El Gobierno adjudicó una obra cerca del pueblo de Cerdán a la empresa del constructor clave
La constructora de Ruz ganó un contrato de restauración del patrimonio artístico sin contar con experiencia previa
El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a su llegada a declarar en el Tribunal Supremo. | Jesús Hellín / Europa Press
Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), la empresa del constructor valenciano José Ruz, logró en noviembre de 2023 una nueva adjudicación estatal por parte del Ministerio de Vivienda. En esa ocasión, en Alfaro, una localidad situada a pocos kilómetros de Milagro, el pueblo natal del entonces número tres del PSOE, Santos Cerdán. El contrato, de 671.997,63 euros (IVA incluido), fue otorgado para restaurar los zócalos interiores de la colegiata de San Miguel Arcángel, un edificio catalogado como monumento nacional y que es un emblema de toda la zona. La licitación se lanzó en junio y se resolvió en cinco meses.
Levantina se impuso en la licitación pese a que una de sus rivales, Técnicas para la Restauración y Construcciones S.A. (Trycsa), obtuvo una valoración técnica tres veces superior: 100 puntos frente a los 33,33 de LIC. Sin embargo, la oferta de Ruz —apenas 6.537 euros más baja que la de su competidora— le permitió hacerse con la máxima puntuación en los criterios económicos, que tenían un peso desproporcionado: 60 puntos, frente a 40 puntos reservados a la calidad técnica. El resultado final: 73,33 puntos para LIC, frente a 70 para Trycsa. Bastaba un céntimo menos para ganar. Y lo ganó.
Una valoración técnica sin motivación
La exclusión del tercer licitador, Alfaro Construcciones y Servicios, también resulta difícil de justificar. Fue descartado por no alcanzar el mínimo en los criterios subjetivos, pero el informe técnico no contiene explicaciones detalladas. Se limita a copiar las rúbricas del pliego sin motivar la nota. Además, el documento carece de una de las firmas requeridas, aunque fue validado por Elena Calama Martín, subdirectora general de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Vivienda.
Todo esto contrasta con la precisión milimétrica de las ofertas económicas: entre el presupuesto base y la oferta de Trycsa había sólo 6.536,95 euros de diferencia. Entre la oferta de Trycsa y la de LIC, 6.537,11 euros. Una diferencia de apenas 16 céntimos entre ambas que no pasa desapercibida.
El proyecto consistía en reparar daños estructurales causados por humedad en los zócalos de la Colegiata. Una intervención especializada que parecía hecha a medida para empresas con experiencia en restauración patrimonial, como Trycsa. En cambio, Levantina Ingeniería y Construcción, con trayectoria en obra civil, ferroviaria y carreteras, se llevó el contrato sin acreditar con claridad su idoneidad técnica para este tipo de restauraciones y sin experiencia previa en las mismas.
La Colegiata de San Miguel Arcángel es un lugar de interés para los vecinos de Milagro, el pueblo de Santos Cerdán, debido a su cercanía, importancia cultural y valor histórico como patrimonio arquitectónico y religioso. A la recepción de obra y foto oficial acudió la delegada de Gobierno de Pedro Sánchez, Beatriz Arraiz Nalda, anterior portavoz del PSOE en Logroño y directora general de Urbanismo y Vivienda de La Rioja por el PSOE.
La red de los «cafés»
La adjudicación, en noviembre de 2023, llegó mientras la Guardia Civil seguía estrechando el cerco sobre la red tejida entre Ruz, Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. En su informe del mes pasado, la UCO situaba al constructor como «un elemento común a los principales investigados», detallando cómo fue Ruz quien se presentó a Koldo en marzo de 2019 como «dueño de una empresa constructora de Valencia» y pidió una reunión. La cita se produjo el 27 de marzo en el Ministerio de Fomento. Desde entonces, su relación se intensificó.
Ruz mostraba «plena disposición» a colaborar. «A muerte. En lo que te pueda ayudar considérame a tu lao (sic)», escribió a Koldo en junio de ese año. Poco después, el exasesor le exigía discreción: «Recuerda, no hemos hablado». Para sus comunicaciones, utilizaron tarjetas SIM seguras, facilitadas presuntamente por un guardia civil investigado. Las llamadas se referían en clave como «café» o «cafetera».
Ruz incluso pidió hablar directamente con Cerdán, a quien llamaba «el Navarro», en 2022: «No es conveniente para la ganadería», le dijo en alusión a los conflictos internos que podrían perjudicar al PSOE.
La UCO sostiene que la empresa del constructor valenciano se benefició de gestiones directas de Koldo, incluso tras su salida del Gobierno. Adif, por ejemplo, adjudicó una obra a LIC a instancias de Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta del ente ferroviario. En paralelo, Koldo se quejaba de que ya no podía pagar su «pensión» de 1.100 euros porque «Pepe» —Ruz— había dejado de transferirle el dinero. Según los investigadores, Ruz también entregaba dinero en efectivo a Víctor de Aldama para repartir entre Koldo y Ábalos.
El auto de prisión provisional contra Santos Cerdán, dictado esta semana, añade también un elemento más al rompecabezas. El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, destacó que Cerdán y Koldo intercambiaban mensajes sobre licitaciones, pese a que el navarro no tenía cargo alguno con competencia en contratación. Según declaró el propio Cerdán, lo hacía por interés electoral. Uno de los proyectos citados en el auto es precisamente el de la Plaza de los Fueros de Milagro, su pueblo natal y vecino de Alfaro. En febrero de 2020, Cerdán mandó a Koldo una memoria sobre «los derribos y adecuación» de la plaza y le pidió «urgencia y preferencia» para incluirla en el 1,5% cultural del Ministerio. En diciembre, al no verla en la lista aprobada, le recriminó la omisión. Koldo le respondió que la meterían por otro concepto.
El juez estrecha el cerco sobre Ruz
Este viernes, el magistrado del Supremo retiró el pasaporte a José Ruz, le prohibió salir del país y le obligó a comparecer dos veces al mes ante el juzgado. Considera que existen «indicios bastantes» de que el constructor se benefició de adjudicaciones a cambio de pagos de comisiones a Koldo y Ábalos. En su declaración, Ruz admitió el uso de las llamadas «líneas seguras».
El juez cree que el empresario podría haber incurrido en delitos de cohecho activo y pertenencia a organización criminal, y lo vincula directamente con el entramado que gestionaba obra pública desde la cocina política del Ministerio de Transportes. La obra en Alfaro, adjudicada en un proceso aparentemente anodino y a solo diez kilómetros de Milagro, se suma a la lista de adjudicaciones raras a LIC.