El País Vasco supera el centenar de terceros grados a etarras desde que controla prisiones

El Gobierno vasco ha superado el centenar de terceros grados concedidos a presos de ETA desde que asumió la competencia de prisiones en octubre de 2021. Tras conceder el régimen de semilibertad a los internos Eneko Cogeaskoetxea, Aitor Aguirrebarrena, Ángel Aramburu y Francisco Javier Gallaga Ruiz, este último a finales de julio, solo el 34% de los presos cumplen prisión en régimen normal, frente al 66% restante que lo hace desde su casa o entrando y saliendo de los penales vascos,  según recoge el último observador penitenciario de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Con estos cuatro progresos a tercer grado, el número de presos etarras que cumplen condena en estas condiciones de semilibertad asciende a 103, de acuerdo con la estadística de la AVT. Estos datos incluyen a 50 internos en tercer grado, 20 en libertad condicional y otros 17 que han vuelto a regímenes abiertos tras una revocación judicial. Solo 47 de los 135 presos de la banda terrorista actualmente en prisión —127 en el País Vasco y ocho en Navarra— permanece en régimen común, es decir, sin poder salir del centro, salvo permisos concretos otorgados por la prisión. 

Indignación entre las víctimas

El perfil del último beneficiado, Francisco Javier Gallaga, ha desencadenado la indignación de las víctimas. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y la AVT denunciaron que la concesión del tercer grado a este preso, condenado en por el asesinato del peluquero militar Domingo Puente Marín en 1997 y por el de Miguel Ángel Ayllon Díaz González en 1996, así como por herir a cerca de veinte personas en esos atentados, era «fraudulenta». Según denunciaron estas asociaciones, Gallaga sigue totalmente vinculado a la izquierda abertzale, lo que evidencia «su falta de arrepentimiento», un requisito indispensable para beneficiarse de la medida penitenciaria. 

En este sentido, desde la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT) denuncian que el centenar de presos etarras beneficiados con el régimen de semilibertad no han colaborado con la justicia, y esto supone una «revictimización continua». Covite ha denunciado que desde que la Consejería de Justicia y Derechos Humanos está en manos del partido socialista vasco (PSE) se han concedido 22 progresiones al tercer grado a presos de ETA, de las cuales solo una ha caído en un interno que no está vinculado a la izquierda abertzale. 

El impulso de estas medidas en el sistema penitenciario se incluyen en lo que desde el Gobierno autonómico denominan «modelo penitenciario vasco». Un modelo que, a juicio de los últimos acontecimientos, sin embargo, no termina de cuajar. O eso al menos es lo que invita a pensar la cascada de dimisiones que se produjeron hace unos meses en la Consejería de Justicia, así como las sucesivas protestas de funcionarios de prisiones por las condiciones laborales y salariales que ha impuesto la dirección de las prisiones, y la falta de personal, que sigue cubriéndose con internos.  El efecto inmediato de esta política penitenciaria es que un tercio de la plantilla se marchó a otras cárceles españolas en el último concurso de traslados. 

Dimisiones en las prisiones vascas

Un escenario al que se han sumado cuatro dimisiones de altos cargos en los últimos seis meses. En noviembre, tras apenas tres meses en el cargo, Juan Carlos Romero dimitió como director general de Aukerak, la Agencia de Reinserción Vasca y una de las piedras angulares del nuevo modelo penitenciario que quiere establecer el Gobierno autonómico. La consejera San José nunca aclaró las circunstancias de su salida. Poco después, en enero, se marchó la mano derecha de la titular de Seguridad, su jefa de gabinete, Concha Aretxaga. Y en abril y mayo han dejado su cargo primero el viceconsejero de Derechos Humanos, Alfredo Retortillo, y después el director del mismo área, Jagoba Álvarez. 

Retortillo, número dos de la Consejería de Justicia, estaba impulsando en el Gobierno una reforma de la ley para que se sancionase la exaltación del terrorismo en espacios públicos como los ongi etorri. Una propuesta de las asociaciones de víctimas del terrorismo que incluso había respaldado en público el pasado mes de febrero la consejera San José. El viceconsejero de DDHH formaba parte del Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del que salió el compromiso del Ejecutivo. Una intención que, sin embargo, meses más tarde quedó en duda después de que el PSOE votase en contra de esa iniciativa, en una proposición no de ley que presentó el PP en el Parlamento vasco. 

Sanciones por hablar con la prensa

En paralelo, tras la sucesión de problemas en el sistema penitenciario, tal como publicó este periódico, el departamento vasco de prisiones amenazó a los funcionarios con sanciones disciplinarias si filtraba información a los medios de comunicación. En un comunicado, remitido a los tres centros, el responsable de Inspección Penitenciaria, Benito Aguirre, advirtió de que trasladar información relativa a la situación penitenciaria de las personas privadas de libertad» atentaba contra «su derecho a la intimidad y la protección de sus datos personales». Y por este motivo, «preservar la confidencialidad de los presos es una obligación legal (…), con la previsión de trasladar responsabilidades disciplinarias a los posibles infractores».