Un error burocrático del Gobierno impide la modernización de los aviones apagafuegos

La campaña de incendios de este verano ha puesto de manifiesto la falta de medios apagafuegos. El Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que recurrir a solicitar dos aviones de refuerzo a la Unión Europea. A esa situación se une la paralización de la flota de helicópteros Kamov, claves en las labores de extinción y en tierra por las sanciones a Rusia, así como la pérdida de un 20% de su flota de aviones apagafuegos por el fin de su vida útil. El Gobierno puso en marcha un plan para modernizarlos en 2022, con el objetivo de tener 10 de los 14 aparatos actualizados y listos en 2026. Sin embargo, aplazó el contrato sine die tras detectar que la empresa adjudicataria no disponía de los permisos del fabricante para acceder a la documentación técnica y podría «vulnerar los derechos de propiedad intelectual». El contrato fue adjudicado a Gestair, la empresa que también se ocupa del mantenimiento de la flota Falcon de Sánchez.

El problema de medios aéreos para el control de los fuegos comienza a ser endémico y amenaza con agravarse en el futuro. La flota de aviones cisterna CL–215T, operados por el Grupo 43 de las Fuerzas Aéreas y denominados comúnmente como botijos, lleva más de 50 años operando en España. Actualmente quedan diez en servicio, después de que el Gobierno jubilase cuatro de ellos en 2023 y los subastase. El plan inicial, diseñado en 2022, pasaba por modernizarlos y tener una flota rejuvenecida de cara a la temporada de verano de 2026. Pero no será posible, y es probable que en futuros años se produzca una merma significativa de unidades disponibles.

El contrato de modernización de los diez CL-215T, por valor de más de 22 millones de euros, se adjudicó a la compañía Gestair en la primavera de 2022. Con ese encargo, con un plazo de ejecución de 26 meses, se esperaba la renovación total de los sistemas de aviónica de la aeronave. «Esta modernización se centra, por un lado, en el panel de mando y control de la cabina de la navegación y parametrización de la aeronave por otros digitales que mejoran la seguridad en las operaciones de lucha contra incendios; y, por otro lado, en la mejora de ciertos sistemas relacionados con la aeronave», explica la documentación del contrato consultado por THE OBJECTIVE.

Modernización «imperativa»

El Gobierno reconocía entonces la importancia de este contrato, alegando que «esta modernización se hace imperativa dada el estado actual de la flota, que en ocasiones se ha traducido en inoperatividades alargadas así como un creciente coste de mantenimiento de los equipos y sistemas».

«El coste de oportunidad de no realizar dicha tarea de modernización», incidía el Ministerio para la Transición Ecológica –del que dependen orgánicamente estas aeroanves–, «puede suponer una disminución relevante en las capacidades de apoyo a la extinción de incendios forestales a nivel nacional y europeo, dado que en situaciones excepcionales, parte de esta flota ha permitido prestar ayuda a otros Estados Miembros de la Unión Europea».

«Resulta además significativo, el mantener operativo y de acuerdo con los vigentes protocolos de seguridad, en un escenario de cambio climático, en el que se prevé un aumento de la intensidad y siniestralidad de los incendios forestales, comprometiendo en algunos casos las capacidades existentes de extinción», insiste el Gobierno en la memoria justificativa del contrato.

Sin permiso del fabricante

Sin embargo, pocos meses después de firmar el contrato con Gestair comenzaron a aparecer los problemas. Tal y como consta en documentos oficiales, el 6 de octubre de 2022 se produjo una reunión conjunta entre el Ministerio de Transición Ecológica, el Ejército del Aire y los representantes de la UTE formada por Gestair y Sirium, en las que se pone sobre la mesa la imposibilidad manifiesta de seguir adelante con el plan de modernización.

El motivo, que el fabricante de las aeronaves, la canadiense Havilland Aircraft of Canada (DHC), había enviado una serie de cartas en las que advertía que cualquier tipo de manipulación de estas aeronaves debería contar con la autorización expresa del propio fabricante. Y que de no hacerlo, su ejecución podría «vulnerar los derechos de propiedad intelectual de DHC por el uso no autorizado de los manuales y documentación técnica aprobados por el fabricante». Un detalle crucial que no se tuvo en cuenta durante el proceso de adjudicación.

El Gobierno decidió aprobar una ampliación del contrato sin fecha final de ejecución, permitiendo así extender de forma indefinida los plazos de entrega. Eso sí, al contar con fondos europeos, tuvo que realizar una adenda para eliminar de su hoja de ruta el «hito 66», correspondiente a la modernización de estos aviones de cara a 2026, al constatar que no podría cumplir su promesa. A día de hoy no hay novedades a este respecto.

El septiembre de 2024, el Partido Popular preguntó al Gobierno a través del Congreso de los Diputados sobre el estado de este plan de modernización y por qué el compromiso de tenerlos listos en 2026 había desaparecido por completo. Según el Ejecutivo, «este proceso de actualización de los aviones es complejo, pues supone tanto el desarrollo y certificación de la solución tecnológica, como la sustitución de todo el instrumental existente por los nuevos sistemas, lo cual inhabilita los aviones durante un periodo de tiempo significativo y por tanto debe hacerse de manera gradual».

Un 20% menos de flota

El Ejecutivo perdió durante el pasado año cuatro de los 18 aviones cisterna CL-215T y CL-415 con los que el Ejército del Aire venía participando en la extinción de incendios. En septiembre de 2023 se retiró el 20% de esta flota al considerar que habían alcanzado «el final de su vida útil» y, posteriormente, fueron subastados. Así consta en la memoria del contrato aprobado el 18 de diciembre, que destina 187 millones de euros al alquiler de aeronaves de apoyo para las comunidades autónomas. En ese mismo documento, el Gobierno reconoce que el dispositivo estatal para este año contará con 42 aviones, cinco menos de los que se solían contratar en campañas anteriores.

El propio informe subraya que uno de los principales obstáculos para ampliar el número de aeronaves disponibles es la falta de Presupuestos Generales del Estado para 2025. La ausencia de unas nuevas cuentas obliga a mantener el dispositivo con las limitaciones actuales y aplazar posibles refuerzos hasta que el marco presupuestario se aclare, según señala el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Tras la retirada de los cuatro aviones cisterna, el Gobierno explicó a comienzos de este año que el plan vigente contempla once aviones operativos durante la campaña estival y, fuera de ese periodo, al menos dos aeronaves activas, con la opción de incrementar puntualmente el número hasta cinco. En el mismo informe se admite de forma explícita que la flota disponible ha disminuido en comparación con la década anterior. Y podría seguir haciéndolo.