The Objective
España

El testimonio de los 22 policías heridos será clave para imputar al delegado del Gobierno

El sindicato Manos Limpias ha denunciado a Francisco Martín por la gestión del dispositivo de seguridad en la Vuelta

El testimonio de los 22 policías heridos será clave para imputar al delegado del Gobierno

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, realiza una declaración institucional. | Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

La denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias contra Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, ha puesto el foco en la gestión del dispositivo de seguridad durante la última etapa de la Vuelta a España. El escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, lo acusa de un presunto delito de imprudencia grave con resultado de lesiones y otros delitos, incluidos desórdenes públicos y desobediencia a la autoridad, además de una posible prevaricación administrativa. En este contexto, fuentes jurídicas consultadas por este periódico aseguran que el testimonio de los 22 agentes heridos –una diligencia solicitada por el líder del sindicato, Miguel Bernad– será clave para determinar la responsabilidad del delegado del Gobierno y su posible imputación.

En su denuncia ante los tribunales, el sindicato sostiene que las órdenes impartidas por Francisco Martín -que en su calidad de delegado del Gobierno tenía la responsabilidad de garantizar la seguridad en el evento- fueron claramente insuficientes. Según la denuncia, la falta de previsión, organización y equipamiento para los efectivos policiales resultó en una jornada de disturbios violentos en la que los agentes se sintieron desprotegidos, expuestos y, en muchos casos, víctimas de una estrategia de «no intervención» que, aseguran, favoreció a los manifestantes y dejó a la Policía Nacional en una situación de clara desventaja.

El fracaso del operativo de seguridad

Según el escrito presentado por Manos Limpias, la Delegación del Gobierno montó un dispositivo que todos los sindicatos policiales consideraron insuficiente. De acuerdo con las denuncias internas, las órdenes emanadas desde la Delegación fueron únicamente «ceñidas a un plan de propaganda» que, lejos de garantizar la seguridad, parecía tener la intención de suspender la Vuelta ciclista, lo que finalmente ocurrió. Este enfoque, según los sindicatos, resultó en una clara improvisación y falta de coordinación en el operativo. Los mandos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), encargada de hacer frente a los disturbios, denunciaron que se les envió «con las manos atadas» sin poder actuar de forma efectiva, sin material adecuado y con una planificación deficiente que les impidió intervenir de manera eficaz.

Uno de los puntos más controvertidos de la denuncia es la declaración pública de Francisco Martín tras los incidentes. Según el relato presentado por Manos Limpias, el delegado del Gobierno se jactó en los medios de comunicación de que el evento había sido «un éxito» porque no hubo incidentes graves. Este comentario fue interpretado por los denunciantes como una burla a la labor policial, ya que los disturbios dejaron 22 policías heridos, algunos de ellos con lesiones graves, mientras que solo se produjeron dos detenciones, lo que pone en evidencia, según los denunciantes, que la actuación de las fuerzas de seguridad fue dilatada y sin la contundencia necesaria.

Un testimonio desgarrador

El testimonio de uno de los agentes heridos, enviado desde el Hospital Beata María Ana de Madrid, es uno de los aspectos más impactantes de la denuncia. En su mensaje, el agente describe la jornada de manera desoladora, reflejando la desorganización y la falta de medios con los que se enfrentaron. Según su relato, los efectivos fueron desplegados sin el material adecuado, dejando a los manifestantes posicionarse tranquilamente detrás de las vallas sin que se tomaran medidas preventivas. El testimonio subraya cómo los agentes se vieron rodeados, atacados con vallas, botellas, piedras y otros objetos, sin que se les permitiera utilizar la fuerza necesaria para repeler los ataques. En sus palabras, el agente denuncia que, pese a que la situación se había «caldeado» desde temprano, no se les proporcionó ni el equipamiento ni las instrucciones necesarias para hacer frente a los violentos.

Este relato es un claro reflejo de la indignación de los policías que participaron en el operativo. «Nos apalizan, nos ridiculizan», señala el agente, quien añade que varios de sus compañeros se plantearon abandonar la unidad ante la falta de respaldo por parte de sus superiores. Este sentimiento de abandono se refleja en sus palabras: «Se han ido casi todos los veteranos. Todo esto es política que matan o revientan al guardia, les da igual. Un desastre y un ridículo internacional».

Causa contra el delegado del Gobierno

La denuncia presentada por Manos Limpias busca, entre otras cosas, que el delegado del Gobierno sea imputado por varios delitos. Uno de ellos es el de lesiones por imprudencia grave (artículo 147 del Código Penal), debido a los daños sufridos por los agentes durante los disturbios, que según el sindicato, fueron una consecuencia directa de la falta de preparación y previsión del operativo de seguridad. También se le acusa de desórdenes públicos y desobediencia a la autoridad (artículos 556 y 557 del Código Penal), dado que las órdenes impartidas dificultaron gravemente la actuación de los agentes para restablecer el orden en las calles de Madrid. Además, se contempla la posibilidad de que el delegado del Gobierno haya incurrido en un delito de prevaricación administrativa (artículo 404 del Código Penal), al haber diseñado y ejecutado un plan de seguridad que, según los denunciantes, fue deliberadamente ineficaz.

Uno de los aspectos clave de la denuncia es la solicitud de que los policías heridos durante los enfrentamientos sean citados a declarar. Los testimonios de los 22 agentes heridos serán fundamentales para esclarecer la responsabilidad del delegado del Gobierno. Los representantes de los principales sindicatos policiales, como el Sindicato Unificado de Policía (SUP), JUPOL y la Confederación Española de Policía (CEP), también han denunciado públicamente la falta de apoyo por parte del Gobierno, acusando a las autoridades de actuar con «conveniencia política» para evitar que los manifestantes fueran reprimidos con la contundencia necesaria. Por ello, el sindicato Manos Limpias también solicita que estos representes policiales testifiquen en la causa para aportar la versión que le han trasladado los agentes a los que representan.

Publicidad