Pozuelo de Alarcón (Madrid) cierra el centro de inmigrantes del Gobierno por no tener licencia

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Madrid, ha notificado al centro de refugiados de la ciudad el cese temporal de su actividad tras comprobar que las instalaciones no disponen de la licencia como uso residencial sino para actividades docentes, razón por la que ha acusado el Gobierno central de «negligencia institucional» ante la posibilidad de que inmigrantes africanos fueran trasladados al centro desde Canarias.

«Lo hacemos simplemente porque el centro carece de licencia para operar como lo está haciendo, de la misma manera que haríamos con cualquier otro establecimiento que supiéramos que incumple la normativa, porque lo que pretende el Gobierno de España es una ilegalidad y una temeridad», ha manifestado la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, en declaraciones remitidas a Europa Press.

Así, Tejero ha alertado de que el centro ha sufrido una transformación «de la noche a la mañana» para convertirlo en una residencia para más de medio millar de personas «sin ningún tipo de autorización» y en contra de lo que marca la ley. «Es una irresponsabilidad alojar a personas en un centro sin licencia, sin control y sin garantías», ha subrayado.

La resolución del cierre se adopta tras una inspección del Ayuntamiento de Pozuelo llevada a cabo después de conocer la intención del Gobierno de trasladar allí de manera permanente a 400 menores solicitantes de asilo, según han señalado fuentes ‘populares’, que recuerdan que desde el Consistorio se ha alzado la voz en sucesivas ocasiones en contra de utilizar el centro como residencia permanente.

Ahora una vez ha sido notificado la orden del cierre temporal, el centro cuenta con quince días de plaza para presentar alegaciones, si bien deberán cumplir con el cese de la actividad, y por tanto el Ejecutivo deberá reubicar a los actuales residentes en otras instalaciones. Para el Ayuntamiento, destacan estas mismas fuentes, lo más importante es «asegurar que se cumplen las condiciones que garanticen el bienestar y la seguridad» de los residentes del centro.

«Ejercicio de racismo preventivo»

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha denunciado que se trata de «un ejercicio de racismo preventivo» justo en un momento en que el Gobierno central iniciará el reparto de migrantes al que desde la localidad madrileña se habían opuesto. Martín se ha manifestado en estos términos en una entrevista con RNE, en la que ha incidido en que aún no se conocen oficialmente las cifras de migrantes que deberá recibir cada Comunidad Autónoma, por lo que considera que el asunto no ha sido tratado con la seriedad que corresponde por parte de las administraciones controladas por el Partido Popular, como son la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

Sin embargo, ha recalcado que hasta el momento de sus declaraciones, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no había recibido “ninguna comunicación formal” sobre la decisión del Ayuntamiento de Pozuelo, acusando por tanto al PP de estar pendiente “de los titulares” y “hacer seguidismo” de lo que “le señalan los ultras”, más que a trabajar en el asunto.