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España

Albares subvencionó en 2021 al Tribunal Supremo que castiga a los disidentes cubanos

El Gobierno envía dinero público a instituciones judiciales y policiales en países con pocas garantías democráticas

Albares subvencionó en 2021 al Tribunal Supremo que castiga a los disidentes cubanos

José Manuel Albares. | Europa Press

En el reparto del dinero público español por el mundo que ejecuta el instrumento público estatal de la cooperación internacional al desarrollo (Aecid), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, hay cuestiones curiosas. Por ejemplo, las subvenciones que se otorgan de forma periódica a organismos públicos policiales y judiciales, sobre todo en países hispanoamericanos. ¿Puede ser cooperación internacional al desarrollo enviar dinero público a instituciones judiciales, escuelas de formación de jueces y fuerzas de seguridad en países que carecen de garantías en los derechos fundamentales?

Hay decenas de partidas enviadas a varios países con motivaciones relacionadas con su actividad judicial. A lo largo de los años, Aecid ha ido consolidando y haciendo periódicas estas concesiones, que van desde los 40.000 euros hasta más de cuatro millones de euros en cada concesión.

Los países adjudicatarios son muchos. Reciben estas partidas República Dominicana, Bolivia, Cuba, Colombia, Haití, Jordania, Mauritania, Perú o Mozambique. Aquí se enumeran algunas de ellas:

-Cuba. En la dictadura cubana, objeto de sanciones europeas precisamente por ser considerado una autocracia, detecté una curiosa subvención de 2021. Hablo de 104.780 euros que fueron a parar a su Tribunal Supremo Popular (órgano encargado de establecer las condenas penales a disidentes políticos).

-República Dominicana. En este país, habitual destino de subvenciones públicas de Aecid, recibe varias partidas relacionadas con esos conceptos. Concretamente, he detectado una subvención para la Policía Nacional Dominicana en 2021 de un montante de 250.000 euros, otra otorgada al Consejo General del Poder Judicial Dominicano de 2021 de 238.000 euros y una última (aunque hay más) otorgada a la Procuraduría General en 2021 por 250.000 euros.

-Paraguay. En este país logré identificar una subvención dineraria de 250.000 euros destinada al Centro de Estudios Jurídicos Paraguayo en 2022.

-Bolivia. He localizado varias partidas de dinero público español destinadas a, por un lado, la Escuela de Jueces del Estado en 2021 por 171.240 euros, 45.445 euros en 2023 y 304.555 euros en 2024 y por otro, tres subvenciones más para el Ministerio Público Fiscal Boliviano por un montante total de 770.000 euros en los años 2021, 2022 y 2023. Es muy probable que esas subvenciones se periodicen financiando ese instrumento público boliviano. 

-Colombia. Este país, uno de los países que más dinero público recibe de Aecid, ha recibido multitud de partidas relacionadas con sus poderes públicos gubernamentales. En el campo judicial, he detectado varias. Dos de ellas han ido a un ente etéreo llamado «Jurisdicción para la paz» en los años 2021 y 2024, por un montante de 1.200.000 euros en total. 

-Mozambique. Habitualmente las escuelas de formación jurídica, donde se forma a quienes van a impartir justicia, reciben dinero de la Aecid, la mozambiqueña recibió la notable cantidad de 4.500.000 euros en 2022. También este país africano recibió una curiosa partida destinada a la Asociación de Jueces en el mismo año 2022, fueron 540.000 euros de sus impuestos. 

-Perú. En el país andino, también habitual receptor de subvenciones en materia de cooperación internacional al desarrollo español, he detectado dos partidas de 2022 y 2023 por un total de 528.368 euros para su Defensoría del Pueblo. 

Es necesario aclarar en este punto que uso para buscar todas estas partidas los datos publicados por la Base de Datos Nacional de Subvenciones del Ministerio de Hacienda, que sólo mantiene públicos y accesibles los datos de subvenciones públicas de los cuatro años inmediatamente anteriores, dificultando enormemente el acceso a la información de cualquier dato previo a esos cuatro últimos años. 

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