Zapatero presionó al 'número dos' de Ábalos para urgirle a avalar el rescate de Plus Ultra

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero presionó al ex secretario de Estado de Transportes Pedro Saura para urgirle a avalar el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Así lo aseguran varias fuentes a THE OBJECTIVE, entre las que se incluye personal de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo que aprobó el rescate en el año 2021 en medio de la polémica por los vínculos de la aerolínea con Venezuela.

Fuentes conocedoras de la operación revelan el clima de alta tensión que se vivió en el Ministerio de Fomento entre noviembre de 2020 y marzo de 2021, desde que se aprobó el rescate de Air Europa, con 475 millones de euros, hasta que la SEPI concedió 53 millones de euros a una segunda compañía aérea absolutamente desconocida hasta esa fecha: Plus Ultra.

Las presiones se producían en una doble dirección. «De un lado, Zapatero presionaba mucho a Pedro Saura», hombre cercano a José Blanco, quien fuera el ministro de Fomento y secretario de Organización en tiempos del zapaterismo, para que le concediera a Plus Ultra la consideración de «empresa estratégica», requisito previo para la aprobación del rescate por parte de la SEPI. En paralelo, el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, «también presionaba a Saura y a la SEPI» para urgir la aprobación de la aportación de 53 millones de euros de liquidez a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado para ayudar a empresas clave que estuvieran atravesando por dificultades económicas como consecuencia de la pandemia de la covid 19.

Una doble presión de la que se quejó el director de Participadas II de la SEPI, José Ángel Partearroyo, quien lo trasladó internamente en el organismo público. Partearroyo fue el responsable de gestionar los rescates a través del FASEE junto al vicepresidente de SEPI, Bartolomé Lora.

Fuentes de la SEPI desvelan a este periódico que la presión se intensificó a principios de 2021 para «agilizar la adjudicación de consultoras y gestoras» que debían hacer la auditoría previa de la empresa con la intención de aprobar el rescate «en tiempo récord». «Se estaba presionando para todo: las consultoras, los informes… Querían que esto saliera cuanto antes», explican fuentes de la sociedad estatal.

Pese a que fue el rescate de Air Europa el que se resolvió primero y en un tiempo récord, las fuentes del órgano que debía aprobarlo explican que, respecto a las negociaciones previas a la solicitud formal, el caso de Plus Ultra «fue muy rápido, fue demasiado rodado» porque «se metió mucha prisa desde instancias superiores a SEPI para que viera la luz». La compañía de los Hidalgo lideró el ranking de brevedad en la obtención de los fondos, con solo 70 días. El rescate de Plus Ultra, por el contrario, fue el tercero más rápido de la pandemia, con 182 días.

Un informe que causó estupor

Sin embargo, fuentes de las negociaciones puntualizan a este periódico que, más allá del formalismo de las solicitudes, el tiempo real de las negociaciones extraoficiales para el rescate de Plus Ultra fue incluso menor que en el caso de Air Europa. En el seno de la SEPI llamó la atención que «era Fomento el que más apretaba» a la empresa pública para acortar los plazos y agilizar la llegada de los fondos a la aerolínea vinculada a Venezuela a través de varios de sus propietarios.

Las presiones del expresidente Zapatero tuvieron como único destinatario al número dos de Fomento, Pedro Saura, si bien su entorno niega este extremo y recuerda que él no pertenecía al órgano de la SEPI que autorizó el rescate. Sin embargo, las condiciones iniciales del FASEE establecieron la obligatoriedad inicial de que fuese el secretario de Estado quien avalara la solicitud del rescate, otorgando la consideración de empresa estratégica al solicitante. Y así hizo: el responsable general de Aviación Civil, que dependía directamente de Saura, catalogó a Plus Ultra como empresa estratégica en un informe que resultó clave.

Esto provocó estupor en la SEPI, porque Fomento avaló como «empresa estratégica a quien, por su posición y número de trabajadores, no lo era». Plus Ultra apenas operaba en aquel momento el 0,03% de los vuelos con origen o destino en España, ocupando el puesto número 166 en el ranking de aerolíneas de nuestro país. Sin embargo, las mismas fuentes recuerdan que la editorial SM, con 685 trabajadores en España, no recibió el sello de compañía estratégica y no pudo ser rescatada.

Fuentes de la SEPI explican que «la clave estaba en decir que era una empresa estratégica». Era la clave de bóveda del rescate y lo que motivó la «extrañeza» de la dirección de la sociedad estatal de participaciones industriales, porque apenas contaba con cuatro aviones de alquiler en su flota y solo había uno en funcionamiento en el momento de la solicitud. Además, la compañía presentaba pérdidas los años anteriores, por lo que era evidente que su situación financiera no había sido provocada por la pandemia.

«Esa empresa no se puede calificar de interés estratégico para España», sostienen estas fuentes. Y ese fue el «escándalo». Se trata de «una cuestión objetiva: si tú te pones a ver las empresas por volumen de facturación, impacto en el empleo, marca España, afectación a la defensa nacional, afectación a la economía española, en ningún criterio te sale Pus Ultra». Tanto es así que hubo voces en la dirección de SEPI que recomendaron «no tramitar esa solicitud» y «dejarla para el final si sobraba dinero del FASEE». Pero se hizo caso omiso porque la Secretaría General del organismo público empresarial ordenó conceder los rescates conforme al orden de llegada de incoación del expediente, para evitar problemas de concurrencia.

La presión surtió finalmente efecto. El rescate de Plus Ultra con la consideración de «empresa estratégica» se aprobó finalmente el 9 de marzo de 2021 por el Consejo de Ministros, el mismo día en que se aprobó el rescate de Duro Felguera por 120 millones de euros. Casualmente, como ha desvelado THE OBJECTIVE, Zapatero y su exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos negociaron con Venezuela la contratación de la empresa asturiana en el marco de un acuerdo para «blindar las relaciones bilaterales entre ambos gobiernos», según un documento del jefe de la inteligencia chavista, Hugo Carvajal alias El Pollo. La Audiencia Nacional sentará en el banquillo de los acusados a la empresa asturiana al considerar que cometió delitos de corrupción en uno de los contratos negociados por Zapatero, tras pagar a directivos de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Presuntas irregularidades

La juez Esperanza Collazos, titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, detectó irregularidades en el rescate de Plus Ultra y abrió una investigación en 2021 por presunto delito de malversación y prevaricación. La instructora estimó conveniente escuchar a la empresa tras el informe de los peritos, que señaló que parte del rescate del Gobierno a Plus Ultra se destinó a un pago a PDVSA nada más cobrar la ayuda estatal.

Plus Ultra señaló que Petróleos de Venezuela era un proveedor de la compañía y que, cuando recibió el rescate, procedió a ese pago porque «la deuda con PDVSA no se había podido pagar por motivo del embargo y las sanciones internacionales». La empresa señaló, además, que la petrolera es la proveedora de combustible de todas las compañías que operan en Caracas, no solo de Plus Ultra, e insistió en que este «problema» afecta a todas las aerolíneas que vuelan a Venezuela. Ante esta actuación, los peritos independientes del juzgado indicaron que «lo habitual» en una empresa que necesita una ayuda pública es aplazar la deuda y hacer esperar a los proveedores.

Sin embargo, la juez nunca llegó a interrogar al representante legal porque, debido a un error en la instrucción, la causa fue archivada. Según la ley procesal, la investigación judicial debe durar un máximo de 12 meses, si bien esta puede ser prorrogada durante otros seis meses si los magistrados lo consideran necesario, sin que haga falta contar con ninguna de las partes. El 8 de abril de 2022 la jueza Collazos debió de prorrogar la causa para poder continuar con la investigación. No lo hizo. Y, sin embargo, en un auto fechado el 25 de mayo y que fue recurrido por Plus Ultra, citó a la aerolínea a declarar. Esto, sin haber prolongado los plazos necesarios para continuar las pesquisas. La propia aerolínea se percató del error de la instructora y recurrió su citación alegando que se encontraba fuera de plazo. La causa tuvo que archivarse debido a este error procesal y no porque se confirmase que no existieran irregularidades en el rescate.

Ábalos contra Zapatero

El papel de Zapatero es clave en la investigación que actualmente se cierne sobre el Gobierno de España. Ábalos y Zapatero han pasado de ser ‘socios’ a estar enfrentados. Tal y como desveló este periódico, el exministro de Transportes está dispuesto a «entregar la cabeza de Zapatero». En su declaración en el Tribunal Supremo, el pasado lunes 23 de junio, señaló a dos personas del entorno del expresidente socialista: el exministro José Blanco y a su exsecretario de Estado Pedro Saura.

Fuentes conocedoras de su estrategia legal aseguran que Ábalos no tiene intención de implicar al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en ningún aspecto que pueda resultarle perjudicial. No obstante, estaría dispuesto a poner el foco sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, aportando a la Fiscalía datos considerados «delicados». Este giro resulta relevante para los investigadores, dado que se trataría de una figura de alto perfil que hasta ahora no ha aparecido en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a pesar de las publicaciones de este medio y de las declaraciones de Víctor de Aldama, que lo relacionan con operaciones de adquisición de crudo venezolano a través de PDVSA, en colaboración con Delcy Rodríguez, la número dos del régimen de Nicolás Maduro.