El Gobierno se olvida de regular 'lobbies' como el de Montoro: la ley lleva atascada desde 2022

La regulación de los lobbies -grupos de presión o de interés- lleva paralizada en España desde finales de 2022 pese a las advertencias de la Unión Europea acerca de la necesidad de esta legislación. Los riesgos que conlleva no poner orden en un sector que siempre está el punto de mira por sus vinculaciones políticas son muy elevados. La falta de regulación deja abierta una gran puerta a la corrupción. El caso Montoro, con Equipo Económico, y las actuaciones de Acento, lobbie capitaneado por José Blanco, con Huawei han puesto bajo la lupa estas sociedades capaces de facilitar leyes ad hoc y contratos para distintas empresas y sectores.

La actividad de los lobbies es legal y funcionan en todo el mundo, con menor o mayor vigilancia. Sin embargo, la trascendencia de sus acciones y sus vínculos con el poder político quedan habitualmente en entredicho. El enriquecimiento a partir de esta práctica para diferentes actores ha quedado patente.

La intención de regular los lobbies busca garantizar la transparencia en la rendición de cuentas y el control, al establecer normas para la actividad de los grupos de interés que buscan influir en diferentes poderes. Una de las medidas incluidas en la regulación prevista es elaborar una lista transparente de grupos de presión, como la que facilita, casi como excepción, el Ayuntamiento de Madrid. Esta serviría para permitir la labor de estos grupos de interés. En el registro municipal se incluyen más de un millar de asociaciones empresariales, asociaciones vecinales, inmobiliarias y grupos de presión, entre otros, Acento y Llorente y Cuenca.

Registro de ‘lobbies’

El Registro de lobbies del Ayuntamiento de Madrid lleva ya funcionando siete años y medio. Este registro es un espacio público y gratuito en el que deben inscribirse todas las personas físicas y jurídicas que quieran actuar directamente o en representación de un tercero con el objetivo de hacer valer algún interés en la elaboración de la normativa municipal. La creación del Registro de lobbies se reguló en la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid. Sus principales objetivos eran lograr una mayor transparencia en el proceso de toma de decisiones y conocer qué intereses representan las personas que se reúnen con los máximos responsables públicos.

El proyecto de Ley nacional para regular los lobbies lleva en el Congreso desde el pasado mes de febrero, tras haber sido retomada la normativa en segunda vuelta por el Gobierno en enero de 2025, esperando su tramitación. La próxima evaluación tendrá lugar ya en el mes de septiembre, según ha constatado THE OBJECTIVE. Esto es un indicio claro del desinterés de Ejecutivo por sacarlo adelante, en un contexto en que los apoyos parlamentarios están cada vez más difíciles. La iniciativa parte de un Consejo de Ministros celebrado a finales de 2022. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en esa fecha el Anteproyecto de Ley de Transparencia y de Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés.

Corrupción y opacidad

El anuncio de la ley fue vendido como una iniciativa importante, cuya aprobación fue truncada por el anuncio de elecciones generales. El Ejecutivo socialista transmitió que era la primera vez se regulaba -todavía no ha sucedido- la actividad de estos grupos de interés sus relaciones con la Administración General del Estado (AGE). El anuncio anticipaba que se pretendía aclarar cómo se deberían producir las relaciones entre quienes buscan ejercer una legítima actividad de influencia y los altos cargos, directivos o empleados públicos implicados en la toma de decisiones. Este enunciado, interesante, no se ha trasladado a la legislación desde esa fecha, lo que permite un amplio campo de actuación a lobbies como el de José Blanco.

España no avanza en el cumplimiento total de una veintena de exigencias planteadas en 2019 por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), un órgano del Consejo de Europa diseñado para prevenir la corrupción entre altos cargos, asesores y fuerzas de seguridad. El último informe de seguimiento alerta de las escasas mejoras de nuestro país en materia de transparencia de los altos cargos y asesores, la falta de códigos éticos y los riesgos de conflictos de intereses.

Aviso de la Unión Europea

El balance muestra que no se han aplicado ni abordado satisfactoriamente nueve recomendaciones contenidas en el Informe de Evaluación de la Quinta Ronda. De las recomendaciones restantes, 13 se han aplicado parcialmente y seis no se han implementado. El balance tiene especial interés en un contexto en el que la corrupción ha llegado a prácticamente toda la estructura del Estado, afectando incluso a la familia del presidente del Gobierno, a fiscales y jueces, exministros y asesores. Mientras, la opacidad del Ejecutivo central sigue batiendo mes a mes un nuevo récord.

En el informe, Greco también reprende al Ejecutivo por la no aprobación del proyecto de Ley sobre la Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés. El organismo señala que España debe infundir mayor transparencia en las actividades de cabildeo ante el Poder Ejecutivo. Resalta además que el proyecto se centró en un aspecto de la ecuación: los cabilderos, mediante la creación de un registro, estableciendo sus obligaciones y la conducta exigida, así como las sanciones aplicables en caso de incumplimiento. El proyecto no incluía nada sobre el otro aspecto de la ecuación: el personal con altas funciones ejecutivas. «Es necesario abordar esto eficazmente», se advierte.

La transparencia de las agendas es otra de las recomendaciones desoídas. Señala que no se ha añadido nada nuevo, pese a que el Consejo de Trasparencia y Buen Gobierno ha insistido en la necesidad de la publicación. «La recomendación sigue sin aplicarse», concluye. También continúan en el cajón los cambios para que se garantice la modificación del procedimiento especial de aforamiento. Además, incide en aspectos que tienen que ver con los agentes de seguridad para prevenir la corrupción. En algunos casos se señala la aplicación parcial de la recomendación.