Sánchez endurece el pulso con Israel al anular 20 contratos antes de su discurso en la ONU
El Ejecutivo canceló el lunes importantes acuerdos con cuatro empresas que podrían reclamar daños económicos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido anular de golpe una veintena de contratos de material militar suscritos con empresas vinculadas a Israel. Lo hizo el pasado lunes, según adelantó Libertad Digital y ha constatado THE OBJECTIVE, horas antes de que Sánchez hablase ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para cargar contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por la guerra de Gaza.
Sánchez defendió la entrada de Palestina como miembro de pleno derecho en la ONU, al tiempo que advirtió de que no es posible la solución de dos Estados en Oriente Próximo cuando Israel está perpetrando un genocidio. «En nombre del Derecho Internacional y en nombre de la dignidad humana, tenemos que parar esta matanza ya».
En paralelo a la intervención en la ONU de Sánchez, dos empresas de Israel, una española, con sede en Alcobendas (Madrid) y dos grupos israelíes con filiales fueron vetados por el Gobierno español. Las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Unidad Militar de Emergencia (UME) fueron los adjudicadores de estos contratos. Algunos llevaban vigentes desde 2023. En la mayoría de los casos, los contratos son de escasa cuantía y están vinculados a la seguridad. Se trata de inhibidores para vehículos, mochilas de hidratación ignífuga, cámaras térmicas y repuestos de sistemas de radioenlace, cuyos suministros ha sido anulados.
Entre los suministros cancelados están algunos relacionados con los morteros Cardom. Este sistema de morteros autónomos y computarizados proporciona apoyo de fuego rápido y preciso a unidades militares. Esto permite integrarse con sistemas de gestión de batalla y sensores modernos para una efectividad inmediata. Elbit Systems, Pap Tecnos Innovación, Netline Communications Technologies, Guardian Defense & Homeland Security y Blanch Internacional Asociados han sido las compañías afectadas por la rescisión unilateral de contratos impulsada por el Gobierno de Sánchez.
Netline Communications Technologies, radicada en Tel Aviv y creada hace 25 años, es una de las empresas líderes en el área de guerra electrónica. Desarrolla, fabrica y suministra sistemas de dominio del espectro a medida para fuerzas de defensa, seguridad nacional y agencias de inteligencia líderes. La protección contra drones y dispositivos amenazantes es una de sus especialidades.
La filial española de Rafael
En cuento a PAP Tecnos Innovación, es la filial española de Rafael, un gigante israelí de la industria de defensa. Rafael se ha adjudicado en España decenas de contratos de defensa -misiles y equipamientos- valorados en cientos de millones de euros. Por su parte, Elbit Systems israelí es una empresa líder mundial en tecnología de defensa que ofrece equipos terrestres y vehículos aéreos no tripulados para el ejército israelí.
Guardian Defense and Homeland Security es la filial en España de una empresa de fabricación de armas israelí. Esta compañía ganó un contrato de seis millones de euros para suministrar balas a la Guardia Civil. El pliego fue finalmente anulado. Por último, Blanch Internacional Asociados es una empresa española que suministra tecnología de Elbit.
La anulación de los acuerdos tiene un coste económico si están formalizados los contratos, algo que sucede en la mayoría de los casos al estar en la última fase, la que genera una vinculación y el cumplimiento de las condiciones. Los adjudicados que todavía están sin formalizar también podrían ser reclamados, aunque con menos posibilidades de éxito.
La ley de Contratos del Sector Público recoge en su artículo 213 los efectos de resolución de los contratos, mientras que el 211 señala las causas previstas para anular un contrato. Cuando la resolución es por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodan a lo estipulado por ellas. Si el incumplimiento es por parte de la Administración, conlleva, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista.
La ofensiva del Gobierno español contra la compra de material militar a Israel prosiguió el pasado viernes con la cancelación de un contrato suscrito en 2024 con la citada Rafael, por un valor de 207.414.102 euros, para la adquisición de un moderno sistema de guiado láser que iría equipado en los nuevos cazas Eurofighter españoles y mejoraría su precisión en el combate. Ahora, el Ministerio de Defensa deberá buscar alternativas a estos componentes en otros países, o incluso en la industria nacional, para intentar que la cancelación del contrato no repercuta a corto y medio plazo en las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas. Precisamente, Rafael fue una de las compañías afectadas por el veto del Gobierno a empresas israelíes en la última edición de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España (Feindef), que se celebró a mediados del pasado mayo en Madrid.
La cancelación de esta operación se suma a las otras dos efectuadas hace apenas unos días, cuando el Ejecutivo anuló dos contratos de armamento con empresas israelíes valorados en cerca de 1.000 millones de euros. Se trató de dos contratos adjudicados en 2023 y que expiraban a finales del ejercicio actual. El primero de ellos estaba valorado en 287 millones de euros y estaba dirigido a entregar 168 sistemas de misiles contra carro Spike LR2. El segundo proyecto, valorado en 697 millones de euros, era un contrato de suministro del sistema lanzacohetes de alta movilidad (Silam).
Lo que más preocupa en los ejércitos son las «indemnizaciones millonarias» que va a tener que afrontar seguramente el Estado con esta decisión, sobre todo con los contratos que ya estaban firmados y se estaban ejecutando. Al pago de lo ya recibido se unirán «los perjuicios ocasionados» por la cancelación, que fuentes militares coincidieron en cifrar «en cientos de millones de euros» pues dan por hecho que las empresas afectadas «van a dar guerra».
El embargo no afecta a Morón ni a Rota
Eso sí, el Gobierno no ha tocado el convenio bilateral de defensa con Estados Unidos en el decreto ley que impone el embargo de armas a Israel, por lo que en la práctica supone que el armamento estadounidense con dirección al Estado hebreo podrá seguir pasando por las bases conjuntas de Morón y Rota como hasta ahora, según explicaron este martes fuentes gubernamentales.
Uno de los puntos por dilucidar del texto que fija los parámetros del embargo de armas a Israel era saber si afectaría al convenio bilateral de defensa con Estados Unidos en lo que a tránsito de armamento por territorio nacional se refiere. Podemos ha preguntado en las últimas semanas a Sánchez «por qué ha dejado fuera» las bases militares estadounidenses de Rota y Morón de su batería de medidas contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu.
Fuentes consultadas dentro de las Fuerzas Armadas ya plantearon «serias dudas» de que se pudiera eliminar este permiso de paso. En concreto, porque sería abrir el melón de tener que modificar un convenio internacional, una decisión que la Administración Trump no acogería de buen grado. Por ello, España ha querido «respetar la legislación internacional» en este sentido pese a las presiones de los morados. «Hemos sido todo lo ambiciosos que hemos podido en esa desconexión dentro del marco nacional, comunitario e internacional. Hemos llegado lo más lejos posible», concluyeron las fuentes gubernamentales.