Interior no ha reconocido aún la incapacidad del policía al que agredieron los indultados anti-Vox

El Ministerio del Interior todavía no ha reconocido la incapacidad por acto de servicio de O.M, el policía antidisturbios que ha sido jubilado forzosamente tras la agresión que sufrió por parte de un grupo de seis manifestantes en una protesta contra un mitín de Vox en Zaragoza, en 2019. Según revela este agente en conversación con THE OBJECTIVE, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska no reconoció motu proprio esta figura, que supone una pensión extraordinaria, y por este motivo este funcionario policial, que se ha sometido hasta seis operaciones quirúrgicas en el brazo, llevo su caso a los tribunales. Un año después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le diese la razón y la sentencia sea firme, Interior sigue sin ejecutar el fallo judicial.

El caso de este antidisturbios retirado ha ganado notoriedad esta semana después de que el Consejo de Ministros haya concedido el indulto a dos de los condenados por las agresiones a los agentes en las protestas, y que hasta hace unos días, estaban en prisión. O.M fue el agente herido de mayor gravedad, razón por la que la Policía Nacional lo retiró, primero, a segunda actividad y después lo jubiló de manera definitiva con apenas 45 años. Eso sí, sin reconocer en ningún momento que su incapacidad permanente fue a consecuencia de su labor policial en un dispositivo de seguridad. «Hace tres meses, mi abogada presentó un escrito para que el tribunal les hiciera cumplir la sentencia, pero todavía no sabemos nada». 

Este agente denuncia un «total abandono» por parte de Interior desde su intervención en las protestas de 2019 en la capital aragonesa. «No solo nos dejaron a los pies de los caballos, sino que no han sido capaces tampoco de reconocer nuestros méritos y sufrimiento. En otros casos muy similares aunque más mediáticos, han dado medallas pensionadas a agentes. De hecho, si tú lees los requisitos, se cumplen todos». A su juicio, la Dirección General tampoco quiso reconocer su incapacidad por acto de servicio «para tapar todo y que no se hablara más del caso», advierte. Él, sin embargo, la ganó en los juzgados. 

El «dolor continuo» del policía

La vida de este agente cambió para siempre aquel 17 de enero de 2019. «Si no fuera por mis hijos, ya no tendría sentido ni objetivos. Mis lesiones no sólo son limitantes físicamente, suponen tener un dolor continuo en cada gesto e incluso si mantengo el brazo en reposo. Todo esto ha hecho que mi calidad de vida mengüe y dependa en días muy malos de medicación e incluso de volver al quirófano para que me hagan una terapia con electrodos».

La medida de gracia otorgada por el Gobierno ha generado bastante controversia. Según aseguró el pasado martes la ministra portavoz, Pilar Alegría, contaba con el beneplácito de la Fiscalía, así como del tribunal sentenciador, y respondía a una petición popular. Sumar, Podemos y diversas entidades como Plataforma Libertad 6 de Zaragoza reclamaban desde hace meses lo que consideraban una sentencia injusta por estar solo sustentada en el atestado policial. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), por contra, ha criticado con dureza el indulto firmado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, porque «envía un mensaje peligroso: que la violencia contra los agentes puede quedar impune si se reviste de argumentos políticos». 

«El Gobierno les premia»

Sobre la medida otorgada por el Ministerio de Justicia a los dos condenados por su agresión, O.M. asegura tener «sentimientos enfrentados». A su juicio, «ese acto desvirtúa lo que en sí es la concesión de un indulto», pues, argumenta, se debe dar cuando «el autor o los autores expresan un claro arrepentimiento por lo cometido, cuando se han preocupado por cómo están las víctimas y han resarcido el daño». 

O.M. critica que, más allá de «resarcir una mala decisión o acción», la medida de gracia otorgada por el Gobierno «premia a los autores» y deja un mensaje a la sociedad de que «puedan hacer lo que quieran siempre que sea de la correa que ellos les llevan». Frente a esto, no obstante, este afectado también reflexiona, «como padre de familia y hombre», que «todos podemos equivocarnos» y «no está mal que a estos jóvenes se les conmuten las penas de privación de libertad con un indulto parcial (…) para poder reflexionar lo que se puede hacer o no y ver dónde están los límites que todos hemos de respetar». Para este agente, en realidad, los culpables «no deberían haber sido los chicos, sino aquellos que los alentaron y utilizaron como piedras, balas y bombas».

Los ‘seis de Zaragoza’

Por ahora, el Ministerio de Justicia solo ha indultado a dos — Javier Ajijón y Adrián Latorre— de los seis condenados, más conocidos como ‘los seis de Zaragoza’. Antonio Daniel L. e Imad M.B continúan en prisión por los mismos delitos. Todos admitieron ante el juez que estuvieron en el campus de la universidad de la capital aragonesa durante la protesta, pero negaron haber cometido actos de violencia contra los agentes de la Policía. El grupo también lo formaban otros dos jóvenes que, al ser menores, no entraron en prisión. Se les impuso una multa administrativa y a un año de libertad vigilada.

La plataforma Libertad 6 de Zaragoza ha celebrado el indulto concedido por el Gobierno, aunque dice que llega tarde, habida cuenta de que los dos beneficiados llevan más de año y medio en prisión, por las que consideran «unas detenciones aleatorias y unas sentencias injustas».