Las prostitutas se reúnen por primera vez con la ministra de Igualdad para frenar la abolición
Ana Redondo recibe a trabajadoras sexuales, que le alertan de que su ley aumentará la violencia contra ellas

El Sindicato OTRAS se reúne con Redondo para exigir la despenalización del trabajo sexual. | Europa Press
Las prostitutas se reunieron este miércoles por primera vez con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para tratar de convencerla de lo negativo que sería sacar adelante la ley que pretende abolir la actividad sexual remunerada, y que será presentada este mes de septiembre. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, el encuentro se produjo en el Ministerio, a donde acudió la delegación de Madrid del sindicato OTRAS para alertar a la dirigente socialista de «los efectos negativos que han tenido los modelos abolicionistas en otros países europeos». Las trabajadoras sexuales también expresaron su preocupación por la presión de la ministra al Instituto Nacional de Estadística (INE) para excluir la prostitución como actividad económica.
Las prostitutas entregaron un informe a Redondo que afirma que la ley abolicionista no acabará con la prostitución, sino que incrementará «la violencia, el estigma, la precariedad y los riesgos para la salud, especialmente para las personas migrantes y trans». En el documento se remiten a los ejemplos de Noruega, Irlanda y Francia, en donde, tras la ley abolicionista de 2016, «un 42% de las trabajadoras sexuales reportaron más violencia y un 78% vieron reducidos sus ingresos». También recuerdan que en Suecia, «los anuncios de prostitución online aumentaron un 4.100%, desplazando la actividad a espacios menos seguros y más clandestinos».
Como propuesta alternativa, OTRAS entregó a la ministra una Ley de Despenalización del Trabajo Sexual, elaborada desde una perspectiva «feminista, proderechos, antipunitivista y antirracista». Una iniciativa que, en palabras de las prostitutas, «busca garantizar derechos laborales y sociales, así como condiciones de dignidad y seguridad para quienes ejercen el trabajo sexual en cualquiera de sus formas».
Además de la propuesta de ley, el sindicato de prostitutas presentó al Ministerio de Igualdad el trabajo que realiza día a día: visitas a los lugares de trabajo como clubes y pisos, talleres de formación, actividades comunitarias y acción sindical, «desmontando los bulos y prejuicios con los que a menudo se legisla en materia de prostitución».
Primera reunión
La reunión de este miércoles supone la primera del Ministerio de Igualdad con las trabajadoras sexuales. No se produjo ninguna en la época en la que Irene Montero ostentaba la cartera, y esta es la primera con Ana Redondo al frente del gabinete. De manera llamativa, no figuraba en la agenda ministerial que se presenta ante los medios de comunicación. Pese a esto, supuso un acercamiento tras el enfado de las trabajadoras sexuales con la ministra. No sólo por querer abolir su actividad sin escucharlas, sino por querer eliminar el párrafo referido a la «prestación o concertación de servicios sexuales» de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
El Ejecutivo tradujo literalmente, a principios de este año, la guía de Eurostat, de modo que no se dio cuenta de que se había reconocido la prostitución como actividad económica, y la ministra Redondo anuncio su voluntad de excluirla para ser coherente con su agenda abolicionista. Esto enfadó al sector, que cargó duramente contra ella en este medio. Las trabajadoras sexuales admiten que esa noticia tuvo un peso importante en la decisión de la ministra de atenderlas por primera vez.
Según las representantes de OTRAS presentes en la reunión (Mónica Martín, Tigra Toro e Iris Meza), la actitud de Ana Redondo fue «abierta a la escucha y al diálogo, destacando la importancia de atender las voces de quienes viven esta realidad». El encuentro terminó con el compromiso de mantener otro en el futuro. «Instamos a las instituciones a que escuchen nuestras voces y continúen trabajando junto con nosotras para construir políticas que garanticen nuestra seguridad, salud y derechos humanos».