El INE pone 17.000 multas al año por negarse a participar en una encuesta oficial

Negarse a participar en una encuesta oficial o hacerlo de forma incorrecta puede salir caro. El Instituto Nacional de Estadística (INE) impone cada año cerca de 17.000 sanciones por incumplimientos relacionados con la realización de encuestas, ya sea por negativa a colaborar, errores en los datos o retrasos injustificados. En total, entre 2015 y 2024, se han registrado 166.928 multas, según datos oficiales del propio organismo, dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Una resolución firmada por la presidenta del INE, Elena Manzanera Díaz, en respuesta a una solicitud a través del Portal de Transparencia –a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE– revela además que estas sanciones han supuesto una recaudación de 24,7 millones de euros en los últimos diez años. Es decir, el instituto ingresa una media de 2,5 millones de euros anuales en concepto de multas por este motivo.

Los ingresos por sanciones han mostrado una evolución desigual durante la década. En 2015, el INE recaudó algo más de 1,68 millones de euros, cifra que aumentó a 2,25 millones en 2016, descendió en 2017 hasta 1,6 millones, y volvió a repuntar en 2018 hasta los 3,38 millones. El máximo histórico se alcanzó en 2019, con casi 3,9 millones de euros recaudados. Desde entonces, los ingresos han fluctuado: en 2020 (año marcado por la pandemia) se recaudaron 1,86 millones, y en años posteriores la cifra se estabilizó en torno a los 2,3–3 millones anuales.

En cuanto al número de sanciones, la tendencia fue ascendente entre 2015 y 2019: de 16.729 multas en el primer año a 20.193 en el último —el pico más alto registrado—. Sin embargo, en 2020 se produjo una caída importante, con 14.550 sanciones, previsiblemente a causa del confinamiento y las restricciones derivadas de la covid-19. Posteriormente, los números volvieron a estabilizarse, aunque en 2024 se registró el nivel más bajo de la década, con solo 12.711 multas.

Qué tipo de faltas se sancionan y cómo se castigan

Una vez que el INE contacta a un ciudadano para participar en una encuesta oficial, este está legalmente obligado a proporcionar datos veraces, completos y dentro del plazo fijado. Negarse a colaborar, hacerlo de forma incorrecta o entregar la información fuera de plazo constituye una infracción sancionable con multas que oscilan entre los 60 euros y los 30.000 euros, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.

Dicha normativa clasifica las infracciones en tres niveles: leves, graves y muy graves. Las infracciones leves, que suponen de media un 92,94% del total anual entre 2015 y 2024, incluyen incumplimientos menores como errores sin gran impacto o retrasos puntuales. Las infracciones graves, que representan el 7,06% restante, se aplican cuando los fallos o la falta de colaboración causan un perjuicio considerable a la administración, como la entrega reiterada de datos erróneos o incompletos. Las infracciones muy graves, aunque están previstas en el artículo 50 de la ley, no se han registrado en toda la última década.

El mismo artículo especifica como faltas muy graves, entre otras, el incumplimiento del deber de secreto estadístico, el uso indebido de los datos recabados, el suministro deliberado de información falsa o la negativa reiterada a colaborar con excusas infundadas. También se considera muy grave reincidir en infracciones graves, cuando el infractor ha sido sancionado al menos dos veces en el mismo año.

En cuanto a las sanciones económicas, la ley —aún redactada en pesetas— establece que las multas muy graves oscilan entre 3.000 y 30.000 euros, las graves entre 300 y 2.999 euros, y las leves entre 60 y 300 euros. A pesar de que las multas pueden alcanzar cifras elevadas, el caso más alto registrado en los últimos diez años fue una sanción individual de 2.100 euros, impuesta en 2022.