La sucesora de Cerdán dio a la trama una obra en Santa Pola tras fulminar a la competencia

Al constructor José Ruz no le resultó complicado hacerse con la adjudicación de 476.419 euros otorgada por la ahora flamante secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en el puerto de Santa Pola (Alicante). Pese a presentar la oferta más cara de todas las empresas licitadoras, su firma, Levantina Ingeniería y Construcción, se impuso tras la exclusión fulminante de sus tres competidores en un proceso marcado por decisiones cuestionables y anomalías técnicas, según advierten varios expertos en derecho administrativo consultados por este medio.

La adjudicación correspondía a las obras del puerto de Tabarqueras y se produjo durante la etapa de Torró como consejera de Política Territorial y Obras Públicas en el Gobierno socialista valenciano de marzo de 2023. Ahora, tras suceder a Santos Cerdán como número dos del PSOE y convertirse en mano derecha de Pedro Sánchez, el expediente vuelve a ponerla en el foco por beneficiar presuntamente a uno de los principales empresarios investigados en la trama de supuestas comisiones ilegales vinculada a Koldo García, Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

Un concurso con tres exclusiones clave

Según la documentación analizada por THE OBJECTIVE, la licitación arrancó con cuatro empresas. Sin embargo, en la Plataforma de Contratación del Estado solo figuran dos, lo que ya anticipa una posible irregularidad formal. De las otras, una fue excluida en fase técnica (Teresem), otra por criterios económicos (Vainsa Infraestructuras) y una tercera, Nerco Infraestructuras SL, por no presentar un documento básico que, según expertos en contratación, «es estándar y se adjunta casi automáticamente en todos los concursos», como es el de la declaración responsable.

La exclusión más polémica resultó ser la de Vainsa, cuya oferta fue considerada «anormalmente baja» al rebajar en un 11% el precio base, superando por solo 0,33 puntos el umbral de anormalidad establecido en el 10,67%. Este margen tan ajustado contrasta con lo habitual en este tipo de procesos, donde los umbrales suelen situarse en el 15% o incluso el 20%. Aunque esta exclusión se ajustó a los criterios técnicos del pliego de condiciones, expertos en contratación pública subrayan que el margen era «mínimo» y que, en la práctica habitual, este tipo de bajas se aceptan si están suficientemente explicadas.

Sin embargo, el informe técnico desestimó la justificación de Vainsa por defectos considerados subsanables en otros contextos, como la ausencia de firma en cartas de compromiso de subcontratistas, lo que refuerza la percepción de que la exclusión fue excesivamente rigurosa y allanó el camino para la adjudicación a Levantina.

Por su parte, Teresem recibió una puntuación técnica sorprendentemente baja, sin apenas justificación. En contraste, la oferta de Levantina fue descrita con términos inusualmente elogiosos. El informe técnico señala que la propuesta de Ruz «demuestra que conoce el estado y funcionamiento actual de la instalación», una expresión que, para los analistas consultados, sugiere un supuesto polémico conocimiento previo de los pliegos técnicos o incluso una posible participación en su elaboración.

Evaluaciones técnicas y fórmula a medida

La puntuación técnica fue decisiva: Levantina obtuvo 41,5 puntos, frente a los 33 de Vainsa. Gracias a la fórmula de corrección incluida en el pliego, esa diferencia le permitió quedarse con los 45 puntos máximos en la parte técnica, asegurando su ventaja en el cómputo final. Los criterios de valoración aplicados fueron subjetivos y escasamente motivados, un patrón que recuerda al descrito en el auto del Tribunal Supremo del 30 de junio sobre el encarcelamiento de Santos Cerdán donde se afirma que las empresas adjudicatarias «no presentan la mejor oferta, pero son invariablemente favorecidas por valoraciones técnicas de carácter subjetivo».

Una vez adjudicada la obra a Ruz, el proyecto sufrió retrasos, incumplimientos y acabó paralizado, sin que constara posteriormente en la Plataforma de Contratación del Estado ninguna modificación contractual posterior, pese a que la ley exige dejar constancia de cualquier ampliación de plazos o cambios en la ejecución. La desaparición de esa información oficial añade una nueva presunta irregularidad al expediente. Lo ocurrido en Santa Pola no fue una excepción. Forma parte de un patrón que se repite en otras adjudicaciones ganadas por la constructora valenciana y que finalmente ella misma acabó abandonando, como ya sucedió en Jávea, Leganés y Dos Hermanas.

Este contrato bajo el poder de la nueva secretaria de Organización del PSOE tampoco fue un caso aislado. Tal como reveló THE OBJECTIVE el pasado viernes, Rebeca Torró adjudicó en 2022 otra obra de un millón de euros a la misma empresa de Ruz en San Antonio de Benagéber. Ambas adjudicaciones coincidieron en el tiempo con las reuniones que, según informes de la UCO, mantenía el constructor con el entonces exministro socialista José Luis Ábalos y su hombre para todo, Koldo García.

En paralelo, el propio Ruz declaró el pasado viernes ante el Tribunal Supremo, donde se le investiga por el presunto pago de comisiones ilegales. Según los investigadores, pagó una nómina a Koldo y presumiblemente se benefició de la máxima puntuación técnica en varias licitaciones públicas.

Pese a estas conexiones, Torró fue nombrada secretaria de Organización del PSOE apenas unos días después del ingreso en prisión provisional de Santos Cerdán. Su ascenso fue presentado por Ferraz como un «relevo limpio», pero los contratos adjudicados a Ruz bajo su mandato como consejera vuelven a cuestionar la supuesta ruptura con el pasado. Y, sobre todo, alimentan la sombra de una red de posibles adjudicaciones amañadas que salpica a las altas esferas del partido.