Una empresa quiso comprar la firma clave de Ábalos «para reforzarse en ADIF y Carreteras»

La constructora Lantania quiso reforzar su posición estratégica ante grandes clientes públicos como ADIF y la Dirección General de Carreteras mediante la compra de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) —la principal empresa señalada en la trama Ábalos–Koldo–Cerdán por la facilidad con la que ganó licitaciones procedentes de esos dos órganos del Ministerio de Transportes, antiguo Fomento—. Según un documento interno de la potencial compradora, elaborado entre abril y mayo de 2024 y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la operación se justificaba, entre otras razones, por el «refuerzo de nuestra posición en clientes (DGC, ADIF…)», incluido en el apartado de «ventajas y oportunidades de la operación de compra» de una empresa que entró en concurso de acreedores tras el estallido del caso Koldo. El informe cobra especial relevancia al haber sido Lantania citada por Víctor de Aldama como también presunta beneficiaria de adjudicaciones amañadas.

Además del posicionamiento institucional, la constructora valoraba la incorporación de nuevos contratos, personal técnico cualificado, maquinaria pesada y proyectos internacionales con alto potencial, como la autopista de Mascara, en Argelia.

Fuentes conocedoras del proceso explican que el interés de Lantania se activó al constatar que Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) empezaba a ceder obras por no poder ejecutarlas. El 30 de mayo de 2024, la compañía presentó una oferta vinculante en sede judicial para adquirir la unidad productiva autónoma (UPA) de Levantina. «Era un proceso muy regulado y competitivo, y la oferta que se hizo era seria y detallada», subrayan.

Según las mismas fuentes, la oferta de Lantania estaba valorada en unos 15 millones de euros, con un desembolso inicial de un millón de euros en efectivo, pagadero en dos plazos (medio millón en el momento de formalización y medio millón condicionado a la aceptación del cambio de titularidad en el proyecto argelino). Además, se incluían compromisos como la sustitución de avales bancarios en Argelia, el pago de deudas con la Seguridad Social y la asunción de pasivo laboral acumulado.

El alcance de la UPA incluía 20 obras en marcha en España, todas en UTE con terceros; un parque de maquinaria entre España y Argelia; varios activos inmobiliarios, especialmente en Alberic (Valencia); 73 empleados cualificados, con experiencia en obra civil; y un paquete de reclamaciones internacionales, especialmente en Panamá y Argelia.

La «joya de la corona», según el informe, era la opción de compra del proyecto de Mascara (Argelia), una autopista paralizada por impago pero valorada en 450 millones de euros en volumen estimado. Lantania consideraba que la reactivación de este contrato podía reforzar su posicionamiento internacional en grandes infraestructuras viarias. «El proyecto estaba atascado desde hacía años, pero mantenía avales muy importantes y podía generar retorno si se resolvía el problema de cobros», explican dichas fuentes.

Obras bajo lupa judicial

La cartera española superaba los 50 millones de euros e incluía: conservación de carreteras en Teruel y Tarragona; intervención en el puente de acceso al puerto de Motril; obras del TRAM de Benidorm, adjudicadas por la Generalitat; el hospital de Teruel; proyectos de accesibilidad en Barcelona y Ciudad Real.

Algunas de estas obras están en el radar de las licitaciones bajo sospecha de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por seguir un patrón recurrente: informes técnicos inflados, exclusión de ofertas más baratas por márgenes mínimos, y modificaciones contractuales no contempladas en los pliegos.

La propia documentación interna de Lantania reconocía que una de las principales ventajas era la incorporación de obras con flujo de caja positivo y sin necesidad de nuevos fondos. También valoraba el acceso a maquinaria especializada y personal técnico ya desplegado.

«Interesaba especialmente el equipo humano, porque en este sector hay escasez de profesionales. Independientemente de que la dirección hubiese cometido errores, el personal técnico era muy bueno», afirman las fuentes consultadas.

La adjudicación final fue para Cyes y Esyc

Pese a ese interés inicial, el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Valencia adjudicó el pasado 18 de diciembre los activos de Levantina al consorcio formado por Cyes y Esyc. Lo hizo por un valor total de 20 millones de euros, según consta en el auto judicial. La decisión de adjudicación a esas empresas además de una mayor oferta económica residía en que LIC actuaba en consorcio con Vareser —filial de Cyes— en un total de ocho contratos cuantiosos, entre otros, el de la restauración de la colegiata de San Miguel Arcángel, monumento nacional y emblema en la comarca de donde es natural el exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán.

Cyes ofrecía pagar 900.000 euros en efectivo, asumir deudas con la Seguridad Social por 250.000 euros y con el leasing de maquinaria por 494.000 euros, aportar 5,9 millones para la sustitución de avales y hasta tres millones en circulante. A cambio, se quedaba con todos los negocios en España, activos inmobiliarios, maquinaria, plantilla y reclamaciones internacionales, especialmente en Panamá y Argelia.

Esyc, por su parte, pagaba 300.000 euros en efectivo y 2,6 millones en avales a cambio del proyecto Mascara en Argelia y las obras de Levantina en Armenia.

Levantina Ingeniería y Construcción y su gerente, José Ruz, han sido señalados como presuntos autores de haber pagado comisiones a cambio de adjudicaciones del Ministerio de Transportes bajo la gestión de Ábalos y la mediación de Koldo García, exasesor del exministro.

La empresa entró en preconcurso en noviembre de 2023 y en concurso oficial en junio de 2024, abandonando todas las obras adjudicadas por las administraciones.