos de Interior conocía «en detalle» la «existencia y funcionamiento» de las citadas empresas. De acuerdo con las pesquisas realizadas, «puede deducirse que habría intervenido en su configuración legal y operativa, cumpliendo un rol central en el diseño de estructuras societarias que actuarían como fachadas legales de la actividad criminal».
Ciberataques y extorsión
En cualquier caso, la trama encabezada por Alcasec no solo habría penetrado en empresas y organismos públicos españoles, también había logrado hacerlo en sistemas sensibles de países como Andorra, Bolivia y República Dominicana, indican fuentes jurídicas. Respecto a este último país, los investigados buscaban cruzar datos del paraíso fiscal con los que ya contaba la trama de otros organismos: como la Agencia Tributaria, la Policía nacional o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el objetivo de extorsionar posteriormente a posibles blanqueadores de capitales y defraudadores fiscales en nuestro país.
De acuerdo con la citada información, los investigadores han acreditado que la organización habría hackeado, por ejemplo, la base E-ticket, de la Dirección General de Migraciones de la República Dominicana, que contiene el registro de todos los ciudadanos extranjeros que han visitaron el país desde 2021. El objetivo principal de la trama era elaborar perfiles lo más completos posible de empresarios, políticos y, en definitiva, de miles de ciudadanos, para poder utilizar esa información posteriormente y conseguir una contraprestación económica.
Francisco Martínez salió de la cárcel hace dos semanas, tras pasar menos de diez días en prisión provisional. La juez de la Audiencia Nacional María Tardón acordó dejarle en libertad a petición del fiscal porque ya no existía riesgo de destrucción de pruebas, una vez fueron aseguradas por la Policía Nacional. El expolítico siempre mantuvo que no tenía acceso a las mismas. Alcasec siempre ha defendido ante la magistrada que su exabogado nunca supo nada de la presunta organización criminal ni de las actividades de sus empresas.