Defensa anula un contrato a una empresa israelí tras saltarse el embargo de armas
El departamento de Robles ha cancelado una adjudicación firmada un día después de la entrada en vigor del veto
Las estructuras que había comprado el Ejército a una compañía israelí. | Trango Systems
El Ministerio de Defensa de Margarita Robles ha anulado esta misma mañana del viernes la adjudicación de un contrato de compra de estructuras para prácticas de tiro, material que iba a proporcionar el fabricante israelí Trango Systems a través de la firma española Guardian Homeland Security.
El contrato se adjudicó el pasado 26 de septiembre, justo un día después de que entrase en vigor el embargo de armas a Israel decretado por el Gobierno, por lo que podría considerarse la primera vulneración de esta normativa por parte del Ejecutivo. El contrato, tal y como ha comprobado THE OBJECTIVE, ya figura como anulado desde primera hora de la mañana de este viernes.
Se trata de un contrato menor licitado por 14.989 euros, al filo del límite de 15.000 euros que marca la ley para considerarlo como tal y que permite otorgarlo sin concurso. El objeto de la adquisición era la compra de una «estructura modular para entrenamiento de tiro en la EMMOE, Huesca (Jaca)». Se refiere a unos paneles móviles que se pueden configurar para crear recorridos de tiro para los militares de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales del Ejército de Tierra a la que iban destinados.
El fabricante de estas estructuras es una firma israelí denominada Trango Systems, que opera desde Israel y, por tanto, está afectada directamente por la normativa del embargo de armas al Estado hebreo. La compañía fue fundada y está gestionada por exoficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). La venta a Tierra se ha canalizado a través de su proveedor en España, la firma Guardian Homeland Security, afectada también en el pasado por otras anulaciones de contratos, en especial la de los 15 millones de cartuchos de 9 milímetros destinados a las armas cortas de la Guardia Civil.
El contrato, tal y como ha informado ‘El Español’, había entrado en fase de adjudicado el pasado 26 de septiembre a las 9:30 horas, cuando fue publicado en el Portal de Contratación del Estado. El embargo a Israel ya estaba en vigor desde el día anterior. Sin embargo, quedaba pendiente el último paso administrativo, el de formalización, que debía cerrarse en un plazo de 30 días. No ha llegado, ya que este mismo viernes a las 10:32 de la mañana el acuerdo ya aparecía anulado tras haber sido «publicado por error».
Probando misiles vetados
No es la única situación anómala, extraña o cuanto menos curiosa que se ha dado en las últimas semanas con contratos de armas relacionados con Israel. Por ejemplo, la cancelación de los lanzacohetes Silam, un programa estratégico para el Ejército de Tierra que ahora deberá buscar una alternativa en la industria europea.
Pese a haberse cancelado el contrato de los Silam, pocos días después se adjudicó un contrato para gestionar las pruebas de tiro con este sistema, incluidos disparos hacia el mar en la zona de la costa de Huelva. Prácticas que sí se realizaron y en las que se ha puesto a prueba la munición que utilizan estos lanzacohetes móviles, que van montados sobre la plataforma de un camión. Se desconoce si para esas pruebas se recurrió a un demostrador de fabricación israelí.
Sin inhibidores
El Gobierno español aprobó el pasado 23 de septiembre el embargo de armas a Israel, que aún debe pasar por la votación en el Congreso de los Diputados pero que ya ha supuesto la anulación de una veintena de contratos militares con empresas israelíes.
Entre los acuerdos cancelados, tal y como ha informado TO, se encuentra uno clave: el suministro de sistemas inhibidores de frecuencia —utilizados para neutralizar artefactos explosivos activados a distancia—, cuya fabricación y repuestos estaban a cargo de la empresa Netline Communications. Esa decisión deja a las tropas españolas desplegadas en zonas de riesgo, como Irak, Líbano o Somalia, sin acceso garantizado a piezas de recambio para estos sistemas de protección.
La adjudicación original se había realizado en 2024, basándose en que Netline —asociada con una empresa española— era «la única empresa técnicamente capacitada» para desarrollar el proyecto. Ahora, al anularse ese contrato, Defensa no solo pierde el apoyo para mantenimiento, sino que rompe la cadena de suministro para los equipos instalados. Aunque los dispositivos continúan operativos, se enfrentan a un serio desgaste por condiciones extremas y precisan repuestos constantes, lo que plantea dudas sobre su funcionamiento futuro.
Además de los efectos operativos, el Estado se expone a reclamaciones por indemnizaciones millonarias debido a la cancelación unilateral de contratos ya formalizados. Las compañías afectadas podrían exigir compensaciones por las inversiones realizadas y los daños ocasionados, lo que podría elevar el costo político y económico de esta medida más allá de su impacto militar.