Una constructora balear relacionada con Koldo disparó un 121% sus ventas en dos años

La constructora balear MAB (Matias Arrom Bibiloni) disparó un 121% su facturación entre los años 2017 y 2019. Según la página especializada en análisis de empresas InsightView, la compañía pasó de tener unas ventas de 17,4 millones de euros en 2017 a 38,6 millones en 2019. MAB logró en 2020 su mejor ejercicio en cuanto a resultados desde 2008 (comenzó operaciones de 2007). El nombre de esta constructora apareció en el teléfono móvil de Koldo García -el que fue asesor de confianza del exministro de Transportes, José Luis Ábalos– en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil localizó indicaciones para la adjudicación de obras públicas. MAB ha compartido UTE (unión temporal de empresas) con gigantes del sector, como la señalada en el ‘informe Cerdán’ Acciona Construcción.

Las ventas de la constructora han aumentado porcentualmente con respecto al resto de empresas salpicadas junto a las que aparece en el ‘informe Cerdán’ de la UCO: Maygar, Aldesa, Azvi y Copasa. Fuentes del sector de la construcción aseguran a THE OBJECTIVE que la empresa tendría vinculaciones con la expresidenta de las Islas Baleares (2015-2023) y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Las mismas fuentes señalan que el director general de una constructora aseguró que «le recomendaron» ir con MAB a una licitación. Este periódico se puso en contacto en repetidas ocasiones con la empresa MAB para conocer la versión sobre las informaciones que la vinculan con Armengol, pero rechazaron hacer comentarios.

El ‘informe Cerdán’

En el ‘informe Cerdán’ -en el que la UCO incrimina al exministro Ábalos, a su exasesor Koldo García y al ya exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán por montar una presunta organización criminal– se asegura en la página 183 lo siguiente: «Cabe recordar que el 12 de julio de 2021 fue cesado en su cargo Ábalos, abandonando Koldo también su puesto de asesor. No obstante, como se podrá observar a continuación, y como se ha venido plasmando a lo largo de la investigación, la relación de Koldo con miembros del Ministerio de Transportes no se vio interrumpida, haciendo uso de esta para seguir velando por los intereses de LIC, entre otros».

La UCO continúa explicando que, «a este respecto, la investigación ha puesto de manifiesto que Koldo habría intercedido ante algunas de las personas encargadas de la toma de decisiones de diversos estamentos dependientes del Ministerio de Transportes para presuntamente lograr favorecer a determinadas empresas».

Un relato que concluye señalando a MAB, entre otras: «De hecho, en su teléfono móvil se han localizado anotaciones en las que se apuntan indicaciones para la adjudicación de obras públicas. Como ejemplo de lo anterior, la nota creada el 25 de mayo de 2022 aparenta ser una suerte de diálogo entre Koldo y Javier Herrero (exdirector general de Carreteras), en la cual nombraron tanto a LIC, como a diversas empresas dedicadas a la construcción (MAB, Maygar, Aldesa, Azvi, Copasa), asociándolas a posibles obras dependientes de la Dirección General de Carreteras».

Por último, la UCO señala sobre las anotaciones en el móvil que «es importante destacar que existe la posibilidad de crear notas compartidas entre varios usuarios, reflejándose en todos los dispositivos habilitados las ediciones que se realicen sobre la misma. Así, esta modalidad permite intercambiar mensajes sin que quede registro de la conversación, tanto en cuanto el contenido de la nota puede ser borrado o editado en cualquier momento».

Polémicas en años anteriores

No es la primera vez que MAB aparece salpicada por la polémica. A finales de 2016, la constructora se vio involucrada en unas acusaciones por presunta corrupción formuladas por el partido Més per Mallorca, por sobrecostes en obras de autopista de años atrás. La formación acusó al administrador de la empresa, Matias Arrom, de «mentir» durante su comparecencia en la comisión que lo investigaba.

Según las informaciones, se observaron irregularidades por un «excesivo sobrecoste», ya que las expropiaciones de los terrenos para la obra se valoraron como urbanizables en lugar de rústicos y la UTE decidió pagar al propietario de los terrenos por encima de los tres millones de euros antes de que fuese oficial por el Govern. Una cantidad que tuvo que acabar devolviendo en parte el propietario del terreno por la decisión del juez.

El asunto concluyó sin imputaciones pero con fuertes críticas políticas a los involucrados. Diario de Ibiza recogió en 2016 unas declaraciones del diputado de Més, David Abril, en las que señaló que la UTE, conformada por MAB y Ortiz, tenía una «ventaja competitiva» con respecto a otras constructoras, como FCC y Sacyr.