Un informe destaca la «inmigración masiva» entre las causas de la crisis de vivienda

Como en España mueren decenas de miles de personas más de las que nacen, sin llegada masiva de inmigración, la carestía de vivienda no existiría o desaparecería (al menos, en muchas zonas de España). En otras palabras, la inmigración masiva es una de las principales causas de la crisis de vivienda que hay en España. Esa es una de las conclusiones que se extraen del informe El problema de la vivienda en España: análisis y propuestas, elaborado por el demógrafo Alejandro Macarrón, responsable de Estudios y Análisis Social de CEU-CEFAS.

El estudio indica que la llegada de 3,5 millones de inmigrantes de países de fuera de la Unión Europea en la última década, pese a que España no ha bajado en ese intervalo de cuatro millones de parados reales -sumando parados oficiales y gente que quiere trabajar, pero no busca empleo-, ha incrementado «muy significativamente» la demanda de vivienda, especialmente en alquiler.

Por eso, el autor propone «adoptar una política de inmigración neta cero mientras no se alcance el pleno empleo ayudaría a reducir la presión sobre el parque de viviendas disponible». Según este, si hubiera inmigración cero, habría un superávit anual de 130.658 viviendas, tomando como baremo 2023. Esta cifra se reduciría, aunque también sería positiva, en la Comunidad de Madrid, una de las regiones con más carestía, en donde habría 18.085 nuevas casas disponibles al año sin inmigrantes.

Otras causas

Otras causas de la carestía de la vivienda son la «obstrucción y lentitud en permisos», generando retrasos de hasta 15 años en proyectos urbanísticos o el «amparo legal y fáctico a la okupación y la inquiokupación», que «desincentiva la inversión en el sector, y reduce la oferta de vivienda en alquiler», así como una «fiscalidad muy elevada». Sobre esta última causa, Macarrón indica que «la elevada carga fiscal sobre la construcción, venta y mantenimiento de la vivienda encarece los precios, impactando directamente en la accesibilidad para los ciudadanos».

«El gasto público, que en España era del 19% del PIB en 1975, en 2023 fue del 45%, sin que los servicios públicos de las AAPP hayan mejorado en España, globalmente, de manera correlativa. Eso encarece mucho, vía impuestos, el coste de construcción y oferta de las viviendas, y merma drásticamente el poder adquisitivo de los españoles para poder acceder a ellas», abunda el informe.

Otra de las causas llamativas o novedosas que señala el estudio del CEU-CEFAS es la «desestructuración familiar»: «La alta tasa de divorcio y la caída de la nupcialidad generan mucha demanda adicional de viviendas, contribuyendo al déficit habitacional». «Con las pautas familiares actuales hacen falta tres millones largos más de viviendas que los necesarios con las pautas de hace 50 años, y eso que los españoles se emancipan ahora cinco años mayores de media. Solo en el trienio 2021-2023 hubo en España casi 245.000 divorcios legales, más un número no conocido de rupturas de parejas de hecho», reza el texto.

Propuestas

En definitiva, España vive una de sus peores crisis habitacionales, con precios en constante ascenso, reducción de la oferta de alquiler y un retraso medio en la emancipación de los jóvenes hasta los 30 años. En este sentido, la construcción de vivienda social, una de las soluciones aplicadas en el pasado, ha caído drásticamente en las últimas décadas, con apenas 8.000 unidades construidas al año en la última década, frente a las más de 150.000 que se construían hace cincuenta años.

Ante esta situación, el estudio propone medidas como la reducción de la carga burocrática, la liberalización del suelo, la tolerancia cero con la okupación, una mayor seguridad jurídica para propietarios e inquilinos, la liberalización del mercado del alquiler, el control de la inmigración para alinearla con las necesidades reales del mercado laboral y del parque de vivienda disponible, el control de la inversión extranjera o el fomento de la colaboración público-privada. Y en un plano más de fondo, se plantea el fomento de la estabilidad familiar, algo asimismo imprescindible para poder recuperar una tasa de natalidad que permita el relevo generacional.