Chivite esgrime que 'castigó' al técnico que avisó del 'caso Cerdán' por eficiencia

El Gobierno de Navarra cambió de centro de trabajo al técnico que dio el primer aviso del caso Cerdán, concretamente trasladándole de un palacete al hueco debajo de una escalera en una nave industrial, por «una reestructuración interna» con el fin de mejorar la eficiencia del servicio y disminuir la conflictividad del centro, según ha podido saber en exclusiva THE OBJECTIVE.

Este periódico solicitó a la Administración central de la Comunidad Foral la razón del cambio de ocupación de dicho funcionario público, que llevaba casi 30 años trabajando en el número 3 de la calle San Ignacio, a lo que se le respondió que «con el objeto de optimizar las tareas propias del Servicio de Conservación de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras» se ha considerado necesario «modificar la adscripción de esa plaza de TAP (Técnico Auxiliar de la Administración Pública) adscrita al Negociado de Explotación Zona Este de la Sección de Explotación del Servicio de Conservación, en el sentido de adscribirla al Negociado de Conservación y Vialidad Navarra Centro-Norte del Servicio de Conservación».

El Ejecutivo de María Chivite explica que los motivos específicos del traslado del funcionario del Departamento de Cohesión Territorial a su nuevo destino, el Centro de Conservación de Pamplona, son los siguientes. En primer lugar, por un mayor volumen de actuaciones, ya que «el centro en cuestión registra un número significativamente superior de actuaciones en comparación con los otros centros, lo que requiere una mayor disponibilidad y especialización del personal jurídico para atender la demanda existente». Por otro lado, aseguran que se fundamenta en un incremento de la conflictividad, porque «este centro presenta un nivel de conflictividad superior, siendo el de mayor incidencia en reclamaciones, procedimientos inspectores y otros asuntos jurídicos relacionados, lo que demanda una mayor experiencia y dedicación por parte del personal asignado».

Asimismo, aseguran que la decisión de adscribir dicha plaza a este trabajador se debe también a la naturaleza de las funciones, puesto que «el trabajo en este centro consiste en asesorar sobre dudas jurídicas relacionadas con la tramitación de expedientes de autorizaciones y actuaciones inspectoras, así como en la iniciación, tramitación y resolución de expedientes de reclamación de daños en carreteras, además de gestionar las cartas de pago correspondientes». Por último, justifican el desplazamiento por la optimización de recursos y eficacia en la gestión, dado que, según indican, «la adscripción a este centro permitirá una gestión más eficiente y efectiva de los casos, atendiendo a la mayor demanda y complejidad de los asuntos que se tramitan, contribuyendo así a la mejor calidad del servicio ofrecido».

A pesar de ello, tal y como contamos en este periódico, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra acreditó en un informe que el funcionario padeció represalias por su denuncia sobre el caso Cerdán al ser enviado a la nave ubicada en el Polígono Landaben de Pamplona que le separaba de sus compañeros habituales, lo que constituye una infracción muy grave según la Ley 2/2023 sobre protección de denunciantes. Anticorrupción de Navarra calificó esto como una vulneración de los derechos del denunciante y no aceptó la explicación ofrecida por el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, el tío de la presidenta, que aseguró que «el cambio de adscripción obedece exclusivamente a una reorganización administrativa». 

Además, Pedro López Vera, el director general de Obras Públicas e Infraestructuras, aseguró que se trató de un «error» al no conocer «la identidad de la persona denunciante», y trasladó sus «disculpas». Sin embargo, la respuesta de la Oficina de Anticorrupción fue contundente y la jefa anticorrupción de Navarra, Edurne Eginoa, asegurando que «no cabe disculpa alguna frente a los actos de represalia». «Esa Dirección General [de Obras Públicas e Infraestructuras] conocía perfectamente la condición de denunciante del Secretario de la mesa de contratación, ya que con anterioridad a que yo dictara la Resolución 16/2024, de 2 de mayo, había denunciado los mismos hechos ante el Parlamento de Navarra, publicándose todo ello en los medios de comunicación», sostiene en el informe la Oficina Anticorrupción desmontando las excusas del Ejecutivo navarro.

En su papel de secretario de la mesa de contratación de las obras de duplicación de los túneles de Belate, Lorenzo Serena, funcionario de alta capacitación jurídica, se percató -y las expuso- de irregularidades en el procedimiento de adjudicación de estos a la UTE formada por Acciona y Servinabar, alertando así sobre la falta de justificación en la valoración de las ofertas y la posible predeterminación de la empresa ganadora. Tras su declaración en el Senado, el día 6 de junio, fue trasladado a su nuevo lugar de trabajo.