Manos Limpias pide a EEUU sancionar a Zapatero por sus vínculos con Venezuela

El sindicato Manos Limpias ha solicitado formalmente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos la aplicación de sanciones contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro. En un escrito remitido a la Embajada de EEUU en Madrid, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la organización liderada por Miguel Bernad acusa a Zapatero de colaborar con un régimen «corrupto y narcoterrorista» e insta a que se le sancione en virtud de la Ley Global Magnitsky, aprobada por el Congreso estadounidense en 2016.

En el texto solicita específicamente la inclusión de Zapatero en la lista de personas sancionables por «violaciones graves de los derechos humanos» y «actos de corrupción significativa», tal y como prevé la legislación norteamericana. Entre las posibles consecuencias se encuentran la prohibición de entrada a EEUU, la revocación de visados y el bloqueo de bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense.

La petición llega en un momento de creciente tensión diplomática entre Madrid y Washington por la posición del Ejecutivo español ante las elecciones venezolanas del pasado julio. Algunos observadores internacionales y parte de la comunidad internacional han calificado de fraudulentas, y también por la investigación abierta en EEUU a España tras desvelar THE OBJECTIVE la adjudicación de contratos a la empresa china Huawei para encargarse de las escuchas policiales. Un acuerdo que también contó con la intermediación de Zapatero.

Los viajes de Zapatero a Venezuela

La denuncia de Manos Limpias se basa en una serie de hechos ampliamente documentados en medios internacionales y españoles. El sindicato recuerda que Rodríguez Zapatero ha viajado más de 35 veces a Venezuela desde que abandonó el cargo en 2011, y que ha actuado en numerosas ocasiones como intermediario o defensor del chavismo en foros internacionales como el Grupo de Puebla. Uno de los episodios más controvertidos se remonta a la mesa de negociación en República Dominicana (2016-2018), donde, según el político opositor venezolano Julio Borges, Zapatero habría ejercido presiones directas sobre los representantes de la oposición para que firmaran un acuerdo favorable a Maduro. «Nos dijeron textualmente: ‘o ustedes firman o conocerán la peor cara de nosotros’», denunció Borges públicamente.

A partir de entonces, el papel de Zapatero ha sido cuestionado incluso dentro de su propio partido. De hecho, Felipe González le reprochó haber sido el único miembro del Grupo de Puebla que no exigió una auditoría electoral tras los comicios del 28 de julio. «Otros dirigentes del mismo grupo, como Leonel Fernández, sí lo han hecho. Zapatero, no», lamentó el expresidente socialista.

Más allá del ámbito político, la petición de Manos Limpias pone el foco en las relaciones económicas presuntamente opacas entre Zapatero y el régimen bolivariano. En este sentido, destacan declaraciones del exministro del Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez, que fue más allá al asegurar en 2018 que Zapatero «recibió contratos petroleros», según recoge el documento presentado por Bernad.

‘Caso Duro Felguera’

Uno de los ejes más delicados de la petición está relacionado con una trama de corrupción investigada por la Audiencia Nacional y vinculada a la empresa española Duro Felguera, a la estatal PDVSA y a altos cargos de los gobiernos de España y Venezuela. Tal y como ha adelantado THE OBJECTIVE, Javier Alvarado, exviceministro de Energía venezolano, ha entregado documentos comprometedores que sitúan el origen del escándalo en lo más alto de la pirámide: en las conversaciones directas entre Zapatero y Nicolás Maduro, cuando este aún no había heredado el trono bolivariano, pero ya obraba como mano derecha de Hugo Chávez.

Todo empezó en un contexto desesperado: 2008, con Venezuela en plena crisis energética, apagones sistemáticos que sumían en la penumbra los hogares y repercutían en la ya tambaleante legitimidad del chavismo. Desde Caracas se tomó la decisión de adjudicar sin concurso público, de manera directa, a la empresa española Duro Felguera la construcción de una central de ciclo combinado —Termocentro— por valor de 1.500 millones de euros.

Los documentos entregados por el exviceministro Javier Alvarado a la Sección Primera de la Sala de lo Penal no dejan lugar a dudas: el contrato fue firmado por el entonces ministro venezolano Rafael Ramírez, figura clave del régimen, y negociado políticamente por Miguel Ángel Moratinos, ministro de Exteriores bajo el segundo mandato de Zapatero. «No se trató de una licitación abierta y pública», recalca Alvarado en su escrito de acusación. «Fue una adjudicación directa. Los directivos acusados no tenían ni capacidad ni jerarquía para imponer tal decisión».

Ese contrato se llevó a cabo tras un acuerdo previo entre Moratinos y Nicolás Maduro –entonces canciller venezolano– firmado el 24 de octubre de 2008. Este pacto no fue producto del azar, sino consecuencia directa de «una visita del presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, a Venezuela en 2005 y otra del presidente de la República de Venezuela a España, Hugo Chávez, en 2008», como reconoce el propio acuerdo.

Además, el jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia del chavismo, Hugo Carvajal, alias El Pollo, entregó el 25 de febrero de 2010 al entonces presidente de la dictadura de Venezuela, Hugo Chávez, un informe secreto en el que detallaba que la contratación de la empresa española Duro Felguera se llevó a cabo directamente con el exministro de Asuntos Exteriores de España Miguel Ángel Moratinos y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de un acuerdo para «blindar las relaciones bilaterales entre ambos gobiernos», según el documento publicado en exclusiva por THE OBJECTIVE.

Este tipo de pactos entre los Estados son habituales, pero lo reseñable es que precisamente uno de esos pactos haya sido objeto de análisis por parte de la Justicia y el juez Ismael Moreno haya detectado indicios delictivos en el presunto cobro de mordidas por parte de la empresa asturiana a la petrolera venezolana PDVSA, motivo por el cual cerró la instrucción y ha mandado a los imputados a juicio.

Los sobres de Aldama

Una de las revelaciones más comprometedoras citadas por Manos Limpias tiene que ver con la existencia de documentación explosiva custodiada por Víctor de Aldama, investigado en el caso Koldo. Según publicó THE OBJECTIVE el pasado 16 de junio, Aldama guarda dos sobres con pruebas que demostrarían pagos millonarios de PDVSA a Zapatero. La información incluiría detalles de un esquema para esquivar sanciones internacionales mediante la exportación encubierta de crudo venezolano, con la República Dominicana como centro de operaciones.

Este entramado se basaba en importar el petróleo con origen dominicano —ya refinado— para eludir los estándares europeos que impiden la entrada del crudo venezolano sin tratamiento. «Ya tenían los depósitos fiscales para almacenar el crudo», señala la investigación, que añade que el proyecto de construir una refinería en Tenerife se cayó finalmente. No obstante, las sociedades al portador en Dominicana habrían servido para canalizar el dinero a través de paraísos fiscales.

El escrito también hace referencia al llamativo crecimiento del patrimonio inmobiliario del expresidente y su esposa, Sonsoles Espinosa. Desde que Zapatero inició su labor como mediador con el chavismo en 2012, su patrimonio inmobiliario se habría multiplicado por 90. Manos Limpias considera que este incremento podría estar relacionado con pagos procedentes de Venezuela y actividades que encajarían en los supuestos de blanqueo de capitales recogidos por la ley Global Magnitsky. Por ello, Manos Limpias exige al Gobierno estadounidense que actúe con celeridad y considere el papel del expresidente socialista dentro de un «entramado corrupto internacional» al servicio del chavismo. La pelota queda ahora en el tejado del Departamento del Tesoro de EE.UU., que deberá decidir si inicia una investigación basándose en las alegaciones presentadas.