El policía jubilado tras la agresión de los dos indultados anti-Vox: «El Gobierno les premia»

El 17 de enero de 2019 la vida de O. M. cambió para siempre. Ese día, este agente antidisturbios integraba el dispositivo de seguridad que se había diseñado en previsión de posibles altercados por la convocatoria de una protesta en contra de un mitin que Vox celebraba en el Auditorio de Zaragoza. Finalmente, los pronósticos se cumplieron y los manifestantes, tras intentar sin éxito acceder al recinto en el que se celebraba el acto político por la presencia policial, acabaron improvisando barricadas desde donde lanzaron piedras y adoquines contra las fuerzas de seguridad, viandantes y vehículos. Resultaron heridos siete policías. El más grave fue O. M., que desde ese episodio se ha sometido a hasta seis operaciones quirúrgicas en el brazo. Una agresión que le ha obligado a jubilarse con apenas 45 años. 

«Las lesiones, tras las intervenciones, fueron evolucionando y derivando en una incapacidad total permanente y en un dolor crónico. Me forzaron a la jubilación», cuenta este agente, en una entrevista con THE OBJECTIVE. En 2024, el Tribunal Supremo condenó a cuatro años y nueve meses de prisión a los cuatro manifestantes que agredieron a los agentes por delitos agravados de desórdenes públicos y atentado, así como de lesiones. Este martes, el Consejo de Ministros anunció el indulto para dos de ellos, Javier Ajijón y Adrián Latorre, que se encontraban en prisión. Una decisión que ha creado gran malestar entre los sindicatos policiales, que denuncian la falta del respaldo institucional del Gobierno ante las agresiones a las fuerzas de seguridad. 

La ministra portavoz, Pilar Alegría, aseguró que la medida de gracia contaba con el beneplácito de la Fiscalía, así como del tribunal sentenciador. Una decisión que grupos políticos como Sumar o Podemos y diversas entidades como Plataforma Libertad 6 de Zaragoza, llevaban reclamando desde hace meses ante lo que consideraban una sentencia injusta por estar solo sustentada en el atestado policial. Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), por contra, critican con dureza el indulto firmado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que, advierten, «envía un mensaje peligroso: que la violencia contra los agentes puede quedar impune si se reviste de argumentos políticos». 

«El Gobierno premia con el indulto a los autores»

«La vida, si no fuera por mis hijos, ya no tendría sentido ni objetivos. Mis lesiones no sólo son limitantes físicamente, suponen tener un dolor continuo en cada gesto e incluso si mantengo el brazo en reposo. Todo esto ha hecho que mi calidad de vida mengüe y dependa en días muy malos de medicación e incluso de volver al quirófano para que me hagan una terapia con electrodos», revela este agente retirado. Sobre la medida otorgada por el Ministerio de Justicia a los dos condenados por su agresión, O.M. asegura tener «sentimientos enfrentados». A su juicio, «ese acto desvirtúa lo que en sí es la concesión de un indulto», pues, argumenta, se debe dar cuando «el autor o los autores expresan un claro arrepentimiento por lo cometido, cuando se han preocupado por cómo están las víctimas y han resarcido el daño». 

O. M. critica que, más allá de «resarcir una mala decisión o acción», la medida de gracia otorgada por el Gobierno «premia a los autores» y deja un mensaje a la sociedad de que «puedan hacer lo que quieran siempre que sea de la correa que ellos les llevan». Frente a esto, no obstante, este afectado también reflexiona, «como padre de familia y hombre», que «todos podemos equivocarnos» y «no está mal que a estos jóvenes se les conmuten las penas de privación de libertad con un indulto parcial (…) para poder reflexionar lo que se puede hacer o no y ver dónde están los límites que todos hemos de respetar». Para este agente, en realidad, los culpables «no deberían haber sido los chicos, sino aquellos que los alentaron y utilizaron como piedras, balas y bombas».

El abandono de Interior

Por otro lado, este exagente censura «el abandono» del Ministerio del Interior con los agentes perjudicados en la intervención policial porque «no solo les deja a los pies de los caballos, sino que no han sido capaces de reconocer nuestros méritos y sufrimiento». «No solo no agradecieron mi servicio, por lo que en otros casos se han dado incluso medallas remuneradas, lo grave es que no querían reconocer mis lesiones en acto de servicio, supongo que con un afán de tapar todo y de que no se hablará», reprocha este funcionario policial.

Ante la negativa de Interior a reconocer sus derechos, O. M. Inicio una batalla legal para que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) fallase a su favor. De eso ha pasado ya un año, pero, asegura este agente retirado, el Ministerio del Interior todavía no ha ejecutado la sentencia ni reconocido su incapacidad por acto de servicio. Desde los sindicatos lamentan que el Gobierno «continúe negando» el reconocimiento de la Policía Nacional y de la Guardia Civil como profesión de riesgo mientras, advierten, los datos de agresiones «son alarmantes»: en 2024 se registraron 16.788 agresiones a agentes, lo que supone un incremento del 30% respecto a los niveles prepandemia. 

Los otros condenados

Por ahora, el Ministerio de Justicia solo ha indultado a dos de los seis condenados, mas conocidos como ‘los seis de Zaragoza’.  Antonio Daniel L. e Imad M.B continuan en prisión por los mismos delitos. Todos admitieron ante el juez que estuvieron en el campus de la universidad de la capital aragonesa durante la protesta, pero negaron haber cometido actos de violencia contra los agentes de la Policía. El grupo también lo conforman otros dos jóvenes que, al ser menores, no entraron en prisión. Se les impuso una multa administrativa y a un año de libertad vigilada.  

Desde la plataforma Libertad 6 de Zaragoza han celebrado el indulto concedido por el Gobierno aunque, según reza el comunicado, llega tarde, habida cuenta de que los dos beneficiados llevan más de año y medio en prisión por lo que, consideran, «unas detenciones aleatorias y sentencias injustas». Pese a ello, valoran la medida de gracia como «una victoria del conjunto del movimiento popular que se ha implicado en denunciar continuamente durante seis años este caso de represión del Estado.