Zapatero y Pumpido apartaron en 2006 a un fiscal clave para facilitar la negociación con ETA

Los detalles de las negociaciones entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la banda terrorista ETA siguen en la penumbra porque ambas partes decidieron que todo lo que se hablase y negociase en Ginebra (Suiza) y Oslo (Noruega) con los intermediarios fuese secreto.

En La sombra. Memoria histórica de Zapatero (Ed. Plaza Janés) la expolítica socialista Rosa Díez desvela la «doblez» del entonces presidente del Gobierno, quien engañó «a tirios y a troyanos» por igual. Por ejemplo, aunque en público decía defender la política de firmeza en la lucha antiterrorista, luego sus enviados acordaban las reivindicacio­nes políticas en cuyo nombre ETA justificó cada una de sus víctimas a lo largo de su negra historia.

Las cesiones políticas a la banda terrorista fueron «obscenas», según cuenta Díez en su libro. El Gobierno puso desde el principio encima de la mesa la opción de legalizar a Batasuna, si bien con otras siglas, y, aunque admitió que no controlaba a los jueces, la Fiscalía había tenido una actuación «positiva» en los primeros meses de la negociación «salvo en una oca­sión», se indicó en las actas de aquellas negociaciones. Se trató del caso de Josu Uribetxebarria, uno de los secuestradores de Ortega Lara, que no salió de prisión hasta la llegada de Mariano Rajoy. «Nosotros quitamos al fiscal porque no quería rebajar la condena», le dijo el Gobierno a ETA para congraciarse.

El damnificado fue Eduardo Fungairiño, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, quien fue destituido por Cándido Conde-Pumpido el 2 de febrero de 2006. «El Gobierno ha hecho cam­bios y ha nombrado a Conde-Pumpido como fiscal general», se congratuló la banda terrorista en el acta de una reunión sobre el papel del actual presidente del Tribunal Constitucional en aquella delicada negociación. Todo ello se relata en el capítulo 8 del libro de Díez, que sale a la venta en los próximos días y que se reproduce íntegro a continuación:

‘ETA levanta acta de cómo Zapatero rindió la democracia’

Pedro Sánchez se ha ganado por méritos propios el título de mentiroso mayor del reino. Pero ni siquiera en esa demostración de doblez moral que caracteriza su personalidad es vanguardista respecto de Zapatero. Cierto que Sánchez miente sobre todo y con total desparpajo, y que sus mentiras son sustituidas por nuevas a tal velocidad que cuesta detenerse en la última, pues mientras los hechos la están desmontando ya ha lanzado una distinta con la que ocuparnos. Pero, para ser justos, Zapatero no solo le llevó la delantera en el arte de la mentira institucionalizada, sino que engañó con mucha mayor astucia e impunidad sobre cuestiones que son sagradas para cualquier persona decente: la vida y la libertad.

Una de las falsedades más reiteradas de Zapatero versa sobre el alcance de sus relaciones con ETA y su negativa a reconocer el pacto político que suscribió con la banda terrorista, una de las dos patas en las que soportó su estrategia para deslegitimar la Transición. El otro elemento fue su apuesta por la catalanización de la política nacional para burlar la soberanía nacional y liquidar el modelo territorial del Estado y la igualdad entre ciudadanos al margen de la voluntad de los españoles.

Zapatero formalizó la negociación con ETA —que venía produciéndose vía Jesús Eguiguren con Batasuna— desde el mismo momento en el que ganó el Congreso del PSOE en el año 2000, poco tiempo después de que ETA rompiera la tregua del Pacto de Estella asesinando al teniente coronel Pedro Antonio Blanco García.

Para ponernos en contexto, conviene recordar que Zapatero formalizó los contactos con ETA en el año en el que la banda terrorista asesinó a 23 personas —la cifra más alta desde el año 1992—, entre los cuales se encontraban representantes políticos del PSOE y del PP, aunque la respuesta pública a ese recrudecimiento de los atentados fuera la firma del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo. La reacción de ETA ante ese pacto de Estado que nos comprometía a derrotar a la banda terrorista, a su historia y a sus cómplices fue extender los atentados y las amenazas a los concejales de ambos partidos democráticos, poniendo a los concejales socialistas en primera línea del punto de mira, pues según documenta Florencio Domínguez en Vidas rotas, hasta ese momento solo los dirigentes y personajes relevantes del PSOE tenían la desgracia de figurar en el grupo de objetivos prioritarios de ETA.

La doblez de Zapatero con relación a ETA engañó a tirios y a troyanos. Así, mientras formalmente defendía la política de firmeza en la lucha contra el terrorismo —el Pacto Antiterrorista lo propuso él, aunque no fuera idea suya, todo hay que decirlo—, sus representantes negociaban con ETA las concesiones políticas que para la banda terrorista estaban en el origen del «conflicto». Y al tiempo que afirmaba que el alcance de sus contactos con ETA respetaría escrupulosamente lo establecido en el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, sus enviados acordaban las reivindicaciones políticas en cuyo nombre ETA justificó desde la primera hasta la última de sus víctimas.

Las actas incautadas en Burdeos el 20 de mayo de 2008 al jefe militar de ETA, Francisco Javier López Peña, Thierry, dan fe de que los contactos directos entre ETA y el Gobierno —paralelos a los del PSE con Batasuna— se venían produciendo al menos un año antes de que Zapatero autorizara públicamente el diálogo.

Entre julio y noviembre de 2005, representantes de la banda terrorista, representantes del Gobierno y al menos cinco mediadores internacionales mantuvieron varias reuniones en Ginebra y en Oslo. En uno de los primeros encuentros en Ginebra participaron Josu Ternera, etarra huido de la justicia, y Jesús Eguiguren, presidente del PSE y miembro del Comité Federal del PSOE. Casi un año después, el 29 de junio de 2006, Zapatero anunció a la prensa el inicio del diálogo con ETA. Los medios de comunicación fueron convocados a tal efecto en los pasillos del Congreso de los Diputados.

Nueve días antes de esa fecha, la Policía detuvo a trece miembros de la red de extorsión de ETA en una operación prevista para un mes y medio antes y que se frustró porque uno de los correos de ETA, Joseba Elosua, fue alertado por un policía de que le iban a detener si entregaba el dinero a su contacto en Francia. Los hechos se produjeron en el bar Faisán de Irún.

Las actas de las negociaciones entre el Gobierno de Zapatero y ETA, levantadas por el jefe militar de ETA e incautadas en Burdeos, recogen dichas negociaciones mantenidas entre miembros de la banda terrorista y los enviados del Gobierno entre 2005 y 2007, también después de que ETA cometiera el atentado de Barajas. Y en ellas, con todo lujo de detalles, se da cuenta no solo del buen clima en el que se desarrollaban las reuniones, sino del alcance de los compromisos que asumía el Gobierno de España. Las cesiones políticas a la banda terrorista son tan obscenas, tan ofensivas para las víctimas en particular y para el conjunto de los demócratas en general, que cuesta aceptar que unos tipos y un partido político que han sido capaces de traicionar lo más sagrado sigan teniendo a millones de españoles dispuestos a seguir votándolos.

Pero vayamos a lo concreto, a las cesiones políticas que ofreció el Gobierno a ETA mientras Zapatero nos mentía sin piedad y la banda terrorista derramaba todavía sangre inocente.

Entre 2005 y 2007, Zapatero ofreció a ETA liberar a De Juana Chaos, uno de los terroristas más sanguinarios de la historia de ETA, «por medio del hombre de la iglesia», llevándolo primero a rehabilitación en un hospital de Madrid y «manteniendo su situación de libertad en secreto».

El Gobierno se comprometió a legalizar a Batasuna: «Estamos trabajando para que Batasuna sea legal en septiembre-octubre de este mismo año». En esa reunión, celebrada en 2006, el representante del Gobierno destacaba las dificultades para lograrlo derivadas del «grado de ataque del PP, de la mayoría de la prensa, de la AVT…». Y ante las dudas de ETA, afirmó que «el Gobierno está haciendo lo imposible en el ámbito de la magistratura…».

El Gobierno explicó a ETA que «en el seno del Gobierno no hay ninguna idea premeditada para aplastar a la izquierda abertzale, las cosas no van en ese sentido. No nos interesa resolver el problema terminando con la izquierda abertzale». Y sigue: «El esquema del Gobierno es resolver el conflicto con la participación de la izquierda abertzale, parte activa del proceso, para que se integre en el sistema. Distinto es si en ese contexto cada parte actúa por su lado…».

El Gobierno se comprometió a no detener etarras, llegando a explicar a los representantes de ETA que habían pedido a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a la Policía francesa que no hicieran detenciones, si bien reconocieron que en ese capítulo se habían encontrado con muchas complicaciones.

Los representantes de Zapatero en la mesa de negociación con ETA se comprometieron a dejar sin efecto la doctrina Parot, «es cosa del Constitucional y pueden derogarla», dice textualmente el representante del Gobierno. Y para que ETA se aviniera a dejar de enviar cartas de extorsión, se comprometieron a buscar soluciones para la «financiación» de la banda terrorista, llegando a citar como cobertura una organización internacional.

Ya en esas actas los representantes de Zapatero «disparan» contra los jueces, a los que acusan de entorpecer el camino pues actúan como «instrumento del PP». También destacan que, por el contrario, la Fiscalía estaba teniendo una «actuación positiva» y enmarcan dentro de ese cambio de actitud el nombramiento de Cándido Conde-Pumpido.

Como ven, en materia de indignidad, infamia y traición Sánchez no ha inventado nada, ni siquiera la manipulación de la Justicia y la puesta de la Fiscalía y del Tribunal Constitucional al servicio de sus intereses.

Por su interés histórico y porque revela la calaña de Zapatero mejor que cualquier reflexión o análisis —sus traiciones de entonces son el antecedente a su vergonzosa actuación de los últimos años como representante de sátrapas sin fronteras con la que parece evidenciarse que se está llenando los bolsillos y, en todo caso, arruinando la imagen de España en el mundo— resumo literalmente una parte de la documentación incautada por la Policía francesa el 20 de mayo de 2008 en la localidad francesa de Burdeos durante la detención de cuatro destacados miembros de la banda terrorista ETA, identificados como Francisco Javier López Peña (Thierry), Ainhoa Ozaeta Mendicute, Jon Salaberria Sansinenea e Igor Suberbiola.

Las citadas detenciones se produjeron tras una operación policial desarrollada por la Guardia Civil en colaboración con los Servicios de Información (RG) de la Policía Nacional francesa.

Tras los primeros análisis de la documentación incautada se pudo concluir que los cuatro detenidos tenían un gran peso dentro de la banda terrorista ETA, principalmente en lo que se refiere a Francisco Javier López Peña, al que se consideró el máximo responsable de las estructuras de POLTSA (Aparato Político), GEZI (Aparato de Finanzas) e INFO (Aparato de Información sobre Objetivos), como se deduce del análisis del contenido de sus anotaciones, en las que aparecen múltiples documentos de planificación y previsión de actividades, básicamente en el ámbito político.

A la vista de dicha documentación, la conclusión fue que Thierry participó directa y activamente en las negociaciones políticas mantenidas entre la banda terrorista y el Gobierno español. Entre las actividades que se frustraron con su detención tenía previsto la asistencia a las reuniones de ZUBA a finales de junio de 2008 (ZUBA es el acrónimo de zuzendaritza batzordea o como se conocía al Comité de Dirección de la banda terrorista), así como a las reuniones de la Asamblea de ETA (BILNA), que se desarrollarían en el mes de julio de 2008.

Una parte sustancial de las actas a las que hago referencia, tras ser remitidas por la jueza francesa Laurence Levert, obran en el sumario de El Faisán.

Quiero llamar la atención sobre el hecho de que las actas demuestran que Zapatero rindió la democracia española ante ETA al reconocer a la banda terrorista como un interlocutor político con el que podían ser tratados —y lo fueron— todos los asuntos de carácter político que son propios entre organizaciones homologables dentro del marco democrático. De hecho, todos los temas políticos que la banda terrorista reivindicaba como «justificación» de sus actividades terroristas fueron abordados y negociados con el Gobierno de España sin ningún tipo de limitación. Y, aún más significativo, muchos de ellos —que eran objeto incluso de reformas legislativas— se acordaron entre la banda terrorista y el Gobierno de la Nación. Desde la territorialidad (tres o cuatro territorios «vascos») hasta las reformas legales que habrían de producirse para satisfacer las exigencias de la banda terrorista (derogación de la Ley de Partidos, doctrina Parot, legalización de Batasuna y el resto de las marcas de la banda terrorista ETA, reformas en la política penitenciaria, cambios en la Fiscalía y en los tribunales de justicia…). Todos los asuntos de carácter político que le interesaban a la banda terrorista para abordar lo que la propia banda calificaba de segunda transición (es llamativo ver cómo pide al Gobierno de Zapatero que deje fuera a «la derecha» para abordar esa segunda transición) fueron puestos sobre la mesa, discutidos y, en muchos casos, acordada la fórmula para introducir las reformas legislativas (o de facto) que satisficieran a la banda terrorista.

La situación de los presos (calificados como «políticos» por los representantes de la banda terrorista sin que el Gobierno matizara siquiera el término), su acercamiento a «Euskal Herria», su liberación directa, su absolución en caso de juicios pendientes… (a De Juana Chaos la Fiscalía le rebajó la petición de pena ya que el Gobierno no podía garantizar la «absolución» que le pedían), todo fue tratado en esas mesas de negociación entre «iguales». La exigencia de la banda terrorista —y posterior compromiso del Gobierno— de relajar los controles policiales, de no hacer detenciones, de legalizar a Batasuna y al resto de las marcas de ETA (declaradas ilegales y disueltas por tribunales nacionales y europeos tras haberse probado que formaban parte de la organización terrorista ETA)… El compromiso del Gobierno de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la doctrina Parot («ya estamos hablando con los miembros…»). El compromiso del Gobierno de derogar la Ley de Partidos, de buscar «financiación» para la banda… Todo, absolutamente todo lo que ETA exigió fue abordado por el Gobierno como si la banda terrorista formara parte del entramado democrático. Y muchas de sus exigencias —comenzando por el lenguaje— fueron aceptadas y acordadas expresamente por parte de Zapatero.

Por su gravedad —y porque muestra la baja catadura moral del Gobierno presidido por Zapatero— quiero destacar el hecho de que ETA y el Gobierno acordaron calificar de «accidente» la ruptura de cualquier acuerdo y la vulneración de las garantías de cumplimiento acordadas. Por eso cuando ETA cometió el atentado de Barajas y asesinó a dos ciudadanos rompiendo el acuerdo de «alto el fuego», Zapatero lo calificó en sus primeras declaraciones públicas como «accidente». No fue un error, fue una declaración dirigida a la banda terrorista; porque acordaron no solo cómo llamarían al «incumplimiento», sino también lo que habría de hacerse en caso de que eso se produjera: volver a reunirse. Y así lo hicieron.

Si en sí mismo ya resulta inaceptable para un Estado democrático y de Derecho que se aborden los temas mencionados entre un Gobierno legítimo y una banda terrorista, lo verdaderamente determinante para calificar a Zapatero y su Gobierno es el tono y la complicidad con los que se sientan a negociar con sus interlocutores: «Estamos en el mismo bando…», «No queremos derrotar a Batasuna…», «… al margen del resultado electoral…», «vamos en serio…». Leer al representante del Gobierno de España declaraciones de este tenor es tan terrorífico que se entiende que estas actas se hayan protegido del escrutinio democrático y no se hayan hecho públicas nunca. Ya ha llegado la hora de que levantemos el velo para que todos los españoles puedan apreciar la catadura de Zapatero, ese lobista que hoy se relaciona con tiranos de todo el mundo como otrora lo hizo con ETA.

Es interesante constatar cómo calificaba ETA a los integrantes de la negociación. A Zapatero lo llamaban Gorburu, una palabra inventada entre el español y el euskera y que podría traducirse como jefe rojo o cabeza de Gobierno. «E» era directamente ETA. Las abreviaturas de quienes tomaban la palabra cuya letra comienza por «E» son los que representan a la banda terrorista. Las que comienzan por la letra «G», representan al Gobierno. Lau es el mediador. EPPEH es el colectivo de presos (EPPK) sobre los que ETA negocia el acercamiento a «Euskal Herria». Otras siglas a tener en cuenta son: EO (Erakundeko Ordezkaritza), representación de la organización terrorista; GO (Gobernueren Oderkaritza), representación del Gobierno; EH (Euskal Herria)…

Es costumbre acreditada de la banda terrorista levantar acta de sus reuniones, costumbre que en más de una ocasión ha permitido a la Policía o a la Guardia Civil detener a nuevos miembros de comandos terroristas desconocidos hasta incautar actas con sus nombres. Por eso, aunque el Gobierno y ETA acordaron que solo habría una copia del acta que estaría en poder del mediador y sería guardada en un banco, los representantes de ETA en las reuniones —Thierry y otros— escribieron cada día y con detalle todo lo que allí se decía.

En tiempos de mentira institucionalizada y de «memoria» a la carta, es de interés público y general conocer de qué hablaron, cómo abordaron las negociaciones —el tono, el reconocimiento mutuo, el «mediador» internacional, la mesa paralela entre partidos, el «colegueo», los temas que se pusieron sobre la mesa de índole totalmente política, las concesiones semánticas (la forma es fondo), el clima de complicidad entre los representantes del Gobierno y los de ETA…— y a qué se comprometieron los representantes democráticos de los españoles en negociaciones mantenidas con la banda terrorista que se realizaron fuera del Parlamento, fuera de las fronteras de España y con un mediador internacional que «oficializara» y verificara la equiparación de legitimidades entre un Gobierno democrático y una banda terrorista.

Además de las actas de las reuniones con el Gobierno de Zapatero, a Thierry se le confiscó documentación de interés para el contexto político del momento, como la carta a la dirección de ETA fechada en noviembre de 2007, en la que dan cuenta a la dirección de la banda terrorista de que dos policías con carnet y membrete «Presidencia del Gobierno» se dirigen a Santiago Orue (amigo y chófer de Otegi) para darle un mensaje de «necesidad de hablar» y «llegar a un acuerdo antes de enero».

«La impresión que tiene Santi es que tras esto están tanto Soto como Pastor», escribe el redactor del documento, refiriéndose probablemente a Iñaki Soto, director de Gara, y a Daniel Pastor, terrorista que posteriormente asesinaría al policía Eduardo Puelles. Como ven, la integración de Otegi en la banda terrorista ETA es total.

También se le incauta un documento en el que informan a la dirección de la banda terrorista sobre la situación de presos y militantes. Por los datos que aporta, se sitúa a finales de 2007 y principios de 2008. Dice que el colectivo «está en proceso de reflexión ‘recogiendo aportaciones’» y reconoce a los abogados de los terroristas como los carteros de ETA, asumiendo que la línea jurídica de los juicios la establece directamente la banda terrorista.

El miembro de la mesa de negociación le dice a la dirección de la banda que todos los detenidos saben que deben entregar «la cantada» o crítica de su detención, y que si hay algo raro, los expulsan. Envía una relación de miembros de la organización terrorista (hasta siete) a los que se dice que se les ha dado una nota para que se vayan a un tercer país.

Transcribo estas líneas de las actas porque demuestran que el miembro de ETA en la mesa de negociación con Zapatero tiene línea directa con la dirección de la banda terrorista. También aporta una lista de «militantes» admitidos para hacer curso de formación (para el crimen, se entiende). Se da cuenta a la dirección de ETA de que han expulsado a un militante de la banda de Hernani y no le permiten ni la entrada en sus herriko tabernas (parece anecdótico, pero evidencia el clima…).

Se habla de que el próximo zutabe puede ser vía internet, pues tienen muchos problemas logísticos tras ser desmantelada su estructura. Llamo la atención sobre la situación de alta vulnerabilidad en que se encuentra la banda terrorista cuando Zapatero decide «rescatarla».

Estos documentos permiten constatar que toda la estrategia de Batasuna, Askatasuna y LAB la lleva la dirección de ETA. A modo de ejemplo, se habla de organizar una manifestación por la presencia de un Consejo del Gobierno francés con Nicolas Sarkozy en Bayona. Con fecha de 25 agosto de 2007, puede leerse: «Sería interesante la presencia de borroka armatua, lucha armada». De la documentación incautada se puede constatar que la dirección de ETA organiza desde los aberris egunak (días de la patria) hasta las manifestaciones anti-TAV (protesta contra el proyecto del Tren de Alta Velocidad).

La segunda parte de estos documentos son propiamente las actas de la negociación ETA-Zapatero. Ahí va un resumen de las actas que guarda y respeta su literalidad con las comillas, pero además iré comentando algunos aspectos en esta exposición.

En las reuniones entre ETA y el Gobierno de Zapatero mantenidas en Oslo en el año 2005 (precedidas de otras nueve en Ginebra durante los meses de junio y julio, el 21 de junio en el hotel Wilson entre Eguiguren y Ternera) ya aparecen cinco mediadores internacionales.

En estas conversaciones se abordan y se van limando los conceptos que deben aparecer en sendos comunicados. Gobierno y ETA negocian «el relato». Y, punto por punto, van apareciendo las reivindicaciones de la banda y las cesiones democráticas del Gobierno.

El Gobierno garantiza que a partir del comunicado que le pide a ETA «se reducirá la presencia policial en controles». Se compromete a «aceptar a Batasuna en su vida política», ilegalizada por tribunales españoles y europeos. Se compromete a evitar «en la medida de lo posible las detenciones». ETA dice que en su comunicado hablará de una «suspensión general de las acciones armadas». Se abre un debate y se concreta que lo que se dirá será «alto el fuego permanente». Como ven, el relato es lo que importa, lo que se diga, cómo se pueda «vender», no lo que se haga… ETA dice que «solo utilizarán armas en caso de supervivencia».

El Gobierno pide acabar con la extorsión y ETA dice que se deben cumplir los «compromisos habidos antes del alto el fuego». Al final admiten que «no llevarán a cabo una estrategia de impuesto…». Y el Gobierno les dice que buscará la forma de financiarlos «a través de alguna organización internacional».

Se habla de que el Gobierno debe conseguir un pacto de Estado y se escribe en el acta exclusivamente del intermedia rio: «Sin embargo ambas partes entienden el pacto de Estado como desarrollo de la filosofía que conlleva la declaración a efectuar por el Gobierno».

En la última reunión se llega al acuerdo de que la banda terrorista diga en el comunicado: «ETA tiene el deseo y la voluntad de que llegue hasta el final el proceso abierto y de conseguir una verdadera situación democrática para Euskal Herria superando el conflicto de largos años. En este sentido ETA tiene la voluntad de que se llegue a una paz justa y con ellos al cese definitivo de la lucha armada».

Respecto a esto último es pertinente que aclare varios puntos. Como se desprende del contenido de las actas, el Gobierno de Zapatero acepta la existencia de un «conflicto» como justificación del terrorismo y asume también los postulados de la banda de que la solución pasa por una «paz justa», abandonando el objetivo democrático de la derrota de ETA. «Paz justa» porque el Gobierno y ETA se reconocen como iguales en estas negociaciones y consideran que ambos deben ceder para conseguirla.

Como se ve a través de lo plasmado en las actas, antes de la fecha en la que interviene directamente Zapatero, el tema estaba muy crítico para la banda. Está hundida, no tiene «operativos» que puedan cometer atentados, tiene problemas en las cárceles, está cercada internacionalmente… Y eso motiva definitivamente a Zapatero para proceder a su rescate.

En reuniones posteriores, ETA acusa al Gobierno de «incumplir lo pactado» al producirse algunas detenciones, por ejemplo, la de Zigor Merodio en Francia. Se queja de que «ni jueces ni policía están de brazos cruzados». Dice que «el Gobierno sabía fechas de detenciones y no avisó».

El Gobierno «admite que el proceso tiene problemas». Además, también «lamentan filtración a El País», que, por otra parte, se especuló que hizo el propio Gobierno. Y explica que «no contaban con la presión PP y AVT». El representante del Gobierno manifiesta: «Estamos trabajando para que Batasuna sea legal en septiembre-octubre». Y dice también que «no controla a los jueces», a quienes califica como jueces instrumento del PP. Por compensación, señala que la Fiscalía ha tenido una actuación positiva «salvo en una ocasión». Califica también como «accidente grave» las detenciones del Faisán. Les dice a los etarras que «no lo han podido parar porque es una carta que llega al juez y que a partir de ahí se desencadena la operación».

El Gobierno acusa a ETA de que «el kale borroka sigue». Destacan que, por el contrario, «el Gobierno ha hecho cambios y ha nombrado a Conde-Pumpido como fiscal general». El Gobierno dice que ha comunicado a Policía Nacional, Guardia Civil y Gendarmería francesa (PN-GC, ERTZ y PFRANCESA) que no hagan detenciones y ha sido muy difícil hacerlo, porque «la Guardia Civil solo obedece al Duque de Ahumada» y «esas órdenes no se pueden dar por escrito».

«El ministro», dice el representante del Gobierno, «tiene un montón de cartas que no ha hecho públicas. Sabiendo que se pide dinero no podemos decir que no nos consta que se pide», afirma. Además, «el Gobierno entiende que el envío de cartas es un incumplimiento de lo pactado».

Por otra parte, el Gobierno explica: «Metimos la pata al creer que la ilegalización de facto no nos iba a traer los problemas que nos ha traído». Y añade: «No nos interesa terminar el problema terminando con la izquierda abertzale».

Cuando ETA anuncia que «para las conversaciones hasta que Gobierno asegure cumplimento de garantías», este contesta «que las garantías son para cumplirlas todos». Parece que el hecho de que la Policía detenga delincuentes es equiparable por el Gobierno a cometer atentados. «Las cartas de extorsión no son admisibles». A título personal, GO2 (representante del Gobierno número dos) insiste en «que el tema del dinero se puede solucionar». Y cita una organización internacional. El Gobierno explica que «algunas garantías no dependen solo de ellos». Y añade que «no habrá detenciones por parte de la policía, pero no aseguran lo que venga de los jueces».

En septiembre de 2006 se constata la asistencia de José Manuel Gómez Benítez, catedrático de Derecho Penal, por parte del Gobierno. Sobre el tema Iñaki de Juana Chaos: «El Gobierno se compromete a darle libertad condicional. Primero, rehabilitación en Madrid manteniendo la situación de libertad en secreto. Luego a Euskal Herria, libertad». Y se explica que se «estableció con Iñaki la forma de hacer esto por medio del hombre de la iglesia».

Respecto a Batasuna, «el Gobierno se compromete a admitir iniciativas de la IA [Izquierda Abertzale] pero no con el nombre de Batasuna».

Recuérdese que en ese momento Batasuna y el resto de las marcas de ETA estaban ilegalizadas y disueltas por sentencias firmes de los tribunales españoles y europeos.

ETA exigió acuerdos políticos no solo con el tema de los presos. «Si creéis que esto se va a resolver con cuestiones técnicas y no políticas nos tendréis en frente otros cuarenta años…».

Respecto a la doctrina Parot, el Gobierno dice que «la dejarán sin efecto, es cosa del Constitucional y pueden derogarla». Y aclara que el «acercamiento de presos a partir de octubre, cuando Rubalcaba pida apoyo al grupo parlamentario». En otro momento, ETA escribe que «venían con cálculos electorales…».

También abordan cómo tratar «los accidentes»… No dejan fuera el asunto del robo de pistolas en vísperas de que Zapatero llevara el «proceso de paz» al Parlamento Europeo. «El Gobierno pide una explicación. El Gobierno dice que es una ruptura de la paz, pero no se rompe el proceso». Recuérdese que dos días antes, el 25 de octubre de 2006, Zapatero llevó el llamado «plan de paz» al Parlamento Europeo. Mientras, negociaba con ETA en secreto y lo negaba en público.

El Gobierno dice que «se acordó que ellos no detenían y ETA no se abastecía de armas». Brutal. También añade que «existe un teléfono de seguridad, pero Francia está incontrolada». ETA contesta que «si hay detenciones hay incumplimiento. Pide congelar procedimientos judiciales». El Gobierno «no admite el robo de armas como chantaje». Además, pide «a ETA que se mueva. Y dice que si ETA reconoce el robo de armas se acaba el proceso». O sea, el Gobierno sabe que ETA ha robado las armas en Francia, pero le pide que no alardee de ello, porque entonces no podrán seguir adelante… «Con este robo no podemos movernos…», dice el Gobierno, mientras se siguen moviendo incluso a nivel europeo.

ETA dice que ya en junio y septiembre avisaron de la situación crítica. «No admitimos vuestras amenazas. Si hay detenciones ETA actuará». Y continúa: «Si pensáis que ETA está débil, nos vais a tener enfrente muchos años». El intermediario interviene y se cambia el término «ruptura» por «bloqueo».

En un momento el Gobierno dice que «por dar el aviso del Faisán hay un alto policía encausado y casi el jefe de Seguridad del PSOE». También ofrece «beneficios de ayuda penitenciaria para los últimos detenidos en Baracaldo, en octubre». Por otra parte, ofrece «salidas a enfermos graves», incluso a Josu Uribetxebarria, uno de los secuestradores de Ortega Lara. De hecho, este último sería puesto en libertad condicional por el Gobierno de Rajoy.

«Nosotros quitamos al fiscal porque no quería rebajar la condena», asegura el Gobierno para congraciarse con ETA. Se refiere a Eduardo Fungairiño, fiscal general del Estado, que fue sustituido por Conde-Pumpido. La banda terrorista dice que «De Juana abandonó la huelga por orden de ETA y que si no queda libre se actuará en consecuencia».

Los hechos se van sucediendo. El 30 de diciembre de 2006, ETA comete el atentado de la T4 que provoca dos víctimas mortales. En enero de 2007, Otegi pide a ETA que mantenga la tregua. El 9 de enero, la banda terrorista afirma que mantiene «el alto el fuego». Y el 1 de marzo, De Juana es trasladado a San Sebastián. El 27 de marzo se celebran las elecciones municipales, donde se toleran algunas candidaturas de la izquierda abertzale y la Fiscalía no impugna. Entre marzo y abril se produce la primera reunión entre el Gobierno de Zapatero y ETA tras el atentado de Barajas. Hay dos mesas y las delegaciones son:

• Batasuna 2
• ETA 2
• PSOE 2
• Gobierno 2
• Sinn Féin 2
• Gobierno Irlanda 2
• Gobierno Noruega 1

ETA exige un «acuerdo político, y añade que «se niega a hacer más gestos». Todo esto justo cuando acaba de cometer el asesinato de dos inocentes en Barajas, pero es la banda quien reivindica y el Gobierno democrático quien cede…

Tras quejarse los representantes de ETA de la detención en marzo de 2007 de un miembro del Comando Donosti, el Gobierno responde que tenía en su ordenador datos sobre objetivos que iban a ser asesinados. Y dice, textualmente: «Comprendo que ETA prepare su acción para el caso de que esto se rompa…». De nuevo, esta última frase es brutal, el Gobierno «comprende» que ETA siga organizándose para cometer atentados…

El Gobierno, en actitud de total rendición, «propone que Batasuna cambie los estatutos para poder legalizarla». ETA explica que «desde la ekintza ahora tiene otra percepción y que le parece bien lo escuchado ayer, pues a pesar de las reservas ve que el asunto avanza». El Gobierno dice que «después de la ekintza de Madrid, el mediador andaba enfadado y enloquecido, pero que parece ser que Gorburu [Zapatero] le dijo que se tranquilizara y que había que continuar con los contactos».

Llamo la atención sobre el hecho de que los terroristas se refieren al atentado como ekintza (acción) y el Gobierno asume el lenguaje de los terroristas. Zapatero fue más lejos y tras llamar «accidente» al atentado dio instrucciones de seguir adelante.

El Gobierno expresa su voluntad «de reiniciar el proceso». Continúa que «debe mantenerse la tregua». Y explica que «nos sumergimos en un proceso de negociación absolutamente secreto, pues solo sobre esa base de carácter secreto es posible». El Gobierno les recuerda «que no le gustaba la Ley de Partidos pero que ETA atentaba contra cargos políticos». Además, matiza que «no se puede parar a jueces ante actuaciones de violencia» y expresa que «la situación política en el Estado no permite un pacto de Estado con la oposición» –un pacto de Estado para legalizar a ETA, se entiende– e insiste: «[…] que el Gobierno salga reforzado en las elecciones generales es imprescindible para implementar el proceso». De nuevo me sorprendo ante la brutalidad de estas declaraciones.

El grupo terrorista explica «que los incumplimientos han obligado a ETA a responder tras haber denunciado la gravedad de la situación mediante cartas a Zapatero, en la mesa de negociación y públicamente. Barajas fue una respuesta al incumplimiento. Tras Barajas, ETA dice que el proceso continúa. Si se respeta el acuerdo firmado ETA mantendrá el alto el fuego. Pide pacto de Estado entre fuerzas políticas que son mayoría». Es decir, ETA pide lo mismo que desea Zapatero: dejar fuera a la derecha nacional y democrática.

Se produce un segundo encuentro entre el Gobierno y ETA tras varias reuniones entre Batasuna y PSOE. El Gobierno pide que «ETA renueve el compromiso de alto el fuego ante observadores internacionales». ¿Se dan cuenta?: el Parlamento, al margen; la oposición democrática, al margen… Observadores internacionales, la vieja pretensión de ETA, para tutelar el «proceso» es el mayor «reconocimiento» por parte del Gobierno de que en España no existe la democracia y, por ende, de que ETA asesinaba porque no había democracia.

El Gobierno dice que «las órdenes de detención internacional ya en marcha están en manos de los tribunales». Que sobre actuaciones contra personas aún no condenadas «se pueden manejar los tiempos». Que «si no hay delitos de sangre se tomarán medidas procesales-penitenciarias para un régimen de libertad o similares y también se puede flexibilizar medidas penitenciarias». El Gobierno pactando con ETA reformas legales para beneficiar a los asesinos terroristas. Dice el Gobierno a ETA que los presos terroristas que tengan «delitos de sangre solo accederán a la libertad tras el desarme de ETA». Es decir, que el Gobierno promete libertad a los presos con delitos de sangre, sin que los tribunales cuenten para nada. Y que los «delitos cometidos tras el alto el fuego serían un paquete de negociación aparte». La traducción de esta última frase en términos políticos es que el Gobierno promete indultar a ETA.

La banda terrorista da al Gobierno un listado de seis compromisos entre los que destaca el «no abastecimiento», aclaro que es así como ETA llama a las cartas de extorsión, «no acciones contra personas ni bienes públicos ni privados. Compromiso a no respuesta armada durante el proceso. A desactivar su estructura si se llegan a objetivos políticos y técnicos». El Gobierno lo valora positivamente, pero cree que «faltan muchos detalles».

El Gobierno asume de facto el discurso terrorista que pone al mismo nivel el uso legítimo de la violencia por parte del Estado y la violencia terrorista. Y asume la «desactivación» que le propone la banda terrorista en vez de la disolución.

El Gobierno dice que «a Nafarroa hay que seducirla, hay que ir de manera suave, no se puede hacer de otra manera». Me parece fundamental evidenciar el clima de colegueo para abordar cuestiones políticas y electorales que desvelan el contenido político de las negociaciones.

El Gobierno dice «que se ha roto la confianza, que ETA piensa que un gobierno europeo no tiene voluntad… cuando se juega el tumbar o hundir a un partido y a un gobierno». Impresionante la declaración de interés de partido que transmiten los representantes de Zapatero mientras hablan con asesinos terroristas, supuestamente para que dejen de matar.

El Gobierno insiste en que «solo avanzaremos en este proceso sobre la base de que sea absolutamente secreto, tal y como se ha acordado previamente». ETA le dice al Gobierno en más de una ocasión: «Os lo repetimos, hacer la segunda transición, aislar a la derecha…».

Este fue el clima de las negociaciones políticas entre la banda terrorista y el Gobierno de España, un Gobierno que rindió la democracia ante ETA. Un Gobierno que, ya en el año 2006, afirmó textualmente ante las reclamaciones de la banda terrorista de que no avanzaban lo suficiente.

«Antes de iniciar el proceso estábamos en guerra. Vosotros hacíais unas acciones y nosotros otras. Vosotros secuestrabais, matabais… Nosotros deteníamos, abríamos procesos judiciales… Los efectos de vuestras acciones eran inmediatos. Matabais y morían. Secuestrabais y cobrabais el rescate. No se pueden confundir acciones anteriores al alto el fuego y posteriores…». Esta es una de las afirmaciones más deleznables pronunciadas por un miembro del Gobierno de Zapatero. La equiparación entre los actos de una banda terrorista que asesina para destruir la democracia y los actos de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado que actúan para defender las libertades y la seguridad de los ciudadanos representa, en sí misma, un acto máximo de traición. La infamia, la falta de piedad para con las víctimas y la indiferencia que muestra en todo momento el Gobierno de Zapatero hacia los centenares de víctimas inocentes, asesinados por ser nuestros escudos, revelan tal grado de indignidad que es difícil expresar con palabras el profundo desasosiego que provoca.

Les recuerda también que el Gobierno prometió una vida «normalizada» para Batasuna y el resto de las marcas políticas de la banda terrorista «hasta la derogación de la Ley de Partidos» y así «pueda realizar su vida política, asegurándola ante la propia Ley de Partidos y ante la vía penal».

Quienes han seguido las actividades de ETA, ya sea desde la perspectiva política, de la información, de la justicia o por pertenecer a los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, saben que el grupo terrorista siempre documentaba sus reuniones, ya fuera las internas o aquellas que mantenían con otros interlocutores. En el caso que nos ocupa, el «comando» que queda al descubierto es el Gobierno de España.

Las actas de la negociación entre el Ejecutivo de Zapatero y ETA también confirman que, por primera vez en la historia de la democracia, el presidente de un Gobierno reconoció como interlocutor político a una banda terrorista que había asesinado contra la democracia y durante la democracia a más de ochocientos ciudadanos inocentes. Y lo hizo a la vez que rompía todos los pactos y excluía de todos los foros a la derecha democrática.

Las actas demuestran también que Zapatero se sentó con los terroristas, de igual a igual, mediador y observadores internacionales por medio —asumiendo el discurso de la banda terrorista de que España no era un país democrático y que necesitaba ser tutelado—, y abordó con los criminales todas las cuestiones políticas que pusieron sobre la mesa como condición para dejar de matar. El hecho de que no llegaran a acordar en aquellos momentos todo lo que ETA pedía no debe distraernos de lo fundamental, esto es, que el Gobierno violó la Constitución desde el instante en el que reconoció a ETA como si fuera un interlocutor político homologable con el sistema democrático. Zapatero estaba tan entregado a la estrategia de blanquear la historia de la banda terrorista que incluso cuando esta cometió el atentado de la T4 de Barajas mantuvo las negociaciones.

La perversión del lenguaje al servicio de la causa —y una patología narcisista irredenta— le permiten a Zapatero seguir insistiendo aún hoy en que el Gobierno «no cedió nada» a ETA. ¿Y qué otra cosa que cesiones políticas son los episodios de que hemos dado cuenta a través de las transcripciones de las actas? ¿No es una cesión política y democrática inaceptable que un Gobierno democrático haya aceptado dialogar con la banda en dos mesas paralelas sobre el futuro de Navarra, el de Euskadi y el de toda España? ¿No es una cesión política buscar una fórmula para denominar la autodeterminación? ¿No es una cesión política negar formalmente todo tipo de contacto con la banda terrorista tras el atentado de la T4 mientras se seguían manteniendo las negociaciones? ¿No era Zapatero consciente que desde el mismo momento en que niega públicamente los contactos que mantiene privadamente se convierte en rehén de la banda? ¿O eso no le importaba porque para él lo fundamental era romper el consenso con los partidos democráticos que podían formar un Gobierno alternativo? ¿No es una cesión política llevar a la mesa mediadores internacionales? ¿No es una cesión política aceptar la existencia de un conflicto político como origen de la actividad criminal de ETA? ¿No es una cesión política llevar «el conflicto» al Parlamento Europeo y sentar a los terroristas junto a las víctimas en las tribunas?

La baja catadura moral y democrática de Zapatero queda constatada en el contenido, y también en el tono, de las actas. Es vergonzoso e hiriente que un Gobierno democrático se justifique ante una banda terrorista explicándole que han cambiado el fiscal para «facilitar» la rebaja de penas a los asesinos; que asegure que ha dado instrucciones a Policía y Guardia Civil de que no detengan terroristas; que se queje de que si aún condenan a los terroristas es porque «los jueces son del PP»; que se lamente de no haber podido parar lo del Faisán; que se comprometa a derogar la doctrina Parot o a legalizar a Batasuna en el Tribunal Constitucional; que llame a los terroristas a reflexionar sobre las consecuencias que tendría «hundir a un partido» (al PSOE) si rompieran la tregua, o que acepte la petición de ETA de ocultar en anexos secretos de las actas la consideración de «vascos» que daban a los ciudadanos de Navarra.

Fue un acto de desprecio a la democracia que el Gobierno se plegara a la exigencia de ETA y constituyera una mesa de partidos para negociar las cuestiones «políticas» al margen del Parlamento. Fue una burla que se sustituyera al Parlamento por un foro de partidos entre PSOE y Batasuna, un partido ilegalizado y disuelto por sentencias firmes tanto de los tribunales españoles como europeos. Esa «mesa de partidos» nunca fue una mano tendida a los violentos para que aceptasen las reglas de la política, sino una violación de la política democrática para contentar a los terroristas. Justificar la constitución de esa mesa como «un foro de diálogo plenamente libre» (en el argumentario socialista) implicaba aceptar que las instituciones democráticas no lo son y no representan a toda la sociedad vasca; es decir, constituir esa mesa extraparlamentaria significó tanto como aceptar que la banda terrorista tenía razones para existir. En palabras de Eguiguren, «ETA no tiene razón…, pero tiene sus razones».

Aunque, si lo miramos bien, todo esto era muy coherente con la pretensión de Zapatero de cuestionar el sistema del 78. Cuestionar el sistema del 78 era la estrategia; legitimar a ETA, la táctica.

Pero lo verdaderamente demoledor y que nos atañe como ciudadanos a todos y cada uno de nosotros es que, tras estos hechos, la sociedad española no solo no le plantara cara a Zapatero, sino que normalizara la traición dándole en el año 2008 más apoyo electoral que el que obtuvo en el año 2004. Me dirán ustedes que todo esto no se sabía… Bueno, no se conocían los detalles, pero, por la fuerza de los hechos, se sabía lo suficiente como para que los demócratas, al margen de colores o ideologías, hubiéramos actuado en legítima defensa.

La falta de escrúpulos de Zapatero y su determinación de legalizar a ETA para «ilegalizar» al PP al precio que fuera se puso de manifiesto durante todo el proceso de negociación con la banda. Fiel al principio que guiaría su vida y que le ayudó a ganar el Congreso del PSOE del año 2000 —«hay que dar buenas noticias y hemos de evitar que la verdad no te estropee un titular»—, el día 29 de diciembre de 2006, en relación con las negociaciones, Zapatero declaró: «Estamos mejor que hace un año».

Unas horas más tarde, el 30 de diciembre a las 9.01 horas de la mañana, ETA hizo estallar un coche bomba en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. El atentado terrorista segó la vida de dos personas y provocó decenas de heridos y cuantiosos daños materiales. Y Zapatero tardó cuatro días en personarse en el lugar del atentado y más de un día en dar por rotas —declaración que se demostró tan tardía como falsa— las negociaciones con la banda terrorista.

Ya ven que no asumir su responsabilidad y huir de los problemas y de los muertos no es una actitud nueva en un presidente del PSOE. Antes de que Sánchez escapara de Paiporta y no volviera a Valencia, Zapatero desertó de la democracia huyendo de Barajas.