No fueron héroes: los fusilados de 1975

El 27 de septiembre de 1975 tuvo lugar el último fusilamiento de la dictadura de Franco. Le tocó a cinco terroristas. Es cierto que no hubo garantías procesales y que aquello fue vergonzoso, pero también es cierto que se trataba de terroristas activos que ejecutaron o colaboraron en la muerte de policías, guardias civiles, militares o transeúntes. Los procesos judiciales no fueron garantistas, cierto, y las autoinculpaciones se consiguieron con torturas, pero existían pruebas sólidas de que habían cometido asesinatos, como está demostrado también en la actualidad.

Sin embargo, hoy se hace un relato romántico de aquellos terroristas, a los que se llama «activistas antifranquistas», como si fuera igual militar en la oposición alegal o en el PSOE y el PCE, que estar en bandas terroristas como la ETA y el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) para secuestrar y matar. La izquierda hoy los presenta como héroes y mártires de la libertad y de la democracia, diciendo que «la dictadura es terrorismo», y olvidando que el terrorismo es también una dictadura.

No acaba ahí. El ministro de Memoria Democrática entregó a las familias de dos de los fusilados del FRAP una declaración en la que se dice que los dos terroristas son víctimas de la dictadura y anula sus condenas. Esto ha parecido poco a Bildu y a Sumar. Yolanda Díaz y Arnaldo Otegi quieren un homenaje institucional a los terroristas, a los que consideran «luchadores por la democracia». Esto es un fraude. Ninguno de los cinco terroristas era un demócrata, sino partidarios de la muerte para instaurar una dictadura nacional-comunista, los de ETA, y una dictadura estalinista, los del FRAP.

El terrorismo se convirtió en algo cotidiano en el tardofranquismo. La España de entonces recordaba el magnicidio de Carrero Blanco el 20 de diciembre de 1973, en el que murieron otras dos personas. Tampoco se olvidaba la matanza de la cafetería Rolando, a las 14:30 del 13 de septiembre de 1974, en la esquina de la calle del Correo, junto a la Dirección General de Seguridad en la madrileña Puerta del Sol. Allí los terroristas asesinaron a once personas en el acto, otra murió una semana después, y la última a los dos años. Fueron trece asesinatos, la mayor masacre hasta la de Hipercor en Barcelona, en junio de 1987, cuando ETA mató a 21 personas. Además de los muertos en la cafetería Rolando hubo 60 heridos.

La policía calculó que se utilizaron unos 30 kilos de dinamita y tuercas de unos dos centímetros de diámetro para que actuaran como metralla. Los asesinados no son números ni personas a las que no merezca la pena recordar. Antonio Alonso Palacín, mecánico aragonés, se había casado seis días antes. Baldomero Barral y María Josefina Pérez, casados, de 24 y 21 años respectivamente, gallegos, estaban de visita en Madrid. Gerardo García era camarero y padre de tres hijos. María Ángeles Rey, solo era una estudiante de 20 años que pasaba por allí. La telefonista María Jesús Arcos tenía 28 años. Los terroristas pensaron que los clientes de la cafetería serían policías por la cercanía de la Dirección General de Seguridad y decidieron matar. Recordemos aquí que ETA negó su autoría hasta 2018.

Entre enero y septiembre de 1975, ETA asesinó a cinco policías: José Díaz Linares el 29 de marzo, José Ramón Morán el 22 de abril, Fernando Llorente el 7 de mayo, Ovidio Díaz el 6 de junio,  y Juan Ruiz Muñoz el 14 de septiembre. A estos sumamos tres guardias civiles: Andres Segovia, Domingo Sánchez y Mariano Román entre mayo y junio de 1975. También asesinaron a Francisco Expósito, taxista, Carlos Arguimberri, conductor de autobús, y Demetrio Lesmes, guardia jurado, por ser presuntos confidentes policiales.

El FRAP, presidido por Álvarez del Vayo, comenzó su acción terrorista en abril de 1974 con bombas y atracos. Al año siguiente, el 14 de julio, asesinaron al policía Lucio Rodríguez. Cinco días después atentaron contra el policía Justo Pozo Cuadrado, que sobrevivió. El 16 de agosto mataron a navajazos y con dos disparos en la cabeza a Antonio Pose, guardia civil.

La respuesta del Régimen fue la mano dura. El 26 de agosto de 1975 se aprobó un decreto de ley antiterrorista con la idea de ser ejemplarizante. Se detuvo a 36 personas. El proceso distó mucho de ser garantista. No se respetaron los derechos humanos y alguna confesión se sacó con torturas. Hubo once condenas de muerte. Todo fue muy rápido, en apenas un mes desde la aprobación de la ley. El gobierno concedió seis indultos, dos de ellos a mujeres embarazadas.

Como se trataba del franquismo, la izquierda transnacional organizó una campaña de protesta. Eso sí: los socialistas y comunistas europeos y americanos no movieron un dedo por los ejecutados en la URSS, China, Polonia, Checoslovaquia, Hungría y el resto de países del Este donde existía la pena de muerte y se ejecutaba sin garantías procesales. Por ejemplo, en Alemania del Este se condenó a muerte a Werner Teske en 1975 acusado de querer desertar a la Alemania occidental, y fue ejecutado años después. ¿Y qué decir de las ejecuciones en Cuba en 1975 por «delitos políticos»?

El caso es que la izquierda salió a la calle para protestar por las condenas a muerte en España. Olof Palme, primer ministro sueco, salió a las calles de Estocolmo con una hucha y un cartel. Palme iba diciendo: «Este dinero es para las familias de los represaliados por el fascismo español». Por cierto, a día de hoy no se sabe cuánto se recaudó ni qué pasó con esas donaciones. Lo más probable es que se quedara en las organizaciones de izquierdas.

La idea era aislar a España y aumentar la presión sobre la dictadura. Aquí saltó Luis Echeverría, presidente de México y líder del Partido Revolucionario Institucional. El mexicano solicitó a Kurt Waldheim, secretario general de Naciones Unidas, una reunión urgente del Consejo de Seguridad. El objetivo era echar a España de la comunidad internacional. El austriaco Kurt Waldheim, dio curso a la protesta. Por cierto, en 1986 saltó la noticia de que había pertenecido al partido nazi de Austria entre 1938 y 1945. Valiente hipócrita. A esto podemos añadir la hipocresía de Echeverría, que en 1971 fue acusado de organizar el asesinato de opositores llamada Matanza del Jueves de Corpus, en la que paramilitares del gobierno asesinaron a 225 personas. Nunca se desmintió.

También actuó el papa Pablo VI, que sin éxito pidió clemencia al dictador español. No era la primera vez. Cuando Pablo VI era el arzobispo Montini de Milán, envió un telegrama a Franco pidiendo el indulto del comunista Julián Grimau, que fue ejecutado en 1963. En respuesta, la prensa del Movimiento Nacional calificó a Pablo VI como «enemigo de España». Incluso Nicolás Franco, el hermano del dictador, pidió el indulto con una carta en la que decía: «Querido Paco, estamos viejos… No firmes. Tú eres un buen cristiano, después te arrepentirás».

Los nueve países de la Comunidad Económica Europea (CEE) elevaron una protesta. Otros tres retiraron a sus embajadores, aunque volvieron a comienzos de octubre, después de los fusilamientos, como si nada hubiera pasado. Los primeros en regresar fueron el alemán y el británico, ambos de gobiernos de izquierdas presididos por Helmut Schmidt y Harold Wilson respectivamente. La administración estadounidense anunció que las ejecuciones eran una «cuestión interna» de España y que no serían un obstáculo para las negociaciones del nuevo acuerdo sobre las bases militares.

Con las instituciones a favor, los activistas de la extrema izquierda salieron a las calles de media Europa. Los comunistas franceses se manifestaron en París y atacaron la embajada española. Lo mismo sucedió en Roma. En Lisboa, socialistas y comunistas asaltaron la embajada de España y la incendiaron. En Alemania Occidental, la izquierda se manifestó en Berlín, Heidelberg, Friburgo y Stuttgart, y en Frankfurt pusieron una bomba en la cámara de comercio española. Esa misma izquierda no se había manifestado contra los atentados del grupo terrorista alemán llamado Fracción del Ejército Rojo, que asesinó en abril de 1975 a dos rehenes en la embajada alemana en Suecia, y que varias personas murieron cuando detonaron los explosivos que habían colocado en el edificio. Tampoco se manifestaron cuando esa banda terrorista asesinó a tres personas en Viena en la sede de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

También hubo violencia callejera para protestar en lugares como Grecia, Suiza, Dinamarca, Bélgica, Austria, Italia, Noruega y Países Bajos. En Turquía explotó una bomba en la residencia del embajador español. En Bruselas atacaron la sede de la compañía Iberia y un restaurante español, y hubo enfrentamientos con la policía al intentar el asalto de nuestra embajada. En Roma la extrema izquierda incendió tres autocares de agencias de turismo españolas, y atacó las sedes de representación de España. En París asaltaron la oficina de turismo española y la incendiaron. La respuesta de Giscard D’estaing, presidente francés, a estos ataques fue congelar las negociaciones de España para su entrada en la Comunidad Económica Europea.

Por supuesto, hubo quien vio con asombro esta violencia para el caso español y el silencio para otros casos igualmente deplorables. De hecho, los mismos que protestaban por las condenas de muerte en nombre de los derechos humanos habían aplaudido el asesinato de Carrero Blanco, como dijo Solzhenitsyn, premio Nobel que algo sabía de dictaduras, o miraban hacia otro lado cuando eran asesinados miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad españoles.

Al final, el 27 de septiembre, repartidos entre Hoyo de Manzanares (Madrid), Barcelona y Burgos, fueron fusilados los terroristas de ETA Ángel Otaegui (33 años) y Juan Paredes Manto, Txiki (21 años), y los del FRAP José Humberto Baena (29 años), Ramón García Sanz (27 años) y José Luis Sánchez Bravo (21 años). Vamos con su perfil para valorar los casos.

Jon Paredes Manot, alias Txiki, nacido en Badajoz en 1954, era un etarra entrenado por Josu Ternera, autor del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987, donde fueron asesinadas once personas, entre ellas cinco niñas. Paredes Manot fue condenado en un Consejo de Guerra sumarísimo por un atraco el 6 de junio en la sucursal del Banco de Santander en Barcelona, en el que mataron al cabo primero de la Policía Armada, Ovidio Díaz López, de 31 años, casado, y a punto de ser padre de su primer hijo. Los empleados del banco y los policías reconocieron a Paredes Manot como uno de los atracadores. También fue procesado por el asesinato del subinspector de Policía José Díaz Linares en San Sebastián.

Ángel Otaegi nació en Guipúzcoa en 1942. Con 20 años ya estaba en las juventudes del Partido Nacionalista Vasco, y luego, como muchos otros, pasó al Frente Militar de ETA. Se le condenó por participar en el atentado que costó la vida a Gregorio Posadas Zurrón, cabo primero de la Guardia Civil, de 33 años, casado y con dos hijas pequeñas. El asesianto tuvo lugar en Azpeitia el 3 de abril de 1974. La confesión fue sacada con torturas, pero su mujer y un compañero de trabajo declararon que Otaegi al menos había ayudado a los dos etarras que asesinaron al guardia civil, con lo que fue colaborador necesario. Quedó claro en el testimonio de los testigos y en las publicaciones de ETA.

Xosé Humberto Baena Alonso, miembro del FRAP, nació en Vigo en 1950. Fue detenido el 22 de julio de 1975, acusado de matar al policía Lucio Rodríguez Martín, de 23 años y que se iba a casar en septiembre. En el momento de la detención llevaba encima el arma con la que había matado al agente. No había duda de que era el asesino. Incluso su abogado, el socialista Gregorio Peces-Barba, indicó que las pruebas eran indudables.

Los otros dos terroristas, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez-Bravo Solla, también del FRAP, fueron condenados por la muerte del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez en Madrid el 16 de agosto de 1975. Ninguno de estos tres, ni los defensores actuales de estos terroristas, niega la comisión de los asesinatos, salvo en el caso de la familia de Xosé Humberto Baena.

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