La línea del abogado de Cerdán: choque con el Supremo y vista puesta en Europa

Benet Salellas, abogado de Santos Cerdán, ha planteado en el Tribunal Supremo una estrategia judicial coherente con su bagaje profesional. Quien fuera letrado de Jordi Cuixart en la causa del procés optó por una línea de defensa que iba al choque con las instituciones judiciales y que mantenía la esperanza en los tribunales comunitarios. En medio de las especulaciones sobre los motivos por los que el ex secretario de Organización del PSOE habría elegido un abogado que llegó a ser diputado de la CUP, la razón más plausible apunta a que busca agotar la vía judicial para tener una oportunidad ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Salellas no esconde que «el TEDH es una referencia para todos los abogados en general». Su despacho es conocido por impulsar casos contra España ante este órgano comunitario y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En ambos tiene aún varias demandas pendientes, según explican fuentes de la defensa de Cerdán.

A pesar de que el caso de Cerdán está «muy al inicio», según las mismas fuentes, la línea adoptada se parece mucho a la estrategia que siguió Salellas durante el juicio del procés, que siempre buscó «justicia» fuera de España y en tribunales que consideraba que no están «politizados». De hecho, Cuixart fue el primero de los condenados en el Supremo por los hechos del 1-O que llevó su caso ante el TEDH.

«Persecución política»

Cerdán aludió el pasado lunes durante su comparecencia ante el juez a una supuesta persecución política por ser el «arquitecto de los gobiernos progresistas de España». Unas palabras que le valieron el reproche del fiscal Alejandro Luzón. El ex secretario de Organización del PSOE, que se desvinculó de la trama, solo respondió a las preguntas de su abogado. Una estrategia que los penalistas consultadas por THE OBJECTIVE consideran errónea y que le llevó a prisión preventiva y sin fianza por riesgo de fuga y destrucción de pruebas.

La argumentación de Cerdán retrotrae a la que su abogado desplegó en el Supremo como defensa de Cuixart, expresidente de Òmnium Cultural. En los tres primeros meses de juicio, los magistrados de la Sala Segunda del Supremo expresaron su «profundo malestar» por la estrategia de defensa que ejercían Salellas, Marina Roig y Álex Solá y tacharon la actitud de los testigos propuestos por la defensa de «intolerable» y de rayar «el código deontológico de la Abogacía» al ser abogadosde muchos de estos comparecientes.

Ya en su momento se creyó que este comportamiento solo podría obedecer a su desconfianza en la magistratura española y a que tenía la vista puesta en Estrasburgo. Una de las ramas principales de su despacho, Salellas Advocats, son los «derechos humanos» que se dirimen en los tribunales internacionales. De hecho han impulsado contra España las sentencias del TEDH del caso Martínez Sala (2004) sobre malos tratos a detenidos; del caso Stern y Roura (2018) sobre libertad de expresión; y del caso Saber y Boughassal (2018), sobre derecho a no ser expulsado cuando el condenado por un delito disponga de arraigo.

Aunque el caso de Cerdán es muy distinto, no hay que excluir la posibilidad de que Salellas busque la nulidad de la causa. Por el momento ya ha cuestionado la «veracidad de los audios». De hecho, tal y como avanzó este diario, está a la búsqueda de un perito que sea capaz de anular las grabaciones sobre las mordidas.

La mafia italiana

En su momento, el tribunal con sede en Estrasburgo también dictó a favor de Arnaldo Otegi, líder de Bildu, por cuestiones formales. Entre ellas, que no se garantizó la apariencia de imparcialidad de la Audiencia Nacional. En concreto, se hizo referencia a la juez Ángela Murillo, que ya había mostrado prejuicios en un juicio anterior (2005), en el que preguntó a Otegi si condenaba la violencia de ETA. Salellas también está encarando el caso con una perspectiva muy política.

En un escrito judicial al Supremo, Salellas comparó la situación de Cerdán con el abuso de la figura de los arrepentidos de la mafia de italiana (pentiti), que provocó el suicidio de un magistrado en diciembre de 1992, para insistir en la inocencia de su cliente. El letrado insiste en que el autor de los audios incriminatorios, Koldo García, «es colaborador de la Guardia Civil». Sin embargo, el magistrado no ha hecho mención alguna a esta cuestión en el auto de prisión del ex secretario de Organización del PSOE.

Una de las primeras peticiones de Salellas fue que la declaración fuese «retransmitida» en directo, como sucedió en el caso del procés. Uno de los argumentos que esgrimió en su escrito, que fue denegado, fue que dada «la importancia que tiene en el actual devenir procedimental (y en la debida corrección del juicio paralelo que sufre) la declaración como investigado» de Cerdán, solicitaba que «se levante su carácter reservado y que se dispongan los medios técnicos necesarios para que los medios de comunicación y/o el público en general puedan seguir en directo la realización» a través de TVE.

La elección de Salellas se origina después de que el letrado Gonzalo Martínez-Fresneda, que en un primer momento se personó en la causa, informara que dejaba la defensa una vez Cerdán formalizó su renuncia al acta de diputado. El nuevo letrado es un gran conocido en los entornos independentistas. Fue diputado autonómico por la CUP en la legislatura que se celebró el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Es también uno de los perfiles más beligerantes con la magistratura, al considerar que hay un hilo que une a la judicatura actual con la de la dictadura franquista.