El embargo de armas a Israel deja a las tropas españolas sin inhibidores de explosivos
Defensa contrató a la empresa israelí Netline al ser la «única capacitada técnicamente» para el proyecto ahora anulado
Un vehículo con tropas españolas en Líbano, equipado con los inhibidores de la israelí Netline. | EMAD
El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha publicado el Real Decreto que sienta las bases del embargo de armas a Israel. En la práctica, supone la anulación de una veintena de contratos de armamento y tecnología de tipo militar de origen israelí. Entre ellos, hay uno que preocupa especialmente a quienes se dedican a velar por la seguridad de los militares españoles desplegados en el extranjero: el de inhibidores de frecuencia para los vehículos blindados, esenciales para evitar que sean emboscados y atacados con artefactos explosivos improvisados (IED) o drones kamikaze. Los aparatos ya están instalados en gran parte de la flota militar desplegada en países como Irak, Líbano y Somalia, y la anulación de la adjudicación supone dejar sin repuestos a esos sistemas. El Ministerio de Defensa eligió en 2024 a la firma israelí Netline Communications porque era la «única empresa capacitada técnicamente para el desarrollo del proyecto». Algo similar a lo que ocurrió con la munición para pistolas de la Guardia Civil, cuya adjudicación fue anulada por Interior alegando que el fabricante era israelí.
Este mismo miércoles 24 de septiembre, día en el que el BOE publicaba por fin el texto de las «medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina», se cumplía el 18 aniversario del asesinato en Farah (Afganistán) del soldado español Ángelo Mera. El convoy militar en el que patrullaba fue alcanzado por la explosión de una de las minas que los talibanes colocaban en sus rutas, y que en ocasiones activaban a distancia. Unos meses antes, en Líbano, seis militares españoles fueron asesinados con la misma técnica terrorista, activando a distancia una gran carga explosiva.
Aquellas muertes, a las que se suman otras anteriores y posteriores, provocaron un debate sobre si los militares españoles iban bien protegidos en las zonas de guerra a las que el Gobierno decidía enviarles. Como respuesta, se adquirieron vehículos blindados mucho más resistentes a este tipo de amenazas (sustituyendo los vetustos BMR por los RG-31) y se puso en marcha un ambicioso programa nacional de inhibidores de frecuencia para que los terroristas no pudieran activar a distancia sus artefactos. La solución española dio muchos problemas y con el tiempo España decidió contar con la tecnología del país con más experiencia en este tipo de amenazas, a las que se enfrenta en el día a día: Israel.
El escenario de protección para las tropas españolas va a verse afectado a raíz de este embargo de armas. Y en concreto, se notarán sus efectos en la capacidad de los vehículos militares de transporte de tropas para repeler estas amenazas por radiofrecuencia. Actualmente, centenares de estos blindados de los tres ejércitos llevan instaladas en su parte posterior, en la zona de carga, las tripas del sistema C-Guard RJ, fabricado por la israelí Netline Communications Technologies NCT, con sede en Tel Aviv. Su presencia en los convoyes es fácilmente distinguible por las extensas antenas -junto a las de comunicaciones- que portan en el techo de los vehículos.
El fabricante asegura en la ficha técnica del sistema que sus soluciones de «inhibición de señales vehiculares de Netline protegen los convoyes militares y VIP al evitar la detonación remota por radio de artefactos explosivos improvisados (AEI) y drones hostiles, creando una ruta segura para el convoy mientras se desplaza. Nuestro sistema altamente flexible y resistente proporciona bloqueo continuo en todas las gamas de frecuencias entre 20 MHz y 8 GHz, con protección reactiva y activa según las necesidades de la misión».
«La única empresa capacitada»
Defensa fue muy explícita cuando firmó este contrato en 2024 en cuanto a la elección de la firma Netline -y a su socio español Aicox-, ya que por aquellas fechas ya se había instalado el debate en la política -y entre los socios del Gobierno- sobre la cancelación de todos los contratos de armas o tecnología militar originaria de Israel. Según la motivación incluida en la adjudicación, el departamento de Margarita Robles consideraba a la firma israelí como «la única empresa capacitada técnicamente para el desarrollo del proyecto desde el punto de vista técnico y se han negociado, mejoras de interés para la administración». Sólo Netline se presentó al concurso, negociado sin publicidad. Además, destacaban que la confianza en el sistema estaba demostrada por su uso con éxito por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel
Esta misma semana, el Gobierno anulaba una veintena de contratos con empresas israelíes en virtud de ese embargo de armas, entra las que se encontraba uno cuyo objeto era «la adquisición de bienes complementarios de los sistemas inhibidores de frecuencia vehiculares de las Fuerzas Armadas» por valor de 1,6 millones de euros. Según fuentes militares, se trata ya no sólo de los sistemas informáticos propiamente dichos, los equipos que van instalados en los vehículos, sino de los repuestos y otros componentes necesarios para que estos funcionen correctamente.
Los inhibidores instalados actualmente seguirán operativos, pero la pregunta que se hacen estos días en las Fuerzas Armadas es por cuánto tiempo. «Son componentes que tienen bastante desgaste por su uso en zonas con climas extremos, en áreas con malas carreteras y de forma intensiva, y requieren repuestos frecuentemente», explican. Romper con Israel, señalan, es romper la cadena de suministros y repuestos para estos sistemas. «Se intentará encontrar alguna alternativa en otros países, pero el sistema está pensado para funcionar con su propio material».
Esta situación recuerda a la que se dio con la cancelación del contrato del Ministerio del Interior con una empresa israelí que le iba a suministrar 15 millones de balas para la Guardia Civil. En ese caso, como desveló THE OBJECTIVE, los cartuchos israelíes habían sido los únicos que habían pasado los tests de laboratorio con las armas cortas reglamentarias del cuerpo policial, también de fabricación israelí. Anular esa compra supuso poner en marcha un plan de ahorro de munición para los agentes, con el objetivo de llegar con suficientes existencias
Una veintena de contratos anulados
Entre los suministros cancelados por este veto están algunos relacionados con los morteros Cardom. Este sistema de morteros autónomos y computarizados proporciona apoyo de fuego rápido y preciso a unidades militares. Esto permite integrarse con sistemas de gestión de batalla y sensores modernos para una efectividad inmediata. Elbit Systems, Pap Tecnos Innovación, Rafael, Netline Communications Technologies, Guardian Defense & Homeland Security y Blanch Internacional Asociados han sido las compañías afectadas por la rescisión unilateral de contratos impulsada por el Gobierno.
La anulación de los acuerdos tiene un coste económico si están formalizados los contratos, algo que sucede en la mayoría de los casos al estar en la última fase, la que genera una vinculación y el cumplimiento de las condiciones. Los adjudicados que todavía están sin formalizar también podrían ser reclamados, aunque con menos posibilidades de éxito.
Además de las cuestiones operativas, lo que también preocupa en los ejércitos son las «indemnizaciones millonarias» que va a tener que afrontar seguramente el Estado con esta decisión, sobre todo con los contratos que ya estaban firmados y se estaban ejecutando. Al pago de lo ya recibido se unirán «los perjuicios ocasionados» por la cancelación, que fuentes militares coincidieron en cifrar «en cientos de millones de euros» pues dan por hecho que las empresas afectadas «van a dar guerra».