Un directivo de Globalia ligado a un cargo de Montero recibió un contrato de Correos
Fernández Mariscal, socio del expresidente de la SEPI, se adjudicó en 2023 una licitación pública de 53.179 euros
Un cartel de Correos | Europa Press
El directivo de Globalia socio del expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero, recibió una adjudicación pública de Correos, la empresa estatal postal. José Joaquín Martínez Mariscal se hizo con contrato de la compañía en otoño de 2023, nada más abandonar Blackstone, donde trabajada desde 2018. Por tanto, antes de que fuera fichado por el holding de Air Europa para ser gerente del patrimonio de la familia Hidalgo en República Dominicana y en España.
Martínez Mariscal es amigo personal de Fernández Guerrero, que fue jefe de la SEPI entre 2018 y 2019, y que posteriormente fue contratado por Servinabar, la constructora salpicada por varias licitaciones amañadas en Navarra bajo la influencia, supuestamente de Santos Cerdán, el que hasta hace unos días era número tres del PSOE. Correos depende de la SEPI y esta última, del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero.
A mediados de septiembre de 2023 el ahora directivo de Globalia ganó una adjudicación lanzada por la filial del grupo postal, Correos Express Paquetería Urgente, para el estudio en profundidad de un total de 13 naves con el fin de permitir conocer exactamente la situación técnico-administrativa y legal de cada una de ellas. Arquitecto de profesión, por aquel entonces era asesor externo por cuenta propia, y se presentó al concurso abierto al que hubo tres candidatos.
La adjudicación recibida, que fue por tramitación simplificada, tuvo un importe de 53.179,5 euros, incluyendo impuestos, de acuerdo con los datos recabados por THE OBJECTIVE. Y según la plataforma de contratación del Estado, Martínez Mariscal se la llevó por haber presentado la oferta más baja.
El directivo de Globalia en República Dominicana es administrador mancomunado desde finales de este mes de mayo de Goloso 25, una sociedad inmobiliaria fundada por el ex alto mando de Montero en Hacienda tras su paso por Servinabar y que en la actualidad se enfrenta al juicio por el caso Aznalcollar. En la misma, figuran con el mismo cargo tanto Fernández Guerrero como otro de sus aliados, Raúl David Rincón Feliu.
Servinabar, según los informes judiciales bajo investigación, ha recibido distintas adjudicaciones a cambio de mordidas junto a Acciona en la Comunidad Foral de Navarra presidida por María Chivite, y es la que podría estar pagando el alquiler del piso en Madrid en el que vive el ex número tres de los socialistas. La constructora podría ser propiedad en un 45% de Santos Cerdán tras haber abonado 6.000 euros, según una escritura confiscada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Entre 2021 y 2023 el exnúmero uno de la SEPI trabajó como director comercial de dicha empresa.
No es la primera vez que personas cercanas a Montero se han visto afectadas por la trama Ábalos. Este periódico publicó que en enero de 2020, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), dependiente del departamento de Hacienda, formalizó un contrato de 22,3 millones que fue recurrido por OHLA, otra de las candidatas que presentaron una oferta. El beneficiario de la obra para la rehabilitación de la actual sede de grandes contribuyentes de la AEAT fue una UTE liderada por Acciona, la otra empresa que se ha visto salpicada por las presuntas mordidas y aliada en las licitaciones bajo sospecha de la empresa de Cerdán. La obra sufrió un modificado de tres millones de euros en 2023.
Además, se ha conocido que Carlos Moreno, jefe de Gabinete de la ministra Montero, cursó internamente una petición que le hizo Aldama para que se aplazara el embargo de una de sus empresas a cambio de una suma de dinero. Sin embargo, negó haber recibido pago alguno.
Correos también ha estado en el foco de atención en múltiples ocasiones. Los últimos escándalos conocidos tienen que ver con Leire Díez, una supuesta fontanera y exdirectiva del grupo postal que supuestamente ha estado intentando recabar información negativa para obstaculizar los casos de corrupción que acechan al Gobierno. La empresa estatal fue una de las que apoyó activamente y con recursos públicos el máster impulsado por Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. Un curso por la que está imputada y que puso en marcha tras haber promovido Wakalua junto a Globalia y el empresario aragonés Juan Carlos Barrabés.
En el momento de la adjudicación de Correos a Martínez Mariscal, el presidente era Juan Manuel Serrano, amigo de Pedro Sánchez cuando alcanzó el poder tras la moción de censura que ganó prometiendo que iba a luchar contra la corrupción en nuestro país.