Pardo de Vera firmó de su puño y letra obras amañadas por 342 millones de euros
Fue la expresidenta de ADIF la que firmó en última instancia las adjudicaciones que le había solicitado Koldo García
Isabel Pardo de Vera. | Ilustración de Alejandra Svriz
La expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, que fue contactada por Koldo García para manipular presuntamente adjudicaciones de obra pública, firmó de su puño y letra las autorizaciones del consejo de administración que daban luz a esos mismos contratos. Adjudicaciones que Koldo, junto a Santos Cerdán y José Luis Ábalos, habrían manipulado para que fuesen concedidas a Acciona. Son tres obras, dos en Murcia y una en Barcelona, que alcanzan los 342 millones de euros públicos. Las tres están financiadas con fondos europeos.
Todas las obras que, según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fueron amañadas en favor de la constructora Acciona contaron con la firma y aprobación final de Isabel Pardo de Vera. Así consta en el expediente de tramitación de la adjudicación de esas tres grandes actuaciones del gestor ferroviario. El documento fue aprobado en reuniones del consejo de administración de ADIF en las que participó –y presidió– la propia Pardo de Vera, hoy imputada en el caso Ábalos-Cerdán.
La primera de esas adjudicaciones se firmó el 13 de febrero de 2019 y por ella se concedían 121 millones de euros a la UTE de Acciona y Ferrovial para ejecutar las obras de construcción «de la plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería» en el tramo entre Pulpí y Vera.
La siguiente, por cerca de 159 millones de euros, se firmó unos meses más tarde y adjudicó a la UTE Acciona-Ferrovial el «soterramiento de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia». La tercera, para integrar la red de ferrocarril en la localidad barcelonesa de Sant Feliu de Llobregat, alcanzó un importe de 51 millones de euros. Esta última sufrió una ampliación del presupuesto en 2023 por valor de 62 millones de euros, 11 más que en la licitación inicial –en la que la constructora ganadora estuvo a punto de caer en oferta temeraria–. El presidente de la mesa de contratación de esta obra, tal y como ha desvelado THE OBJECTIVE, fue ascendido meses después de director general por Pardo de Vera.
Estas tres obras figuran en ese listado de cinco adjudicaciones por las que Koldo y Ábalos se habrían repartido unos 620.000 euros, a falta del pago de 550.000 por los que Koldo preguntaba abiertamente a Santos Cerdán en un audio. El exsecretario de organización del PSOE le abroncó: «¡Que no hables de eso!».
En el documento se especifica, antes de la firma de Pardo de Vera, que «para que conste, a fin de que surta los efectos que resulten oportunos, se expide la presente certificación, con el visto bueno del Presidente del Consejo». Se cita, además, el artículo de la ley de Régimen Jurídico del Sector Público en el que se establece que deben abstenerse aquellos miembros del consejo que tengan algún tipo de interés en el asunto de los acuerdos. Algo que, a la luz de los audios y pruebas obtenidas por la UCO, se daría en el caso de Pardo de Vera. La expresidenta de Adif conversó en diversas ocasiones con Koldo sobre las obras y a quién debían adjudicarse.
Pardo de Vera y Pepe Blanco
José Luis Ábalos ha apuntado directamente a su antecesor en el Ministerio de Fomento y en la Secretaría de Organización del PSOE. Durante su declaración de este pasado lunes ante el Tribunal Supremo, el exministro de Transportes aseguró que fue José Blanco quien respaldó la elección de Isabel Pardo de Vera como presidenta de ADIF. Ábalos admitió haber recibido múltiples sugerencias para nombrar altos cargos, aunque expresó su preferencia por mantener a personas vinculadas al PP –sin dar nombres concretos–, algo que finalmente no se materializó, ya que estos rechazaron la propuesta.
En su intervención, Ábalos intentó desvincularse de la implicación de Isabel Pardo de Vera en la contratación de su ex pareja, Jésica Rodríguez, así como de posibles amaños en adjudicaciones dentro de ADIF. El exministro negó haber tenido participación en cualquier tipo de irregularidad relacionada con contratos públicos. También cuestionó la veracidad de los audios recogidos en el más reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, señalando que no se identifica en esas grabaciones y sugiriendo que podrían haber sido manipuladas.