El Gobierno oculta los beneficiarios de 10 millones en subvenciones al COE y la RFEF

El Gobierno de España, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), concedió subvenciones por más de 10 millones de euros al Comité Olímpico Español (COE) y a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), pero cuando se ha pedido la justificación económica de esas ayudas públicas están ocultando los perceptores finales.

Tras solicitar formalmente a la Unidad de Transparencia del Ministerio de Cultura, Formación Profesional y Deporte la información detallada sobre los destinatarios últimos de los fondos públicos, con el fin de esclarecer quién recibe realmente el dinero de estas grandes ayudas y bajo qué criterios se distribuye, la respuesta obtenida hasta ahora ha sido insatisfactoria. 

Como ya contaron Onda Cero y THE OBJECTIVE, en el caso de la RFEF, los perceptores finales –personas físicas y jurídicas– de los 5,9 millones de euros de la subvención para la candidatura del Mundial 2030 aparecen anonimizados, lo que impide el análisis público del destino real de los fondos procedentes del bolsillo de los españoles. 

En el caso del COE, la opacidad del CSD es aún mayor. Ni tan siquiera se ha aportado todavía la memoria económica de actuación de la subvención de 4.640.000 de euros públicos para París 2024, ni se ha expuesto ningún motivo para no hacerlo. Según la normativa, el Comité Olímpico debería haber presentado esa justificación antes del 31 de marzo de 2025, es decir, hace casi cinco meses.

En este punto, cabe indicar que desde el máximo organismo del deporte español se nos indica que la memoria se nos hará llegar en los próximos días, pero la realidad es que a esta fecha todavía no se ha entregado después de solicitarla tanto en transparencia de su Ministerio, como en las alegaciones del propio CSD al recurso ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Esta doble evasiva hace difícil creer que se trate de un «error humano» y lleva a plantear varias preguntas: 

¿Se oculta algo? ¿Alguien se niega a rendir cuentas? ¿Ha entregado el COE la memoria en tiempo y forma? ¿Está preparando ahora esa justificación deprisa y corriendo? Si el CSD tiene la memoria olímpica, ¿por qué no la ha entregado como sí ha hecho con la del Comité Paralímpico? 

Desde luego, esta opacidad de un organismo público choca directamente con los principios de publicidad activa y rendición de cuentas recogidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG), dificultando el control social y la fiscalización sobre el uso de los recursos de todos los ciudadanos. 

«Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos» (Preámbulo de la LTAIBG).

El distanciamiento de Blanco

Resulta relevante recordar la evolución en las relaciones entre los principales dirigentes deportivos y políticos. 

Tras los Juegos Olímpicos de París 2024, se produjo un gran distanciamiento entre el superministro de Pedro Sánchez y presidente desde hace 20 años del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, y los altos cargos gubernamentales del deporte, el exministro de Cultura y Deporte y actual presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, y la actual responsable de la cartera ministerial Pilar Alegría. Sin embargo, Blanco ha sabido hacer valer su cercanía al presidente Pedro Sánchez, logrando imponer su criterio frente al del CSD y la ministra en diversas decisiones estratégicas.

El extraño olvido del CSD

Este contexto político influye en la gestión y reparto de recursos. Un ejemplo ilustrativo es que, en la documentación aportada por el CSD sobre la memoria de la subvención del Mundial a la RFEF, la única empresa mencionada sin anonimizar es precisamente el Comité Olímpico Español, que figura como perceptor de 2.000.000 de euros dentro de un convenio entre ambas entidades. 

Se desprende de la memoria federativa que, de esos 2 millones del acuerdo entre ambas entidades, el COE habría percibido 400.000 euros procedentes de la ayuda pública para «crear una estrategia de sostenibilidad ESG (Environmental, Social & Governance), así como una definición de conceptos y líneas de actuación para la Candidatura a la FIFA World Cup 2030. Entendiéndose el ESG como el verdadero pilar de la Candidatura». 

Más allá de esas ayudas directas, en esa época marcada por la cercanía personal de los mandatarios de ambos organismos, los ‘hermanos’ Blanco y Rubiales, fueron habituales los movimientos de personal, con fichajes incluidos, entre ambas instituciones. 

El ejemplo del CPE

El caso del Comité Paralímpico Español (CPE) es muy diferente al del COE. La entidad que organiza la presencia de España en los Juegos Paralímpicos sí ha cumplido con sus obligaciones, presentando la memoria económica en plazo y facilitando su fiscalización. 

Sin embargo, el CSD ha decidido anonimizar a las personas físicas entre los destinatarios, restando claridad total al destino individual de los fondos. De todos modos, es curioso que el criterio de anonimización sea distinto al que mantuvieron desde el Gobierno en la memoria de la RFEF, donde también taparon los nombres de las empresas beneficiarias, con la excepción citada del COE que genera otra cuestión: ¿esa excepción fue intencionada? 

La memoria paralímpica llega en un documento de 376 páginas, en el que el CSD aporta 341 páginas de una memoria deportiva del COE sin ningún dato económico, junto a 34 páginas que justifican con claridad la actuación del CPE tanto organizativa como en el destino de los fondos públicos.  

La jurisprudencia avala la transparencia

La opacidad denunciada no es solo una cuestión ética, sino legal. Tanto la Ley de Transparencia como el Reglamento de Subvenciones exigen la identificación y publicación de los beneficiarios últimos de fondos y subvenciones públicas, incluyendo el desglose de cantidades y la justificación administrativa correspondiente. Existen resoluciones y sentencias recientes –incluidas de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo– que afirman que el interés público en conocer el destino de ayudas públicas prevalece sobre la protección de datos. 

Estas decisiones establecen que «todo solicitante de ayudas públicas debe soportar que los ciudadanos puedan acceder a información sobre cómo se decide distribuir tales ayudas», y reiteran que la publicidad debe alcanzar tanto a personas físicas como jurídicas, salvo que concurran intereses superiores claramente justificados, y que la justificación de la privacidad debe ser expresa y probada en cada expediente. 

En materia de subvenciones públicas, la doctrina sostiene que la Base de Datos Nacional de Subvenciones y los registros equivalentes deben permitir identificar claramente a todos los perceptores de fondos, negando la posibilidad de anonimizar indiscriminadamente a los beneficiarios, y exigen a las administraciones que, salvo casos debidamente justificados por el derecho a la protección de datos, desvelen la identidad de los perceptores finales.

Corresponderá ahora al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dictar un veredicto sobre la ocultación del destino final de los fondos públicos entregados al COE, a la RFEF y al CPE, y proteger el rendimiento de cuentas ante los ciudadanos, evitando así posibles fraudes. El reto, para ciudadanos y periodistas, sigue siendo conseguir que el Gobierno y sus organismos cumplan con los requisitos de transparencia y permitan auditar sin cortapisas el destino real de los fondos, blindando el control democrático sobre el gasto público y devolviendo la confianza a la sociedad.