El Gobierno se niega a desvelar si Muface ha vendido inmuebles a la familia Gómez
El Ejecutivo responde con citas genéricas a leyes y evita explicar los alquileres a la familia de Begoña Gómez

Local de la sauna Adán, gestionada por la familia política de Pedro Sánchez.
El Gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a facilitar al Grupo Popular del Senado los datos solicitados para intentar aclarar la situación de legalidad de los inmuebles del edificio de Muface en Madrid, donde el suegro de Pedro Sánchez tenía la sauna y la familia de Begoña Gómez ha adquirido varios inmuebles a día de hoy valorados en más de 3,6 millones de euros. Los populares presentaron una batería de preguntas sobre este polémico edificio y en las respuestas del Ejecutivo, a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, solo se contesta remitiendo a la ley, pero sin aclarar, entre otras cuestiones, si todos los inmuebles están correctamente inscritos en el Registro de la Propiedad.
En su primera batería de preguntas, presentadas el pasado 7 de julio, el Grupo Popular reclamó la «relación de bienes inmuebles que tiene Muface en propiedad, dónde se encuentran y qué situación jurídica tienen». Además, requieren la «relación de inmuebles detallando su identificación, ubicación, precio y situación actual». En una segunda tanda de interpelaciones, pidieron explicaciones para conocer si «están todos los inmuebles de Muface debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad», si «existen inmuebles de Muface adquiridos en escritura pública sin estar inscritos en el Registro de la Propiedad», «si existen inmuebles de Muface adquiridos en documento privado, sin que se haya elevado a público»; y solicitaron la relación de inmuebles y situación de los mismos.
Las respuestas del Gobierno del pasado 22 de septiembre, tanto a la primera tanda de preguntas como a la segunda, es exactamente la misma y solo con referencias a la legislación vigente. Se señala que «en relación con las preguntas de referencia, se informa de que el patrimonio inmobiliario de Muface está conformado por bienes inmuebles del Fondo General, pertenecientes al Patrimonio del Estado y regulados por la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y bienes que pertenecen al Fondo Especial, separados el Patrimonio del Estado y definidos como tales en el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, y en el Reglamento General del Mutualismo Administrativo, aprobado por el Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo».
El Ejecutivo sigue diciendo que «para el arrendamiento de estos inmuebles, Muface se rige por la normativa vigente; en concreto, a partir del año 1994, todos los contratos de arrendamientos se rigen por la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU)». Asimismo, «de acuerdo con la Disposición Transitoria 1ª de la LAU de 1994, todos los contratos celebrados a partir del 9 de mayo de 1985 (tanto viviendas como locales) se regirán por lo dispuesto en el artículo 9º del Real Decreto-ley 2/1985, de 30 de abril, sobre Medidas de Política Económica, y por lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por el Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre».
Igualmente, «los contratos de arrendamientos celebrados con anterioridad al 9 de mayo de 1985 (tanto de viviendas como locales) se rigen por el texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, salvo ciertas modificaciones previstas en la ley, según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda y Tercera de la LAU, respectivamente». En relación con «la revisión de las rentas se realiza anualmente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, utilizándose como índice de referencia para la revisión de la renta la variación anual del índice de precios de alquiler de oficinas, a nivel autonómico, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a fecha de cada revisión».
La relación de bienes, indica la respuesta del Gobierno, «puede consultarse en el siguiente enlace de la página web de la Mutualidad: Inmuebles y Operaciones patrimoniales (subastas) -Información económico presupuestaria y patrimonial (subastas)- Transparencia y rendición de cuentas -Muface- Portal Muface». En este sentido, precisa que «las funciones de cada unidad o departamento de Muface son las recogidas en el Real Decreto 577/1997, de 18 de abril, por el que se establece la estructura de los órganos de gobierno, administración y representación de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). Finalmente, cabe señalar que los informes de fiscalización realizados a Muface por el Tribunal de Cuentas son públicos y pueden consultarse a través del siguiente enlace: Búsqueda Avanzada – Tribunal de Cuentas».
La sauna y la pensión de los Gómez
El ático en cuestión, propiedad de la mutualidad de funcionarios Muface en la calle San Bernardo de Madrid, tiene unos 139 metros cuadrados —115 de vivienda más terraza— y ha sido alquilado por la familia de Begoña Gómez por alrededor de 850 euros mensuales, un precio muy inferior al valor de mercado de la zona. Sabiniano Gómez, suegro ya fallecido del presidente del Gobierno, y su hermano Enrique Francisco Gómez figuran como arrendatarios del inmueble.
Durante varios años, ese ático operó como una pensión u hostal turístico bajo el nombre San Bernardo Rooms, con 14 habitaciones independientes que se alquilaban por días o semanas. En su momento, estaba vinculado funcionalmente con la sauna Adán, negocio regentado también por Sabiniano Gómez, de modo que el ático servía para el uso de clientes relacionados con la sauna. Tras el cierre de la pensión en 2022, el ático fue subdividido en tres apartamentos; uno permanece en uso personal de un miembro de la familia, mientras los otros dos se alquilan a terceros.
La Sauna Adán funcionaba en un bajo del mismo edificio. También estaba arrendada a la familia Gómez bajo contrato con Muface y formaba parte del fondo de inmuebles que posee la mutualidad. Sin embargo, existen dudas sobre varios aspectos: si esos usos comerciales estaban autorizados, si los permisos de obra y cambio de uso fueron tramitados correctamente y si el subarriendo del ático a terceros cumple los requisitos legales. Muface ha abierto una investigación interna para aclarar estas cuestiones, tras las revelaciones sobre el precio del alquiler, los usos del inmueble y la documentación asociada. De puertas para afuera, la entidad no ha dado explicación alguna sobre estos hechos.