Récord de pateras en Baleares mientras el plan del Gobierno en Canarias empieza a funcionar

El plan del Gobierno de Pedro Sánchez para contener los flujos migratorios procedentes del África Subsahariana ha comenzado a surtir efecto durante los primeros meses del verano. Según el último informe del Ministerio del Interior, la inmigración irregular ha caído un 30,2% en todo el país en lo que llevamos de año. Un dato que no se registraba desde 2023 tras los acuerdos bilaterales entre España y Marruecos, por los que el país alauí se comprometió a endurecer los controles en las vallas de Ceuta y Melilla a cambio del apoyo español al plan de independencia marroquí para el Sáhara Occidental. Y que ahora se debe en gran parte a los esfuerzos del Ejecutivo con Mauritania, país del que parten el 80% de los cayucos hacia Canarias, y al que España y la UE han regado desde el año pasado con cientos de millones en inversiones y a cambio de poner freno a la salida de las pateras desde sus costas.

En los primeros siete meses del año, han llegado al archipiélago canario 11.575 personas, frente a las 21.470 que llegaron en el mismo periodo en 2024, esto es un 46,1% menos. El Gobierno vio en Mauritania la clave para taponar la llegada de cayucos a la comunidad autónoma, a la que arribaron casi 47.000 inmigrantes irregulares en 2024. Desde entonces, Sánchez ha viajado en tres ocasiones al país africano, acompañado siempre de varios de sus ministros para sellar acuerdos comerciales y económicos, y buscar ayuda en materia migratoria. La última visita oficial fue a mediados del pasado mes de julio. Allí, en presencia del presidente mauritano, Mohamed Ould Cheikh, el líder del Ejecutivo abogó por una inmigración «segura y ordenada en beneficio de nuestras sociedades».  

Lucha contra el tráfico de inmigrantes

Si bien parte de la receta del Gobierno se ha basado, principalmente, en inversiones y en ofrecer oportunidades de empleo «legales» a quienes quieren llegar a España, el papel que está jugando el Ministerio del Interior en materia de seguridad, y en concreto en la lucha contra el crimen organizado y la trata de seres humanos, también está siendo clave. En este sentido, fuentes policiales destacan operaciones como la que culminó la Policía Nacional de Las Palmas esta primavera con la detención del cabecilla de una de las redes de tráfico de inmigrantes más potentes que había en Mauritania, Mohamed S. S., alias Mastermind. 

Los agentes españoles investigaban esta organización criminal desde 2021. El detenido, extraditado desde Mauritania a España, está acusado de ser el responsable del envío de, al menos 73 embarcaciones hacia las Canarias en los últimos años. Las travesías ilegales, que partían principalmente desde el Sáhara Occidental, se calcula, habían provocado la desaparición de 200 personas en el mar y desplazado a más de 3.5000 inmigrantes a las costas españolas. Mastermind no solo organizaba el tráfico de personas subsaharianas, también de ciudadanos de Bangladesh o de Pakistán. La trama exigía elevadas sumas por sus servicios, llegando a cobrar hasta 15.000 euros por viajar en las pateras. 

En paralelo, la Gendarmería mauritana también arrestó en abril a 117 integrantes de la mayor red de tráfico de inmigrantes en el país, que enviaba a miles de personas de forma irregular a las costas españolas del Archipiélago canario, según publicó Efe. El líder de la red, todos sus miembros activos y sus parejas –que se encargaban de gestionar la travesía en el Atlántico– fueron detenidos. Durante esta operación, que duró varios días, la Gendarmería registró más de 50 centros clandestinos donde se alojaba a emigrantes en Nuakchot, capital de Mauritania. La organización desmantelada estaba encabezada por un mauritano y formada por seis grupos dirigidos por extranjero. 

La ‘cara b’ de la política migratoria

Desde el Ministerio del Interior destacan que la cooperación bilateral en el marco de la lucha contra las mafias dedicadas al tráfico de seres humanos ha evitado en origen el 40% de las salidas a la comunidad autónoma canaria. Hasta finales del año pasado, los datos estaban disparados. Según el último informe del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), en 2024 llegaron 25.000 personas en situación irregular desde Mauritania a las costas españolas, un dato que equivalía a la suma de llegadas desde Marruecos (13.217) y Argelia (12.038), los principales países desde donde tradicionalmente salía la inmigración irregular hacia España, y casi la mitad de las llegadas por mar a todo el país (61.000) que se contabilizaron en el ejercicio anterior.

Detrás de las cifras positivas y de la política migratoria que impulsa el Gobierno, sin embargo, también una cara b. Los acuerdos entre ambos países han coincidido con un endurecimiento de la represión policial por parte de Mauritania. Según publica La Vanguardia, la Gendarmería ha detenido a 30.000 personas en situación irregular. Miles de ellas han sido expulsadas a Malí y Senegal, de donde parten para llegar a Canarias; y otras tantas han sido recluidas en centros de internamiento. Diputados de la oposición, entre tanto, han denunciado que estas operaciones están dirigidas exclusivamente contra personas negras, habida cuenta de que ninguno de los detenidos son marroquíes o pakistaníes. 

En muchas ocasiones, los acuerdos que se adoptan entre los países de la UE y los países de origen para externalizar el control de las fronteras «se traducen en un incremento de vulneraciones de derechos humanos en estos países», según denuncia Ana Gómez, de Amnistía Internacional, en conversación con THE OBJECTIVE. En un informe de 2008 sobre la realidad migratoria en Mauritania y los acuerdos con España, esta organización denunció estas infracciones en personas que ni siquiera habían salido de Mauritania: «limitación de la libertad de movimiento en el país, detenciones arbitrarias, o devoluciones masivas sin evaluar individualmente las necesidades de protección internacional». 

La inmigración se dispara en Baleares

Entre tanto, los expertos alertan de que el hecho de que la inmigración irregular descienda en la ruta canaria no implica que la presión migratoria también lo haga en el país. De hecho, a medida que en Canarias el número de cayucos ha descendido, otras rutas como la de Baleares o la de Ceuta se han disparado. En el caso del otro archipiélago español, en lo que llevamos de año han llegado más de 3.500 personas de forma irregular, un 120% más que en el año anterior. Una cifra que marca un récord histórico tanto en cayucos como en número de ciudadanos en la ruta argelina. Por su parte, Ceuta se ha convertido en las últimas semanas en el último frente migratorio activo hacia España desde Marruecos. Cientos de personas han intentado cruzar a nado desde el país alauí hasta la costa de la ciudad autónoma. 

Quienes atraviesan estas rutas para llegar hasta la Península no solo son argelinos o marroquíes. También han arribado subsaharianos, pakistaníes, afganos, bangladesíes… «Por ahora, es pronto para determinar si los flujos migratorios están cambiando hacia otras zonas de entrada a España, pero lo que sí sabemos es que las personas que huyen de la guerra, la persecución o la pobreza van a seguir haciéndolo. Y muchas veces tomando las rutas cada vez más peligrosas para hacerlo. Mientras mueren miles de personas en el mar, los gobiernos deberían estar centrados en proteger los derechos de las personas migrantes y refugiadas en lugar de externalizar las fronteras para que sean otros quienes actúen de guardianes de la fortaleza Europa», denuncian desde Amnistía Internacional.