La empresa de la trama Ábalos lanzó un código anticorrupción en pleno negocio de «mordidas»
Levantina prohibía «favores de autoridades» y se comprometía a denunciar «cualquier indicio de pagos irregulares»
José Ruz, sonriente, saluda a los medios de comunicación, antes de prestar declaración en el Tribunal Supremo | Gustavo Valiente (Europa Press)
La constructora valenciana Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), epicentro empresarial del caso Ábalos-Koldo-Cerdán que implica al exministro José Luis Ábalos, a su asesor Koldo García y al exdirigente socialista Santos Cerdán, aprobó en 2022 un ambicioso manifiesto contra la corrupción, el blanqueo de capitales, el soborno, y las relaciones opacas con autoridades públicas. Un código de buen gobierno que, apenas tres años después, choca frontalmente con la situación judicial que atraviesan la empresa y su propietario, José Ruz, investigado por el Tribunal Supremo por su presunta implicación en una red de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas.
El documento, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, fue elaborado mientras la empresa buscaba modernizar su imagen y alinearse con estándares internacionales como los GRI (Global Reporting Initiative), centrados en la gestión ética (GRI 103) y la lucha contra la corrupción (GRI 205). Un compromiso con la ética corporativa que, según la UCO, se fraguaba en paralelo a acuerdos opacos con cargos del entorno socialista para obtener adjudicaciones.
De la teoría a la práctica
El código de LIC prohibía expresamente ofrecer, solicitar o aceptar regalos, favores o compensaciones por parte de autoridades o funcionarios, con la única excepción de obsequios «razonables» según la práctica local. Los pagos en metálico quedaban tajantemente excluidos. Estas disposiciones contrastan con los hallazgos de la Guardia Civil, que sitúan a Ruz como el empresario clave de una red de mordidas para conseguir adjudicaciones mientras lanzaba su compromiso con la legalidad y la ética empresarial.
Otra cláusula prohibía los llamados pagos de facilitación, definidos como pequeñas cantidades destinadas a acelerar trámites administrativos. Además, la empresa aseguraba mantener un control exhaustivo sobre subvenciones y ayudas. Sin embargo, la investigación judicial revela que Ruz habría mantenido reuniones con miembros clave de la trama para asegurar contratos bajo sospecha, algunos con sobrecostes o directamente sin ejecución efectiva.
El código también recogía la obligación de documentar cada decisión, la prohibición de donaciones a partidos políticos o entidades afines, y el límite de 5.000 euros para aportaciones a ONG, siempre con la aprobación previa del Comité Ético. No obstante, no hay constancia pública de que ese comité haya funcionado ni de que se haya publicado actividad alguna desde su creación.
Otro apartado llamativo era el dedicado a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. LIC se comprometía a denunciar cualquier indicio de pagos irregulares o fondos de origen dudoso, así como a reforzar los mecanismos internos de control financiero. Un compromiso que, en la práctica, se ve actualmente cuestionado por las actuaciones judiciales abiertas y la gravedad de las acusaciones que pesan sobre su máximo accionista.
Un viaje oficial con frutos contables
La imagen de empresa comprometida con la ética pública se desvanece aún más si se retrocede a octubre de 2020, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó a Argelia acompañado por siete empresarios españoles, entre ellos José Ruz. La visita no fue inocua: LIC logró recuperar cerca de cinco millones de euros en deudas pendientes con las autoridades argelinas en los meses posteriores, justo cuando atravesaba una delicada situación financiera.
Por su parte, el vínculo entre Ruz y Koldo García comenzó en marzo de 2019, con una solicitud de reunión en el Ministerio de Fomento. Desde entonces, la relación se estrechó. Según los informes de la Guardia Civil, ambos comenzaron a usar teléfonos desechables y lenguaje cifrado —como «café» o «cafetera»— para evitar escuchas. Koldo, que actuaba inicialmente como intermediario, pasó a mantener trato directo y frecuente con Ruz, a quien este llamaba su «jefe».
La confianza era tal que ocultaron reuniones a Víctor de Aldama, también investigado. Koldo incluso le proporcionó a Ruz tarjetas SIM específicas para mantener un canal de comunicación fuera del control institucional.
Pagos bajo sospecha
Víctor de Aldama declaró que Ruz se benefició de diez contratos por valor de 65,5 millones de euros durante la etapa de Ábalos, 6,6 millones más con Raquel Sánchez como ministra y otros 5,4 millones con Óscar Puente al frente. Los investigadores han detectado dos transferencias por más de 70.000 euros desde otra sociedad de Ruz, Lopera Activa SL, hacia Aldama.
La ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude) indicó que Lopera Activa habría sido utilizada presuntamente para justificar pagos de comisiones, al identificar movimientos bancarios entre cuentas de esta firma y LIC. Ruz, por su parte, declaró en el Supremo que se trataba de un préstamo, sin contrato de por medio.
José Ruz figura como uno de los empresarios imputados en el caso. El pasado viernes prestó declaración como investigado y negó cualquier implicación en los hechos. El juez Leopoldo Puente decretó medidas cautelares: comparecencia quincenal, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España. Por ahora, ha evitado la prisión provisional, a diferencia de otros implicados como Santos Cerdán, para quien sí se decretó su ingreso en prisión.