Fuego, turra climática y burocracia

En un alarde de repetición obsesiva que roza lo cómico, si no fuera por lo trágico, el presidente Pedro Sánchez ha machacado hasta cuarenta veces la expresión «emergencia climática» en apenas tres declaraciones públicas. Como si repitiendo el mantra pudiera conjurar la realidad, Sánchez ha insistido en culpar al cambio climático de los devastadores incendios que han arrasado España este verano de 2025. Pero ¿es esto un análisis serio o una cortina de humo para tapar la incompetencia gubernamental?

No nos equivoquemos: los incendios forestales son un problema multifacético, pero atribuirlos al cambio climático es una simplificación interesada que ignora la evidencia científica y los datos oficiales. Según datos oficiales de MITECO, la gran mayoría de los siniestros «tienen origen antrópico, ya sea debido a negligencias y accidentes o a intencionalidad, siendo estas dos causas responsables del 87,35% de la superficie total forestal afectada en el decenio» 2006-2015 (último decenio del que se tienen todos los datos), es decir, la mayoría de los incendios en España tienen origen humano, ya sea por descuidos como colillas mal apagadas, quemas incontroladas de rastrojos, chispas de líneas de alta tensión o el uso indebido de maquinaria agrícola. Además, algunos de ellos son actos delictivos, provocados intencionadamente por pirómanos cuyo único objetivo es sembrar el caos. Los orígenes naturales, como los rayos de tormentas, representan una porción minúscula, y suelen darse más en la vertiente Mediterránea. Sin embargo, independientemente de la chispa inicial, el factor común es la sequedad del monte, agravada por el calor estival. 

Aquí es donde Sánchez y sus acólitos intentan colar el relato climático: si el planeta se calienta, las condiciones para los incendios empeoran, ¿verdad? Falso. O, al menos, no tan sencillo. Es innegable que el planeta se está calentando –lo ha hecho durante los últimos veinte milenios, desde el fin de la última glaciación–, pero los incrementos registrados en las últimas décadas son tan sutiles, apenas unas décimas de grado, que difícilmente explican la virulencia de los fuegos recientes. En España, los veranos tórridos con temperaturas por encima de los 40º C son una constante histórica, no una novedad apocalíptica.

Si buscamos una correlación directa entre el calentamiento global y el aumento de incendios, los datos la desmienten rotundamente. De hecho, la tendencia histórica muestra lo contrario: una reducción significativa en la superficie quemada. Tomemos los números oficiales. En los últimos 30 años, la media anual de hectáreas quemadas ha pasado de unas 250.000 a poco más de 100.000, una disminución del 60%. Como señala Carmelo Jordá en un artículo de Libertad Digital, el pico se registró entre 1985 y 1994, coincidiendo con el éxodo rural masivo de los años sesenta y setenta, cuando muchos españoles dejaron atrás campos y montes sin mantenimiento. Este abandono del campo fue un factor clave en aquellos grandes incendios. 

Desde entonces, la mejora en los dispositivos de extinción y prevención ha contribuido a un descenso brusco. Incluso cuando incluyamos un año catastrófico como 2025, con más de 415.000 hectáreas calcinadas hasta ahora, la media del último decenio (2016-2025) solo subiría ligeramente (unas 130.000 hectáreas) respecto a los dos anteriores, lo que implica que la tendencia general de las últimas décadas sigue siendo descendente. Si el cambio climático fuera el culpable principal, ¿por qué las cifras bajan mientras las temperaturas suben? No hay correlación; de hecho, es opuesta. La Asociación de Realistas Climáticos (ARC) es tajante en su análisis de agosto de 2025: «el cambio climático no ha jugado un papel relevante en los incendios forestales en España en el último medio siglo».

De hecho, añaden en su informe, un dato muy interesante, y es que no solo la extensión forestal incendiada ha descendido en España en las últimas décadas. También lo ha hecho en todo el planeta: «Se ha reducido de 463 millones de hectáreas en 2002 a 331 millones en 2022, una reducción del 28,5 % en tan solo dos décadas, de acuerdo con los datos del Global Wildfire Informa on System». Los científicos Javier Vinós Gómez de Balugera, Javier del Valle Melendo y Saúl Blanco Lanza también señalan: «El reciente informe del Departamento de Energía de los EEUU sobre el cambio climático, que supone una revisión crítica de los impactos de las emisiones de gases de efecto invernadero en el clima, advierte de que el calentamiento inducido por el CO₂ podría ser menos perjudicial económicamente de lo que se cree comúnmente, y que unas políticas climáticas excesivamente agresivas podrían resultar más perjudiciales que beneficiosas. España parece haberse convertido en un ejemplo de esto último».

El cambio climático es real, pero no explica el repunte reciente. Los verdaderos culpables son el deterioro en la gestión y la extinción. Ahí radica el meollo: la acumulación de biomasa por el abandono rural. En la «España vacía» (o despoblada, pues nadie la ha vaciado) ya no hay población campesina ni ganadera que impida que el sotobosque crezca descontrolado. Arbustos como piornos, tojos y zarzales se han convertido en junglas impenetrables, incluso superando en altura a árboles jóvenes. La legislación medioambiental, prolija y omnipresente –desde el Gobierno central hasta ayuntamientos–, parte de una filosofía equivocada: el ser humano no debe intervenir en la naturaleza. Esto, lejos de proteger, fomenta megaincendios (algunos los han bautizado como incendios de 6ª generación) al prohibir o complicar limpiezas preventivas. 

Un ejemplo concreto ilustra esta parálisis burocrática criminal. A un amigo de mi padre, propietario de una finca en Majadas (Cáceres), le denegaron una entresaca y limpieza de su pinar. Ante la denegación, presentó un Recurso de Alzada el 10 de octubre de 2022 ante la Junta de Extremadura. El escrito trataba de convencer desesperadamente a los funcionarios de la Junta con lenguaje biensonante alineado con la Agenda 2030, argumentando el riesgo de incendios por la densidad excesiva de vegetación. Tres años después, silencio administrativo. Ni respuesta, ni autorización. Esta negligencia ignoró el crecimiento adicional de biomasa, incrementando el peligro. Recientemente, durante el incendio de Jarilla de este verano –que lindaba con su finca–, tuvo que improvisar: gradeando el suelo, creando cortafuegos y marcando cunetas. Una semana de infierno, con intranquilidad, esfuerzo, tiempo y dinero perdidos. Afortunadamente, los daños fueron mínimos, pero el caso demuestra cómo la burocracia ineficaz de la Junta de Extremadura, ya sea bajo gobiernos del PSOE o PP, complica la prevención y pone en riesgo vidas, biodiversidad y comunidades rurales. La Junta es cómplice directa de esta devastación. El Gobierno central, también.

Un Estado que recauda más que nunca abandona a los ciudadanos ante tragedias prevenibles, para luego culpar al clima. Una sociedad cuerda jamás debería aceptarlo; debemos exigir responsabilidades. Los políticos mienten y los activistas les siguen el juego. La «turra climática» es un invento para echar la culpa a los ciudadanos de lo que los gobernantes no resuelven. En vez de invertir en prevención –limpiezas, pastoreo controlado, aprovechamiento sostenible–, derrochan en políticas estúpidas y operaciones de maquillaje verde. Las trabas burocráticas para limpiar montes son un infierno, como denuncia la ARC al culpar a las políticas verdes de agravar el problema. 

El cambio climático trae retos, pero también oportunidades: más vegetación por CO₂ podría traducirse en biomasa útil si se gestiona bien. Es hora de dejar el miedo y adaptarnos inteligentemente: promover la repoblación rural (¿bajando impuestos, quizá?), simplificar normativas, invertir en extinción y castigar la negligencia oficial. Exijamos acción real, no mantras repetitivos. España se merece otra cosa.