Ábalos quería realquilar a turistas el chalé de lujo de Cádiz que le regaló la trama del fuel

José Luis Ábalos, exministro de Transportes, no solo habría recibido un chalé de lujo en la urbanización La Alcaidesa —un enclave exclusivo próximo a Sotogrande, en la provincia de Cádiz— como presunto pago por sus gestiones en favor de la empresa Villafuel SL. Según se desprende de las últimas conversaciones intervenidas por los investigadores del caso Koldo, el exministro llegó a plantear convertir ese mismo inmueble en una fuente de ingresos mediante su alquiler a turistas. En un mensaje dirigido a su entonces asesor de confianza, Koldo García Izaguirre, Ábalos propuso: «Podrías hacer una copia de las llaves de la Alcaidesa para Víctor y Manu, a ver si lo pueden alquilar a turistas».

El «Víctor» mencionado en la conversación es su hijo, Víctor Ábalos, quien ha sido señalado en varias ocasiones como su mano derecha y posible testaferro en algunas operaciones vinculadas a esta trama, aunque por el momento no ha sido formalmente imputado. La respuesta de Koldo fue afirmativa, lo que refuerza la sospecha de que ambos conocían tanto el origen del inmueble como su potencial para generar beneficios económicos. Este intento de sacar rendimiento al chalé no solo pone en entredicho la naturaleza de la dádiva, sino que también agrava el presunto delito, al evidenciar que el inmueble no solo fue aceptado como compensación, sino que se pensaba explotar comercialmente.

El chalet de La Alcaidesa aparece como una especie de premio adelantado que José Luis Ábalos habría recibido en compensación por su supuesta mediación para conseguir una licencia para Villafuel SL, como publicó THE OBJECTIVE hace ya más de un año. Esa vivienda de lujo, situada cerca de Sotogrande, en Cádiz, habría sido entregada como retribución no declarada -aunque bajo la apariencia de una compraventa legítima- a una persona de su entorno, señalado como hombre de confianza de Pedro Sánchez, supuestamente por haber colaborado con la red imputada en el caso ahora instruido por la Audiencia Nacional.

Un regalo para Ábalos

La adquisición del inmueble guarda relación con una cadena de reuniones y encuentros que, entre septiembre de 2020 y mayo de 2021, unieron a los principales implicados en la trama de los hidrocarburos: Koldo García, Víctor de Aldama y otros empresarios del sector con conexiones en los Ministerios de Transportes e Industria. Durante ese mismo lapso, la sociedad cuya apoderada es María Luisa Rivas —hermana de Claudio Rivas, socio clave del entramado— logró hacerse con la licencia que Villafuel necesitaba para operar como distribuidora, haciendo saltar las alarmas en los informes de la UCO.

Los correos electrónicos intervenidos incluyeron sugerencias previas de Ábalos sobre inmuebles en esa misma urbanización, algunos de ellos vistos en portales inmobiliarios. En concreto, un mensaje sin asunto enviado el 29 de septiembre de 2020 mostraba enlaces de Idealista con viviendas en La Alcaidesa; esas búsquedas no parecían casuales, sino parte de la planificación.

Además, según documentos accesibles a THE OBJECTIVE, el exministro firmó un contrato de alquiler con opción a compra por el chalet, con una renta mensual elevada, en torno a los 2.500 euros. No obstante, fuentes de la investigación afirman que los pagos se hacían de manera irregular: el arrendador recibía los ingresos bancarios, los retiraba en efectivo y los entregaba a De Aldama, quien, a su vez, los hacía llegar nuevamente al exministro. En el acuerdo figuraba que cuando Ábalos ejerciera la opción de compra, se descontarían hasta 150.000 euros del valor del inmueble como compensación por esos pagos previos.

Finalmente, en una de esas reuniones clave con los empresarios, el intermediario Koldo García habría dicho textualmente: «El ministro quiere una casa en Sotogrande», en alusión al chalet en La Alcaidesa, presente como parte de esa dádiva pactada. Esa vivienda pasó a manos de la empresa Have Got Time SL en junio de 2021, según consta en las escrituras. Sin embargo, la relación entre ambas partes se deterioró rápidamente cuando el 9 de diciembre de ese mismo año, el Ministerio de Industria rechazó la solicitud de Villafuel SL —la empresa dirigida por Claudio Rivas— para obtener la licencia que le permitiría operar como distribuidora de combustible. La negativa del Ejecutivo generó un profundo malestar en Rivas, que decidió responder con una orden de desahucio contra el exministro, que ya llevaba medio año apartado del Gobierno tras su abrupta destitución por parte de Pedro Sánchez. Justamente en ese momento Ábalos había comenzado a instalarse en la vivienda de La Alcaidesa.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en su informe, destaca con claridad el vínculo directo entre ambos acontecimientos: “Se observa la relación de causa-efecto entre la denegación de la licencia a Villafuel y el desahucio de Ábalos”. A pesar del desencuentro, la historia no terminó ahí. En 2022, Villafuel consiguió finalmente la autorización que buscaba y, con ella, según la investigación que ahora lidera la Audiencia Nacional, habría defraudado presuntamente más de 200 millones de euros en concepto de IVA. Una operación de enorme alcance que sigue bajo escrutinio judicial.