Los diez 'emails' que acorralan a Begoña Gómez por un delito de malversación
Entre las decenas de correos enviados por su asesora en Moncloa hay al menos diez con indicios de delito
Begoña Gómez. | EFE
El futuro judicial de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, se complica tras conocerse el último informe de la Guardia Civil. En él, la Unidad Central Operativa (UCO) acredita que la asesora de la esposa del presidente del Gobierno en Moncloa realizó gestiones que «trascendían de los cometidos inherentes al puesto que ocupaba». El documento incluye decenas de emails en los que queda acreditado que la asesora enviaba correos a patrocinadores de la cátedra en horario laboral, que solo debía usar para cuestiones relacionadas con el papel institucional de su jefa como esposa del presidente del Gobierno.
Es la base de la acusación por un delito de malversación a la que se enfrentan Álvarez y Begoña Gómez: la jurisprudencia del Tribunal Supremo considera que el uso de trabajadores públicos para fines privados o empresariales supone un ilícito penal. Los correos electrónicos analizados por la UCO abren esa puerta. «A Reale no les llegó el certificado de donaciones de Hacienda y nos lo está pidiendo». El email lo reenvía la asesora de Moncloa al ex vicerrector de Relaciones Institucionales en la Complutense Juan Carlos Doadrio el 15 de julio de 2021 a las 17 horas desde su dirección particular (no la oficial de Presidencia). Era un jueves laborable.
Decenas de emails como ese aparecen reseñados por la UCO durante todo el informe. Un día más tarde, Álvarez envía otro email a Doadrio: «Gracias Juan Carlos. Informarte que Begoña te ha hecho llegar una nueva adenda a la cátedra de Mercadona. Un cordial saludo. Cristina». Eran las nueve de la mañana de un viernes laborable.
En abril de 2022, Begoña Gómez le hace llegar a Doadrio un email firmado por Cristina Álvarez en el que hablan de realizar una firma «simbólica» en el rectorado de la Complutense con la Cámara de Comercio, que también había llegado a un acuerdo por un convenio de patrocinio con la cátedra de la esposa de Sánchez. «Miramos fechas y vemos, pero previamente lo vamos firmando», le dice la asesora, demostrando que se encontraba inmersa en las tareas del día a día de la gestión de la cátedra. Y que se refería a ellas en primera persona del plural.
Otro mail, de febrero de 2022. En él, la asesora comenta detalles concretos de un acuerdo con Mindway en el que plantean la obtención de un 10% en caso de ganancias. «Te adjunto el documento que nos ha pasado Mindway, y que te he comentado por teléfono para firmar con la Cátedra. Lo vemos muy extenso cuando la UCM ya tiene algo firmado con ellos. Queremos algo que sobre todo deje constancia, en caso de beneficios, Mindway tenga que dar el 10 por ciento a la Cátedra de TSC». De nuevo, la comunicación parece acreditar la dedicación de Álvarez durante su jornada laboral en Moncloa a la organización de la cátedra de Gómez.
La presencia de Álvarez en la gestión diaria de los patrocinios de la cátedra es constante y habitual, a diferencia de un «favor puntual» que la asesora defendió haber hecho en su declaración judicial. Acredita, por ejemplo, el conocimiento concreto y exhaustivo de las negociaciones con Google para crear una plataforma tecnológica de cara a la cátedra. El software por el que también se acusa a Begoña Gómez de apropiación indebida, ya que fue pagado con dinero público de la UCM pero terminó registrado a su nombre.
La asesora, a cargo de Begoña para sus negocios particulares, según se desarrolla en las docenas de emails incorporados al informe de la UCO, extiende las gestiones para la cátedra de la UCM durante meses. En septiembre de 2022, por ejemplo -también en día y horario laboral- envía un mensaje sobre la firma de otro convenio en la que vuelve a involucrarse en primera persona del plural. «Esperamos que la próxima semana ya os podamos enviar una copia ya firmada por parte de todos», le explica la asesora.
Imputadas por malversación
La mujer de Sánchez y su asistente están imputadas por un delito de malversación y el juez Juan Carlos Peinado ya ha decidido que, en caso de que llegue a juicio, se encargará de juzgarlas un tribunal popular.
El informe que ha remitido la UCO a Peinado analiza los correos electrónicos que la asesora de Begoña Gómez en Moncloa intercambió con el exvicerrector de Relaciones Institucionales en la Complutense Juan Carlos Doadrio. Son, en total, 121 emails en los que también participan otros interlocutores. Los mensajes demuestran que Álvarez realizó gestiones habitualmente en las adendas que firmó la cátedra con diferentes entidades, como Google, Deloitte, ONCE e Indra, pero también en un convenio de formación permanente con Mindway.
Condenas en el Supremo
Conductas similares a las de Álvarez al enviar esos emails, así como de Begoña Gómez como beneficiada de esas tareas, tiene al menos dos precedentes de condena por malversación en el Tribunal Supremo.
El primer precedente se remonta a junio de 2014, cuando el Supremo confirmó la condena a dos concejales del PSOE en Paiporta (Valencia) por un delito de malversación: ambas habían utilizado a trabajadores municipales para fines particulares y fueron condenados a un año de prisión. Les enviaban a cortar árboles, a limpiar su segunda residencia o a hacer una mudanza en horas de trabajo para el Ayuntamiento. Esa resolución marcó un criterio relevante: incluso si se trata de encargos puntuales, el desvío de personal público hacia tareas privadas constituye malversación.
El segundo precedente fue la condena ratificada en 2018 contra Juan Francisco Cerrato, ex director general de la Institución Ferial de Extremadura (FEVAL). El Supremo impuso cuatro años y medio de prisión por emplear de forma continuada a un técnico de mantenimiento como chofer y asistente personal. En esa sentencia, el tribunal dejó claro que el uso de tiempo y recursos públicos -en forma de horas de trabajo de empleados públicos- para un beneficio privado encaja plenamente en el delito de malversación.
Ambos casos trazaron un criterio uniforme del Alto Tribunal: cuando un responsable público desvía el trabajo de empleados sufragados con fondos de la Administración para su propio beneficio, se configura el delito de malversación. Esa línea jurisprudencial resulta clave para entender por qué los hechos atribuidos a la asesora de Moncloa en relación con Begoña Gómez podrían encajar en este mismo tipo penal.