Cada inmigrante no cualificado que llega a España le cuesta al Estado 200.000 euros

El prestigioso economista Jesús Fernández-Villaverde, doctor por la Universidad de Minnesota y catedrático en la de Pennsylvania, acaba de revelar un dato muy significativo: cada inmigrante no cualificado que llega a España supone una pérdida para las arcas del Estado de 200.000 euros a lo largo de toda su vida. Ese es el cálculo que él mismo hizo en 2007, cuando trabajaba como consultor externo para la oficina económica del presidente del Gobierno, en la época en la que José Luis Rodríguez Zapatero dirigía España. Sin embargo, jamás vio la luz porque, según explica, era un tema políticamente muy sensible y había otras cuestiones más urgentes.

Fernández-Villaverde ha decidido desvelar ahora en la red social X esta llamativa cifra al calor del debate sobre la sostenibilidad de las pensiones. Según el Gobierno de España, es necesario atraer a 3,5 millones de inmigrantes en la próxima década con el objetivo de «compensar las jubilaciones». Sin embargo, los expertos (principalmente economistas y demógrafos) consideran que el planteamiento es un «disparate» porque, entre otras cosas, no tiene en cuenta la cualificación del inmigrante. En este sentido, Fernández-Villaverde cree que «la inmigración no cualificada y el estado de bienestar son incompatibles».

«Vivimos en un Estado del bienestar basado en la redistribución: el 70% de los individuos en la parte baja de la distribución recibe transferencias netas de las administraciones públicas el grupo entre el 71% y el 90% queda más o menos en cero (según factores individuales como la longevidad o la salud) y solo el 10% superior son contribuyentes netos al sistema. El 99% de los inmigrantes que llegan a España de fuera de la Unión Europea se sitúan en el 90% inferior de renta: prácticamente todos, salvo algunos profesionales de Chile o Argentina y los futbolistas», ha expuesto el economista en su cuenta personal de X.

Para reforzar su argumento, ha puesto el ejemplo de Dinamarca, un país que, tras estudiar el coste para el Estado de los inmigrantes del Norte de África y de Oriente Medio ha incrementado las expulsiones y recortado la protección de los solicitantes de asilo, convirtiéndose en un referente de una política migratoria estricta.

Por lo expuesto, Fernández-Villaverde es partidario de reducir el flujo migratorio y de que se vuelvan entre 3 y 4 millones de inmigrantes, así como de recortar en pensiones. «Sí, el bienestar de los mayores en España ahora mismo caería pero el de las generaciones jóvenes subiría. Pero es que yo estoy a favor de que el bienestar de los mayores en España caiga. Por ejemplo, quiero cortar las pensiones (de manera progresiva) al menos un 10%-15%. Ya sé que esto no lo habrá usted escuchado nunca de nadie (sí, quiero REDUCIR el bienestar de los mayores), pero alguien tiene que ser el adulto en la habitación y decirle a los españoles la verdad», expone.

Pese a que el dato jamás vio la luz, Fernández-Villaverde ha querido dejar claro en todo momento que David Taguas, quien dirigía entonces la oficina económica del presidente del Gobierno, no interfirió jamás en su trabajo. De hecho, ese cálculo -que jamás se materializó en un informe- no se publicó porque en 2007 la inmigración no era un asunto crucial como lo es en 2025, y no merecía la pena asumir el esfuerzo de entrar en una materia que no iba a tener efecto real sobre las políticas del Gobierno, según indican fuentes conocedoras de la situación.

30.000 millones al año

El dato ofrecido ahora por Fernández-Villaverde va en consonancia con el reciente estudio Inmigración en España: buenismo o eficacia, publicado el pasado mes de enero por NEOS, la fundación que lidera Jaime Mayor Oreja, y elaborado por expertos como Luis Zayas, Jorge Soley, Alejandro Macarrón, Fernando Rosado y Carlos Beltramo. Según estos, el exceso de inmigración en España tiene un coste para las arcas públicas de al menos 30.000 millones de euros al año, amén de que genera una fuerte presión en los servicios públicos y en el mercado laboral, sobre todo en el actual contexto de elevado desempleo.

El estudio concluía que el coste de la inmigración es de decenas de miles de millones de euros porque la «inmigración debería ser esencialmente solo la que se precise para cubrir huecos en el mercado laboral», pero actualmente hay 1,4 millones de nacidos en el extranjero en paro. A estos se suma «el efecto de sus familiares dependientes residentes en España inactivos –hijos suyos y cónyuges, principalmente– con los que conviven, lo cual daría en torno a dos millones de inmigrantes que vivirían de prestaciones económicas directas del Estado».