Nace Proyecto Weimar, una plataforma para denunciar abusos de violencia institucional

Si algo interiorizó el cineasta Alejo Moreno a lo largo de los años que le llevó producir su documental Hechos probados, es que «en mi opinión, en España los poderes públicos vulneran derechos fundamentales de los ciudadanos con demasiada frecuencia y no pocas dosis de impunidad». Moreno considera que este desequilibrio de fuerzas entre administración y administrados crece inexorablemente y «amenaza con derrumbar lo poco que nos queda de democracia liberal».

Y es que en Hechos probados, se sumergía en la terrible historia de Agapito García (número 1 de la lista de morosos que publicara Cristóbal Montoro); una batalla legal contra la Agencia Tributaria que acababa arrollando al empresario tras 25 años de litigios y 3 sentencias a su favor. El documental estaba regado con intervenciones de juristas y expertos de primer nivel que nos hacían comprender que aquel atropello no era algo excepcional, sino un caso paradigmático de la deriva autoritaria en la que se ha instalado la administración.

«La inseguridad jurídica es un problema de primera magnitud en cualquier sociedad, pero en nuestro país aún es más grave porque el Estado está presente, literalmente, hasta en la vida íntima de las personas. O debatimos seriamente acerca de cómo limitar su poder, o hay que ir pensando en hacer las maletas» dice Moreno. Y para intentar evitarlo, esta misma semana ha dado un paso más en su deseo de fomentar el debate público respecto a esta cuestión: se llama Proyecto Weimar.

Una web como herramienta de investigación

Proyecto Weimar es una plataforma que ya está en marcha y que nace como vía de comunicación entre la productora y afectados por abusos de los poderes públicos. El objetivo es recabar testimonios con los que nutrir nuevos documentales y, en paralelo, dar vida a un canal de YouTube desde el que mantener vivo el debate. El equipo estudiará y verificará los casos con rigor, pero dejando a cada persona la posibilidad de decidir si quiere aparecer en la obra final y con qué grado de anonimato.

De momento, Proyecto Weimar quiere recabar informantes en dos frentes muy concretos: los poderes sancionadores y coercitivos de la Agencia Tributaria, y el funcionamiento opaco de los Servicios Sociales en el área de protección de menores. «Son dos obras documentales distintas, pero guardan una íntima conexión: la profunda crisis del Derecho que vivimos en España», aclara Moreno. «En este país, la administración no necesita contar con un juez para ordenar el embargo de tus bienes ni tampoco para quitarte a tus hijos: basta con el informe de un empleado público. Esto abre la puerta a una arbitrariedad peligrosa. Es así de chocante y hay gente que no es consciente de su gravedad», añade el director.

En cuanto a Hacienda, ésta será la última entrega de una trilogía que arrancó con el mencionado Hechos probados y continuó con la serie El juego del fraude. Entre otros casos, Moreno comenta que profundizará en el de Emilio Valerio, ex teniente fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid fallecido a consecuencia del litigio inagotable que mantenía con la AEAT (del que dio buena cuenta Ignacio Ruiz-Jarabo en un artículo de THE OBJECTIVE). Moreno expresa sus inquietudes respecto a lo sucedido: «pudo haber motivaciones más allá de lo tributario. Esto nos lleva a preguntarnos qué pasaría si el poder ejecutivo del que goza la Agencia, se usase como herramienta de hostigamiento político o censor». 

El caso de León

Por otro lado, Moreno lleva año y medio documentándose sobre las retiradas de tutelas llevadas a cabo por los Servicios Sociales de las distintas Comunidades Autónomas «La chispa que me llevó a emprender este nuevo documental fue El desmadre de los Servicios Sociales de Consuelo García Del Cid. Hay que leer a Consuelo, es fundamental. Fue a través de su obra como me di cuenta de las similitudes que había entre el actuar de los SS.SS. y la metodología de la administración tributaria. Las resoluciones de ambas administraciones se presumen veraces y tienen carácter ejecutivo inmediato».

A modo ejemplar, nos relata detalles de uno de los casos que aparecerá en el documental por su especial gravedad. Se trata de la retirada de la tutela de un niño de cinco años bajo la acusación de que los padres –que habían sido desahuciados tan sólo un mes antes– vivían en una cuadra «Estas personas afirman que no es cierto, que se encontraban reformando una nave para convertirla en vivienda y que, mientras tanto, se alojaban en casa de los abuelos del niño. He podido ver las supuestas pruebas que esgrime el expediente administrativo y, desde mi punto de vista, carecen de rigor: son meras conjeturas, no hay ninguna prueba objetiva de que vivieran en la nave o ‘cuadra’, como ellos la llaman», explica el cineasta. 

Moreno subraya que, para más inri, existe un informe previo al desahucio y elaborado por la propia administración, en el que se constata que viven en un piso que tiene condiciones adecuadas. Por lo tanto, «Incluso dando por buena la tesis (más que discutible) de que la familia pasa a vivir de un hogar normal a una cuadra insalubre, la lógica más elemental nos llevaría a concluir que estaban pasado un mal bache económico ¡Pero no que maltrataran a su hijo! En ese contexto, una medida tan agresiva como es separar a una familia de su niño, es una completa aberración», aclara.

El director asegura haberse dirigido a la jefa de prensa de la Gerencia de Servicios Sociales de León: «Quería entrevistarles, contrastar la información a la que he tenido acceso y darles la oportunidad de que me dieran su versión, pero se niegan», lamenta. También denuncia que se suspendieron las visitas familiares –ya de por sí restringidas a una sola hora al mes– sin una base sólida. Según afirma, se acusa a la madre de transmitir a su hijo mensajes que la administración considera nocivos, lo que Moreno considera improbable tras oír las grabaciones de audio íntegras que la mujer conserva de estos encuentros. Aunque esta medida tenía carácter temporal y hace meses que debían haberse reiniciado las visitas, la administración se niega a revertir la resolución, «Y lo que es peor» añade Moreno «Hace unas semanas se las ha comunicado la intención de iniciar un proceso de adopción para el crío. Esta manera de proceder atenta contra los derechos del niño, de la familia y no está prevista en la ley… pero lo hacen. El tiempo juega a su favor, los procedimientos se dilatan, pasan los años y el desapego del menor hacia la familia se va pronunciando. Es una auténtica historia de terror», concluye.