García Ortiz somete al Rey al bochorno de recibir al primer fiscal general procesado
El fiscal general tiene pendiente sentarse en el banquillo por un presunto delito de revelación de secretos
El Rey recibe al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. | Fernando Villar (EFE)
El Rey ha recibido este miércoles en audiencia en Zarzuela al fiscal general del Estado para hacerle entrega de la memoria anual de la Fiscalía, un acto protocolario y tradicional que, sin embargo, este año se encuentra manchado, al ser Álvaro García Ortiz el primer fiscal general procesado de la historia de España.
Álvaro García Ortiz tiene pendiente sentarse en el banquillo por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Así, está pendiente que el instructor dicte el auto de apertura de juicio oral contra el jefe de la Fiscalía, que se enfrenta a penas de hasta seis años de prisión. Antes de ello, se prevé que las acusaciones de la causa se pronuncien sobre la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de suspender a García Ortiz de forma provisional de sus funciones una vez que se dicte el mencionado auto de apertura de juicio oral.
La APIF, que ejerce como acusación popular, sostiene que «la suspensión es imprescindible para garantizar el correcto desarrollo del proceso», al considerar que si García Ortiz continuase en el cargo durante el juicio «él sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir y, en calidad de tal, podría impartirle órdenes». El magistrado ha pedido a las partes que presenten sus alegaciones. Una vez recibidas las respuestas, deberá resolver si accede o no a lo solicitado por la APIF.
García Ortiz ha hecho entrega a Felipe VI de la memoria anual de la institución correspondiente al 2024, que recoge la actividad del Ministerio Fiscal desarrollada durante el año inmediatamente anterior al de su publicación, así como la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia. En ella se recogen también las observaciones de las Memorias que los Fiscales de los distintos órganos elevan a su vez al Fiscal General del Estado.
El Fiscal General del Estado ostenta la jefatura superior y representación del Ministerio Fiscal. Es nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Intervienen, pues, en su nombramiento los tres poderes del Estado. La elección debe recaer entre juristas españoles de reconocido prestigio y con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. Tiene carácter de autoridad en todo el territorio español.
Apertura del Año Judicial
El rey Felipe VI preside el próximo viernes el acto de apertura del Año Judicial, con todas las miradas puestas en la intervención del fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo, que recientemente confirmó su procesamiento, lo que le sitúa a las puertas del juicio. La expectación es máxima por lo que tenga que decir García Ortiz en el acto más relevante del año en los tribunales españoles y ante las autoridades del Estado, miembros del Gobierno, responsables políticos y la alta magistratura del país, entre ellos, los magistrados que le han investigado y procesado por un delito de revelación de secretos.
Y todo ello en un acto solemne y estrictamente protocolario que se celebra en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, escenario que puede oficiar en los próximos meses la previsible vista oral contra él por las filtraciones relacionadas con el caso de la pareja de Isabel Diaz Ayuso por fraude fiscal, una decisión que se da por hecha. Las acusaciones piden hasta seis años de prisión.
Vuelve así la polémica a la apertura, tras la excepción del pasado año cuando, in extremis, se logró designar a Isabel Perelló como presidenta del Poder Judicial, en un acuerdo que se cerró dos días antes del acto, que en años anteriores había estado protagonizado por las críticas a la clase política y los constantes llamamientos del ex presidente del CGPJ Carlos Lesmes a la renovación del Consejo, que estuvo bloqueado desde el diciembre de 2018 a junio de 2024.