La Audiencia Nacional se harta de las causas de hidrocarburos: «La culpa es de los políticos»

La Audiencia Nacional está saturada de procedimientos sobre un fraude que parece inagotable: el de los hidrocarburos. Cinco de los seis juzgados centrales de instrucción trabajan al mismo tiempo en causas abiertas relacionadas con la evasión del IVA en la compraventa de combustible. Un fenómeno que se repite con distintos protagonistas pero idéntico patrón. En los sumarios aparecen nombres conocidos, como Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas, o el empresario Alejandro Hamlyn, para quien la Fiscalía reclama hasta 89 años de cárcel. Sin embargo, las pesquisas siempre apuntan hacia el mismo perfil: empresarios que manejan licencias y aprovechan los vacíos normativos. «Estamos cansados de acusar siempre al mismo eslabón de la cadena», admiten fuentes judiciales consultadas por THE OBJECTIVE. «Hasta que no se investigue y condene a los políticos y funcionarios públicos que facilitan estas licencias a cambio de mordidas, no se va a atajar el problema». El diagnóstico es tajante: el fraude no se sostiene sin connivencia en las altas esferas.

Las investigaciones suelen centrarse en el fraude del 21% del IVA, el tributo que se deja de ingresar cuando la cadena de compraventas se multiplica, que los jueces conocen bien. En el sector de los hidrocarburos conviven unos 200 operadores autorizados. Hasta mediados del año pasado, bastaba con obtener una licencia del Ministerio de Transición Ecológica –antes dependiente de Industria– para importar crudo y almacenarlo en un depósito fiscal. Ese depósito es la clave: mientras el combustible permanece allí, la empresa no paga ni impuestos especiales ni IVA. Solo cuando sale hacia un distribuidor, normalmente una gasolinera, se liquidan los tributos. En la práctica, el sistema se convierte en un coladero para sociedades que intermedian y que, llegado el momento de ingresar el impuesto, desaparecen o declaran en negativo.

Pero, a partir de un real decreto aprobado a principios de 2023, es necesario solicitar a la Agencia Tributaria el Redef (Registro de Extractores de Depósitos Fiscales). La medida supuso un pequeño obstáculo al fraude. Aun así, hay operadores que prefieren no tener ese permiso porque su negocio funciona vendiendo in tank (dentro del depósito) a otro operador para sacar beneficio con la subida y bajada del precio o por medio de su alquiler a Cores (Corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos).

Durante el procedimiento se cometen varios fraudes. Con los impuestos especiales es muy difícil, pero dentro del depósito fiscal existen una serie de empresas llamadas subcuentas que venden a distribuidores que revenden el producto a un cliente final y a empresas comercializadoras, donde se producía el fraude de IVA. Estas venden entre ellas el combustible desde que sale de un operador hasta que llega a un cliente. En dicha operación podían actuar hasta ocho empresas intermedias que no declaran el impuesto al valor añadido.

«La culpa es de los políticos»

El esquema no sería posible sin las licencias que permiten operar en el sector. Ahí es donde entran los políticos. «Muchas de esas autorizaciones se conceden a empresas que no cumplen requisitos. La sospecha es que se venden al mejor postor», señalan fuentes cercanas a la investigación. El ejemplo más gráfico lo ofrece el socio de Aldama, Claudio Rivas. Tal y como investigó THE OBJECTIVE, y más tarde recogió la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sus informes, Rivas adquirió un chalé en la urbanización La Alcaidesa, en Cádiz, para el exministro José Luis Ábalos. A cambio, el Gobierno facilitó una licencia para la venta de combustible a su empresa Villafuel SL. Un regalo que se camufló bajo el paraguas de un contrato de alquiler con opción a compra, pero que la Audiencia Nacional investiga como dádiva directa a un alto cargo por haber allanado el camino a la red.

La operación no fue aislada. Entre septiembre de 2020 y mayo de 2021, la trama de los hidrocarburos mantuvo varias reuniones con Koldo García, entonces asesor de Ábalos. El objetivo: que mediara con altos cargos de los ministerios de Industria y Transición Ecológica para facilitar la licencia. Hasta cuatro encuentros se produjeron, uno de ellos con Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete de la ministra Reyes Maroto. En esas reuniones, según testigos, Koldo García dejó claro que la ayuda «tendría un coste». El propio Ábalos llegó a saludar a los empresarios en una de las citas celebradas en el Ministerio de Transportes. El mensaje fue inequívoco: «El ministro quiere una casa en Sotogrande». El inmueble elegido acabó siendo el chalé de La Alcaidesa, adquirido por la sociedad Have Got Time SL en junio de 2021 y puesto a disposición del exministro bajo un contrato de alquiler con opción a compra.

Mientras tanto, en la Audiencia Nacional los jueces acumulan sumarios que se parecen demasiado entre sí. Distintos empresarios, idénticas maniobras, idéntico perjuicio para el Estado, pero sin responsabilidad política. «Hasta que no se investiguen de forma seria a los responsables públicos que abren la puerta a estas empresas, el fraude va a seguir existiendo», insiste una fuente judicial. Los magistrados consideran que su labor resulta incompleta. Persiguen a los operadores, a los testaferros, a las sociedades pantalla, consiguen condenas, pero el negocio continúa. «Se cambia de nombre, se crea otra sociedad y se repite el esquema. Es un ciclo sin fin», añaden los investigadores. No es solo un problema fiscal, insisten las fuentes, sino un caso de corrupción política de primer nivel.