Aragón solicita la información necesaria para acoger a los menores inmigrantes de Canarias
El Gobierno aragonés asegura que está trabajando para «preparar la acogida de los 251 menores asignados»
Decenas de menores inmigrantes rescatados en Canarias. | Europa Press
La Comunidad Autónoma de Aragón ha enviado este viernes por la tarde una carta dirigida al Secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez para reiterar su solicitud formal, ya expresada tanto en las comisiones como en las Conferencias Sectoriales, para que el Ministerio de Infancia y Juventud remita toda la información necesaria para planificar la acogida digna y con garantías de los 251 menores que llegarán a la Comunidad trasladados desde Canarias, puesto que no ha sido facilitada todavía por el Estado.
«Desde Aragón reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de la Ley y con la protección de la infancia y la responsabilidad institucional que ello implica. Por ello, estamos trabajando para preparar la acogida de los 251 menores asignados, con el objetivo de garantizarles una atención adecuada, respetuosa y centrada en sus derechos», recoge el texto.
«No estamos dispuestos a hacinar menores ni a prestar una atención que no cumpla con los estándares de calidad que merecen. La dignidad de los niños y adolescentes debe estar en el centro de cualquier política pública, y no puede verse comprometida por decisiones improvisadas o carentes de respaldo técnico».
Sin la información que necesita por parte del Estado, el Gobierno de Aragón no puede llevar a cabo una planificación «rigurosa, con recursos adecuados y una coordinación efectiva entre Administraciones» que garantice una acogida «digna» y «ajustada a las necesidades» de los menores.
Fechas y número de menores
Por todo ello, el Ejecutivo aragonés demanda que en el plazo de una semana se informe «con precisión» sobre las fechas exactas de llegada y el número de menores que se trasladarán a Aragón en cada una de esas fechas, acompañando ese calendario con la identificación de cada menor así como información sobre su situación administrativa, sus características personales y posibles necesidades específicas, su procedencia e idioma materno.
«La atención y protección a la infancia requiere de una planificación de centros diversos en función de la tipología de atención, personal especializado, recursos físicos y económicos», expone la solicitud de información. «Solo con una planificación adecuada es posible atender a los menores con la calidad que se debe prestar desde los servicios de protección a la infancia», indica.
La misiva, firmada por el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Ángel Val, alude a los recursos judiciales interpuestos por la Comunidad Autónoma de Aragón ante lo que ha considerado «un reparto injusto y arbitrario, impuesto por el Gobierno de España conforme a criterios políticos que buscan favorecer los intereses de los partidos independentistas que sostiene a Pedro Sánchez en el Gobierno».
A la espera de que los tribunales resuelvan al respecto, el Gobierno de Aragón reitera en la carta que cumplirá con la Ley y ha deplorado las recientes amenazas de acciones penales que han realizado voces del Ejecutivo central, considerándolas «absolutamente inaceptables e insostenibles dentro del marco de unas relaciones interinstitucionales que deben regirse por el respeto mutuo y la cooperación leal».
El recurso de inconstitucionalidad que ha interpuesto Aragón contra el Decreto de reparto se sostiene en el argumento de que se rompen los principios de igualdad y solidaridad entre Comunidades Autónomas y que la norma se ha redactado en favor de intereses que nada tienen que ver con la atención a los menores vulnerables que permanecen en Canarias por la crisis migratoria.
La carta concluye con el ruego al Ministerio de Juventud e Infancia para que remita «una planificación detallada que permita organizar adecuadamente los recursos y dispositivos necesarios» y, en caso contrario, solicita que «defina con claridad» si la atención que se espera prestar debe limitarse únicamente a la cobertura de necesidades básicas.
«Esperamos que se actúe con coherencia, responsabilidad y respeto hacia las instituciones y, sobre todo, hacia los menores que requieren una atención especializada y digna», concluye la misiva.