Asturias concentra el 29% de las prejubilaciones del último decenio
En el Principado se han registrado 40.443 casos en este periodo, frente a los 141.582 del conjunto del país

Entrada de una oficina del SEPE. | Jesús Hellín (EP)
El Principado de Asturias ha concentrado el 29% de las prejubilaciones registradas en España en el último decenio, con un total de 40.443 casos entre los años 2015 y 2024, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social obtenidos a través del Portal de Transparencia tras una solicitud de THE OBJECTIVE. Se trata de un porcentaje llamativo, puesto que la población de este territorio a comienzos de este año (1.014.112) representaba solamente el 2,07 % de los habitantes totales del país (49.077.984).
En el conjunto de España y durante ese mismo periodo se contabilizaron 141.582 demandantes de empleo pertenecientes al colectivo especial de prejubilados, es decir, personas inscritas en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como demandantes de empleo y clasificadas dentro de este grupo específico.
Los registros por año progresan en descenso, con un porcentaje de reducción del 82,83% entre las 28.134 personas que estaban en esta situación en España en 2015, frente a las 4.831 de 2024. Durante las fechas intermedias, los números de personas bajo estas circunstancias fueron los enumerados a continuación: 23.233 en 2016, 19.250 en 2017, 15.851 en el año 2018, 13.134 en 2019, 12.216 en 2020, 11.076 en 2021, 7.995 en el año 2022 y 5.862 en 2023.
En cuanto a la provincia de Asturias, las cifras de personas solicitantes de empleo en situación de prejubilación en el último decenio han sido las siguientes: 6.711 en el año 2015, 6.007 en 2016, 5.285 en 2017, 4.500 en el año 2018, 3.936 en 2019, 3.669 en 2020, 3.471 en el año 2021, 2.704 en 2022, 2.259 en 2023 y, por último, 1.901 en 2024.
La segunda región con mayor número de prejubilados en este intervalo de tiempo es Madrid, con 28.018 en esta situación en estos diez años. En el tercer puesto se sitúa otra provincia que presenta una gran desproporción respecto a su peso poblacional, León, con 20.657 personas prejubiladas en esta década.
Por el contrario, los territorios con menor número de prejubilaciones en el último decenio han sido, en primer lugar, las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, con una cantidad de cuatro cada una. En segundo lugar lo ocupa Cuenca, con 72 prejubilados en este tiempo. Por último, en el tercer puesto se halla Soria, con 85 personas en estos diez años.
Población más envejecida, pero menos jubilaciones anticipadas
La población española está cada vez más envejecida. Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de abril de 2025, el 21,8 % de la población residente en España tenía 65 años o más, lo que supone un aumento del 20,4% respecto al año anterior, y se espera que siga en aumento hasta llegar en 2055 al 30,5%. A pesar de ello, se han registrado menos prejubilaciones en los últimos años; en función de los datos anteriormente presentados, parece que la tendencia va a continuar.
Las reformas en la legislación sobre jubilación anticipada han endurecido los requisitos para prejubilarse. En la actualidad, las personas que desean retirarse antes de la edad legal para hacerlo se enfrentan a penalizaciones económicas (una reducción de la pensión correspondiente) y además deben haber cotizado más años.
Por otro lado, el sistema de pensiones busca ser sostenible a largo plazo en un contexto de cambio demográfico profundo, marcado por el envejecimiento acelerado de la población y una menor proporción de personas en edad activa. Frente a las dificultades derivadas de esta desequilibrada situación poblacional, las políticas actuales fomentan que los trabajadores prolonguen su vida laboral, promoviendo una permanencia más prolongada en el mercado de trabajo.
Del mismo modo, las prejubilaciones masivas, habituales en décadas pasadas —especialmente en grandes empresas o sectores en proceso de reestructuración—, se han vuelto menos viables tanto para las compañías como para el Estado, debido a los altos costes económicos y sociales que conllevan, lo que ha impulsado un cambio de enfoque hacia modelos más sostenibles y equitativos.