El PP pide explicaciones a Sánchez por las furgonetas militares chinas vetadas en EEUU
La iniciativa se produce después de la información de TO sobre los potenciales riesgos de espionaje de estos vehículos
Una de las furgonetas chinas Maxus -a la izquierda- en una base logística del Ejército de Tierra. | Ejército de Tierra
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una pregunta en el Congreso de los Diputados dirigida al Gobierno, en la que requiere aclaraciones sobre la adquisición y el uso por parte de las Fuerzas Armadas españolas de furgonetas eléctricas de origen chino, del modelo Maxus, que actualmente están operativas en instalaciones militares españolas y que han sido objeto de vetos en países como Estados Unidos, Reino Unido e Israel por sospechas de espionaje. Advierten que se pueden estar usando los sensores de estos vehículos, con un componente tecnológico muy alto, para recopilar y trasmitir información del entorno del vehículo. La petición del PP reclama al Ejecutivo que revele si ha tenido algún tipo de aviso de otros países aliados sobre los riesgos de utilizar estos vehículos.
Tal y como ha publicado THE OBJECTIVE, el Gobierno autorizó en 2022 la compra de 170 furgones eléctricos de la marca china Maxus, por un importe de 2,5 millones de euros, en el marco de un programa de sostenibilidad impulsado por el Ministerio de Defensa para las Fuerzas Armadas. Los vehículos comenzaron a distribuirse entre distintas bases e instalaciones militares para cumplir misiones logísticas, como el traslado de mercancías e insumos entre acuartelamientos.
Fue en este mismo 2025 cuando Reino Unido e Israel decidieron prohibir el acceso de estos vehículos chinos a determinados enclaves militares y centros de inteligencia, debido a la presencia en sus sistemas de sensores electrónicos y cámaras que, según sus autoridades, podrían recoger y transmitir información sensible. Este tipo de restricciones encaja dentro de una tendencia global entre aliados occidentales, que desde hace años observan con cautela el uso de tecnologías chinas en entornos de alta seguridad. También China prohíbe el acceso de vehículos estadounidenses Tesla a sus instalaciones militares con los mismos argumentos y sospechas.
En el caso de Londres, la prensa publicó la pasada primavera que ciertos lugares sensibles para la inteligencia militar, en concreto en las inmediaciones del emblemático edificio Pathfinder –en la base aérea de Wyton–, se había prohibido estacionar vehículos eléctricos de fabricación china a una distancia inferior a los tres kilómetros. Se trata de uno de los centros de inteligencia militar más relevantes de Reino Unido, desde donde opera el Centro Nacional de Inteligencia Geoespacial (NCGI). Es, posiblemente, uno de los mayores complejos de inteligencia del mundo.
En Israel, el veto a este tipo de vehículos eléctricos chinos en sus bases habría llegado este mismo mes de agosto. La prensa israelí recoge informaciones –no confirmadas por las Fuerzas de Defensas de Israel, pero tampoco negadas– de que desde principios de este año se habría reducido la compra de vehículos de la marca china BYD para el uso por parte de sus oficiales por el temor a que pudiesen estar enviando datos, imágenes y audios del interior a servidores en China.
Dudas del proceso de adjudicación
Tras conocerse esta información, el PP ha registrado una petición formal ante el Ejecutivo en la que reclama que el Gobierno dé cuenta de los motivos por los que se eligió adquirir vehículos chinos con antecedentes de veto por parte de naciones aliadas. Quieren saber, además, si esas circunstancias –patentes en aquel entonces en Estados Unidos, donde ya se vetaban estas tecnologías– fueron tenidas en cuenta en el proceso de adjudicación.
La iniciativa parlamentaria interpela al Gobierno sobre los protocolos de evaluación de riesgos seguidos durante la contratación de los vehículos en 2022, y sobre si se realizó un análisis comparativo de proveedores alternativos que no tuvieran este tipo de restricciones.
Esta polémica llega en un momento determinante para el Gobierno, que está a punto de enfrentarse al posible corte de la inteligencia estadounidense al entender esta última que la inclusión de marcas como Huawei en sistemas críticos puede suponer fugas de información. La alerta de EEUU se basa en la información publicada en abril y julio en THE OBJECTIVE desvelando que el Ministerio del Interior había incluido a la marca china como proveedor de cabinas de almacenamiento de datos para el sistema de escuchas telefónicas de Sitel.
China, Huawei y las escuchas
El encontronazo diplomático ha aflorado la relación que tiene el Gobierno de Sánchez con Huawei no sólo en las escuchas, sino en otros terrenos críticos como el de las investigaciones sobre terrorismo, las comunicaciones del Ejército del Aire, la Seguridad Social o la Agencia Tributaria.
Algunos de esos contratos han despertado también preocupación interna en España y el PP ha pedido al Tribunal de Cuentas que analice todas las adjudicaciones a la tecnológica china de los últimos 5 años. Un periodo que coincide con el momento en que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero comenzó a prestar asesoramiento a la empresa.