El Gobierno ofrece a la flotilla llevarles de vuelta en el barco de la armada, pero lo harán en avión

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere mitigar las críticas que ha recibido por parte de sus socios de Sumar y otras formaciones de izquierda ante las normas «limitadas» con las que el buque de la Armada Furor ha desarrollado su misión de protección a la flotilla de Gaza. Tras mantenerse a 25 kilómetros de distancia y no traspasar el límite de las aguas de exclusión, controladas por Israel, Moncloa busca un golpe de efecto trayendo de vuelta a España a los activistas que iban a bordo una vez sean puestos en libertad. Para ello, en el Ejecutivo ya se ha trasladado el ofrecimiento de que sea el Furor quien les recoja en el puerto de Ashdod –previo permiso de Israel– y les devuelva a España. Una imagen con gran carga política que, sin embargo, no encaja en los planes de la delegación española en la flotilla: ya han comunicado su preferencia por volver a casa «en avión» tras un mes navegando el Mediterráneo de punta a punta. Israel, mientras, prepara dos aviones para enviarlos a Madrid y Londres, tal y como ha revelado Italia.

Fuentes militares consultadas por THE OBJECTIVE explican que a lo largo de esta semana uno de los planes que ha barajado el Gobierno sobre la flotilla ha ido cristalizando: que el buque Furor enviado a la zona, y cuyo papel ha sido polémico para la izquierda por lo restrictivo de sus reglas de enfrentamiento (adelantadas por TO hace días), sea quien devuelva a casa a los activistas españoles. Y quizás a unos pocos más de otras nacionalidades.

Según explican las citadas fuentes, cuando el Estado Mayor de la Defensa planteó la operación en los términos que le requería el Ministerio de Defensa, desde el departamento de Margarita Robles y también desde Presidencia se hizo hincapié en la necesidad de que el buque seleccionado tuviese suficiente espacio para recoger a posibles náufragos rescatados. El Furor tiene capacidad para acoger alrededor de un centenar de personas más allá de su propia dotación –unos 50 marinos–. Y en unos días, a toda máquina, estarían de vuelta en España. Aunque, posiblemente, con una parada de aprovisionamiento.

El Ejecutivo, a través de Exteriores, se ha mantenido en contacto durante todo este tiempo con representantes de los aproximadamente 65 ciudadanos españoles –entre ellos la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau o el exdiputado de Podemos Serigne Mbaye– que van a bordo de esta Flotilla Global Sumud. A través de ese cauce se ha planteado esta opción de recogida y traslado a España una vez que sean puestos en libertad en el puerto israelí de Ashdod. Sin embargo, la respuesta no ha sido la esperada.

Desde la parte española de la flotilla no se ve con buenos ojos volver por mar tras fracasar su misión de llegar a Gaza. Pese a que el Furor fue enviado de manera simbólica como apoyo y respaldo a esta iniciativa, los responsables consideran mejor opción el regreso en un avión desde Israel una vez acepten su deportación, incluso aunque su destino no sea España y la ruta de vuelta a casa se alargue más de lo esperado.

Pese a esas reticencias iniciales, el Gobierno aún espera convencer a los españoles de la flotilla para que acepten ser devueltos a territorio nacional en medios oficiales enviados a tal efecto. Sin embargo, las comunicaciones en las últimas horas se han complicado: Israel ha mantenido el aislamiento total de los activistas durante las primeras 24 horas desde su detención, dificultando así la acción consular de los diplomáticos españoles. En caso de que no acepten su deportación inmediata, los detenidos podrían enfrentarse a juicio por violar la zona de exclusión militar, evadir un bloqueo naval y tratar de saltarse un control militar en un área de «guerra activa», según las citadas fuentes. Delitos muy graves que podrían derivar en condenas, si bien no es esa la intención de Israel, que busca dar carpetazo cuanto antes a este asunto.

En este sentido, el Gobierno incluso se plantea enviar a Israel un avión oficial del Ejército del Aire con capacidad suficiente como para repatriar a los activistas. El objetivo es que vuelvan a España de cualquier forma y con prontitud, pero siempre bajo el amparo del Ejecutivo. Sin embargo, se topa con las «reticencias» entre los activistas, ya que hay integrantes de partidos políticos independentistas como la CUP –caso de la diputada catalana Pilar Castillejo–, que se han significado en contra de las Fuerzas Armadas españolas y su presencia en Cataluña. Queda por ver si estarían dispuestos a ser protagonistas de esa imagen de la Armada Española socorriéndoles.

Dudas jurídicas en la misión

En la Armada española han surgido serias dudas sobre el encaje jurídico de la decisión del Gobierno al enviar el buque de acción marítima Furor para apoyar a la flotilla. Oficiales consultados advierten de que la operación carece de respaldo jurídico claro y que, de hecho, podría contravenir las competencias que la ley de Defensa Nacional otorga a las Fuerzas Armadas.

Según esas fuentes, el despliegue no habría sido objeto de un informe legal formalizado ni contó con la solicitud previa de autorización al Congreso de los Diputados, algo estipulado en la normativa cuando las operaciones no guardan una relación directa con la defensa del territorio nacional o los intereses generales. Desde la Armada, apuntan que simplemente se cumplió una orden emanada del Estado Mayor de la Defensa, tras la presión política generada por el envío de fragatas italianas al mismo escenario.

En cuanto al mando de la misión, el Furor zarpó de Cartagena con reglas de enfrentamiento que limitaban de forma explícita su actuación: solo podía responder con fuego en situación de autodefensa y en último recurso. De igual modo, no se le autorizó a aproximarse a 12 millas de la costa de Gaza ni a entrar en zonas marítimas bloqueadas sin acuerdo con las autoridades israelíes. Esa limitación normativa reforzó la tensión entre las exigencias operativas de la misión y las reservas jurídicas internas que la envolvieron.