Radiografía de los menas en España: el 94% son varones y el 60% provienen de Marruecos

Los menas, acrónimo de menores extranjeros no acompañados, marcan el debate político en España de un tiempo a esta parte. El Gobierno de Pedro Sánchez, que ha decidido repartirlos por las Comunidades Autónomas con criterios dispares que perjudican al Partido Popular y benefician a sus socios separatistas, se refiere a ellos como «niños y niñas» que «huyen de la guerra». Sin embargo, los datos del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, muestran otra realidad.

Estos evidencian que la mayor parte de los menas que acoge nuestro país provienen de Marruecos, en donde no existe ningún conflicto bélico ni hay persecuciones que justifiquen un éxodo. Les siguen los provenientes de Gambia (12%), Argelia (9%) y Senegal (6%), señal de una falta de control efectivo en la presión migratoria proveniente del norte de África. Además, casi todos ellos son varones. Entre los inmigrantes de Iberoamérica, sin embargo, abundan las mujeres. Ellas son el 62% de las personas que proceden de Honduras, el 67% de Brasil o el 61% de Colombia.

En concreto, el número de menas y jóvenes extutelados se ha disparado recientemente, pasando de 7.878 en junio de 2021 a 18.967 en marzo de 2025, un aumento del 140,7% en tan solo cuatro años. De estos, 11.225 son marroquíes (el 59%). Por sexos, solo el 6% son mujeres. Y en cuanto a la edad media, esta oscila los 19 años, siendo los más mayores los que proceden de Ghana (21), Marruecos (20) y Nigeria (20).

La penúltima reforma de la ley de extranjería, que se acometió en octubre de 2021, tenía como objetivo que el permiso de residencia de los menas no expirara a los 18 años. El Gobierno defendió entonces su pertinencia, y aseveró que no produciría un «efecto llamada». Sin embargo, el número de adscritos al Registro Central de Extranjeros (RCE) ha aumentado de una forma brutal desde entonces. El 31 de diciembre de 2021, había 5.718 de entre 18 y 23 años con autorización de residencia como menores no acompañados o jóvenes extutelados. A 31 de diciembre de 2023, este número ha ascendido a 15.971 personas; un crecimiento del 179,3% en cuatro años.

Baja inserción laboral

En cuanto a la última reforma de esta norma, que entró en vigor en mayo de este año, esta contempla que los jóvenes extutelados que cumplan 18 años pueden solicitar autorizaciones de trabajo con menos trabas burocráticas, con el objetivo de mejorar su inserción laboral. Sin embargo, en la actualidad, el 43% de los menas y extutelados con permiso de trabajo (8.204) no están empleados ni cotizan a la Seguridad Social. Las cifras son aún peores entre los menas de 16 a 17 años: de los 2.996 con autorización para trabajar, sólo 299 (un 10%) están afiliados a la Seguridad Social.

En cuanto a las principales actividades de este colectivo, destacan la hostelería (27%), las actividades administrativas y servicios auxiliares (15%) y la construcción (12%).

Crisis política

El reparto de menas desde las Islas Canarias a toda la península, que ha comenzado esta semana, está siendo objeto de polémica, por cuanto el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que País Vasco y Cataluña, en donde se ubican sus socios parlamentarios, se vean exentos del deber de acogerlos. También por la opacidad con la que el Ejecutivo está gestionando esta situación, sin informar con anterioridad de a dónde se destinarán alegando que —en palabras de Elma Saiz, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones— han tenido que retirar «una pancarta nazi que pedía su expulsión». Sin embargo, los socialistas no han especificado dónde la han hallado.

Sea como fuere, la situación en Canarias es insostenible. Con 8.500 menas bajo su tutela, las islas acogen a más menores extranjeros que Grecia, Marruecos o que todos los ayuntamientos del Reino Unido juntos. Por poner un ejemplo clarificador, el número total de menas que viven en algún tipo de estructura estatal griega, según el gobierno de ese país, es de 2.641, de los que 585 son egipcios. PP denuncia la «imposición» del PSOE y sus socios en el reparto y Vox pide que el problema se ataje de origen.