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El Gobierno desconoce el tiempo que residen en España los extranjeros con ingreso mínimo

El departamento que dirige Elma Saiz admite que no dispone de datos sobre el período de residencia de los perceptores

El Gobierno desconoce el tiempo que residen en España los extranjeros con ingreso mínimo

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. | Europa Press

El Gobierno admite no disponer de datos sobre el tiempo de residencia en España de todos los perceptores del ingreso mínimo vital (IMV). El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reconoce que ignora la media de años que llevan en el país los beneficiarios extranjeros de esta prestación estatal, en respuesta a una solicitud del Portal de Transparencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

El departamento que dirige la ministra Elma Saiz informa de que la normativa del ingreso mínimo exige como requisito al menos un año de residencia legal y continuada en España en el momento de solicitar la ayuda. La Administración se limita a comprobar este extremo, pero aclara que, a efectos de la gestión de la prestación, «el tiempo total de permanencia en España no es un dato que implique un especial tratamiento de las solicitudes». Por ello, no figura en ninguno de los registros de los que dispone la entidad.

El ministerio justifica la falta de información y señala que también carece de datos sobre los permisos y periodos de residencia de los extranjeros que reciben el IMV, ya que esos datos corresponden a otras entidades y no figuran en sus registros. Según explican, para obtenerlos sería necesario cruzar bases de datos externas y desarrollar herramientas informáticas específicas, un proceso que implicaría a organismos como la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. Por ello, concluye, no puede facilitar ninguna estadística sobre la permanencia en España de estos beneficiarios.

Más de dos millones de beneficiarios en lo que va de año

No se trata de una ayuda menor. Solo en julio, el ingreso mínimo vital alcanzó a 2,3 millones de beneficiarios, lo que supone casi un 20% más que un año antes. Según la última estadística del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la cuantía media por hogar se situó en 519,16 euros mensuales, con un gasto total de 426,3 millones de euros al mes para atender a más de 750.000 hogares en todo el país. 

De ellos, 519.011 hogares (un 69% del total) tenían menores a cargo. Entre ellos, 129.655 eran monoparentales, en la mayoría de los casos encabezados por una mujer. En cuanto al complemento de ayuda para la infancia, que se integra en el IMV, en julio alcanzó a 527.071 unidades de convivencia.

Desde su puesta en marcha, el IMV ha llegado a 1,1 millones de hogares y 3,17 millones de personas, de las cuales 1,37 millones eran niños y adolescentes. La ministra Saiz subrayó que, para las familias monoparentales, esta prestación «supone una palanca esencial en un momento difícil de sus vidas, cuando sostener una familia sola implica un esfuerzo enorme». Además, puntualizó que «el 83% de los hogares que perciben el IMV son españoles», una cifra que, a su juicio, desmiente la idea de que esta ayuda esté dirigida principalmente a extranjeros.

El PP propone que sólo lo cobren quienes coticen

Mientras tanto, el Partido Popular plantea regular el ingreso mínimo al considerar que se ha convertido en un “efecto llamada” para la inmigración ilegal. El portavoz Miguel Tellado explicaba el pasado sábado que «contribuir tiene que ser condición para permanecer», en referencia a que los inmigrantes que quieran acceder a estas ayudas deberán trabajar y cotizar a la Seguridad Social.

El plan migratorio de Alberto Núñez Feijóo incluye restringir el IMV a los extranjeros que no hayan cotizado en España y que carezcan de un permiso de residencia de larga duración. Para obtener dicho permiso sería necesario haber residido legalmente al menos cinco años y haber cotizado en un 70% de ese tiempo. Con ello, el PP propone un endurecimiento sustancial de las condiciones de acceso a las prestaciones no contributivas.

Este giro en la agenda migratoria de los populares responde también a la pugna por el voto en la derecha. En su última ponencia política ya dejaron claro que los inmigrantes en situación irregular no deberían acceder a prestaciones no contributivas y que la reagrupación familiar debe recuperar un carácter excepcional.

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