Comisarios de Policía desmienten a Marlaska: «Huawei sí tiene acceso a las escuchas»
Los repositorios de Sitel operados por Huawei en los Centros de Proceso de Datos si almacenan información reservada

Fernando Grande-Marlaska. | A. Pérez Meca (Europa Press)
Varios comisarios de la Policía Nacional desmienten tajantemente la versión ofrecida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la seguridad de las escuchas judiciales de Sitel almacenadas en dispositivos de la multinacional china Huawei. En declaraciones a THE OBJECTIVE, aseguran que la compañía tecnológica sí que tiene acceso directo al repositorio donde se conservan las grabaciones, lo que, a su juicio, representa un riesgo para la seguridad nacional. «El repositorio de las escuchas está ahí, ¿cómo no van a poder acceder? Claro que pueden», advierte un alto cargo policial en activo, haciendo referencia directa al sistema de almacenamiento masivo OceanStor 6800 V5, fabricado por Huawei y operativo en los centros de datos de la Policía Nacional. La presencia de la marca asiática en este sistema ha provocado que Estados Unidos esté valorando cortar el flujo de información de inteligencia con España.
Estas declaraciones se producen en medio de la tensa espera que mantiene el Ejecutivo ante la más que previsible respuesta estadounidense, tras revelarse que Huawei ha recibido más de 12 millones de euros para custodiar las escuchas judiciales, algo que ha generado preocupación tanto dentro de los cuerpos policiales como en organismos internacionales. La tecnología de Huawei está presente en los Centros de Proceso de Datos (CPD) de El Escorial, Canillas y la Secretaría de Estado de Seguridad, donde se almacenan miles de grabaciones de alto valor judicial.
«El Gobierno intenta blanquear la situación para no admitir que estamos en manos de Huawei», señalan las mismas fuentes, que subrayan que el sistema Sitel no solo almacena nombres o números de teléfono, sino también resúmenes de investigaciones, geolocalización y la identidad de todos los interlocutores implicados en las investigaciones, así como la compañía telefónica intervenida. En definitiva, explican, un resumen exhaustivo del contenido de las investigaciones al que Huawei tiene acceso. Además de los audios en bruto de las escuchas, que se custodian durante un periodo de cinco años.
Pese a las afirmaciones del Ministerio del Interior, que asegura que Huawei no gestiona información reservada, sino que solo proporciona el soporte técnico; los mandos policiales alertan de que, si el repositorio donde se alojan las escuchas está montado con tecnología de la empresa china, la misma tiene acceso al contenido. «Al ciudadano que no conoce el funcionamiento le pueden engañar, pero a nosotros no», añaden estos altos mandos policiales.
Además, Interior ha asegurado que se trata de un sistema estanco y al que sólo tienen acceso aquellos agentes y miembros del sistema judicial que lo requieran en el curso de investigaciones concretas. Sin embargo, esta supuesta estanqueidad del sistema no es tal: los Centros de Proceso de Datos se interconectan a través de la red para compartir información, y es precisamente ese el punto más sensible del esquema y donde se puede producir una fuga.
Estados Unidos y varios países de la UE mantienen un veto activo contra Huawei desde 2018, alegando riesgos para la seguridad nacional por la Ley de Inteligencia Nacional china, que obliga a las empresas a colaborar con el Gobierno de Pekín en asuntos considerados estratégicos.
Amenaza de EEUU
THE OBJECTIVE desveló este escándalo en abril de este año. El pasado mes de julio, en base a una resolución de Transparencia, este diario pudo conocer que España había pagado 12,3 millones de euros a la china Huawei por aportar sus cabinas de almacenamiento a este sistema de custodia de escuchas.
Poco después de publicarse esa información, la comisión de inteligencia del Congreso y el Senado de EEUU envió una carta a altos cargos del aparato de inteligencia, en la que se expresa preocupación por la colaboración tecnológica entre España y Huawei. En ella se requería explícitamente una respuesta por parte de España, que fuese en la línea de sacar a la marca china de ese sistema por el temor a que ahí haya información reservada y confidencial no sólo de nuestro país, sino también de la que ha compartido Estados Unidos. Una advertencia que se ha convertido en una nueva carta oficial hecha pública hace sólo unos días. Además, Washington ha incluido el asunto entre los temas más relevantes de su última actualización de las relaciones con China.
El uso de tecnología de una empresa vetada por potencias occidentales para almacenar escuchas relacionadas con casos de terrorismo, narcotráfico y corrupción ha encendido las alarmas. Los comisarios consultados reclaman transparencia y una revisión urgente de los contratos adjudicados sin publicidad a empresas que operan con tecnología extranjera de alto riesgo. «Estamos hablando de la seguridad nacional. No podemos permitirnos depender de un actor con intereses geoestratégicos tan sensibles», concluyen las fuentes policiales. Sin embargo, Interior ha optado por seguir manteniendo a Huawei en Sitel.