Portugal sí cobrará los vuelos a sus deportados de la flotilla: «Fueron bajo su responsabilidad»

El Gobierno de Portugal ha pasado a sus cuatro nacionales integrados en la flotilla de Gaza la factura de los vuelos de regreso a su país, tal y como ha anunciado el Ministerio de Asuntos Exteriores luso. Desde Lisboa explican que el coste de los billetes fue adelantado por su personal consular en Israel, debido a la imposibilidad de contactar con ellos en pleno proceso de deportación. Sin embargo, advierte que esos gastos son «responsabilidad» de cada individuo y cita la «normativa consular» que les obliga a pagar esos costes.

En España, mientras, el Ministerio de Exteriores de José Manuel Albares, cuya normativa es muy similar a la portuguesa, ha decidido no repercutir ningún coste de la repatriación a los 65 activistas españoles: la mitad voló en vuelos comerciales y la otra en un avión militar enviado a Atenas tal y como adelantó THE OBJECTIVE. Vox ha denunciado estos hechos al considerarlos un delito de malversación. Una situación que podría volver a darse con los nueve integrantes españoles de la segunda flotilla.

Al igual que parte de los integrantes de la flotilla españoles, los cuatro activistas portugueses volvieron a casa el pasado domingo en vuelos civiles, cuyos billetes sacó el Gobierno luso. Sin embargo, a diferencia de a los españoles, el viaje no les ha salido gratis. Así lo ha confirmado el Ministerio de Exteriores portugués, que les ha entregado una carta junto a un formulario para que lo rellenen y satisfagan el pago de los costes de su repatriación de manera inmediata.

Portugal asegura que adelantó la compra de esos billetes «razones logísticas y prácticas», al no poder acceder los activistas en ese momento a la adquisición de pasajes para el traslado a Lisboa tras su deportación por parte de Israel. Sin embargo, alegan que la misión de la flotilla, su detención y posterior deportación ha sido una cuestión de «responsabilidad de cada individuo» y advierten que la normativa de acción consular les obliga a pagar.

En España, con una normativa muy similar a la portuguesa, el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por correr con todos los gastos de estos traslados a cargo del erario público. Según la versión ofrecida a TO por un portavoz de Exteriores, en el caso español se entiende que los activistas se encontraban «en situación de vulnerabilidad extrema, retenidos contra su voluntad, agravada por la imposibilidad de gestionar un billete de avión exigido con carácter urgente por las autoridades migratorias israelíes para su salida del país». Sin embargo, no se contempla ni su responsabilidad individual, ni los avisos previos de Israel o del propio Gobierno de España de que desistieran en su intento por entrar en Gaza.

La norma de Exteriores especifica que el Estado puede correr con los gastos de una evacuación en caso de calamidad, atentado terrorista o conflicto armado para llevar a ciudadanos españoles a un lugar seguro. En el caso del segundo traslado, el ejecutado a bordo de un avión militar A400M del Ejército del Aire, no se daría esa circunstancia, ya que Grecia no puede ser considerado un país hostil o peligroso y allí los activistas podrían haber adquirido con sus medios un billete de avión a España.

En todo caso, la normativa de Exteriores también contempla ayudas «excepcionales» en forma de préstamos a ciudadanos que por cualquier motivo no tengan acceso a fondos propios y los necesiten para salir de una situación compleja en el extranjero. Sin embargo, ese tipo de ayudas se consideran «reembolsables» al Tesoro Público en tiempo y forma -un año y posibilidad de pago a plazos-.

En España, gratis

El Ministerio de Exteriores ha decidido que no reclamará a los miembros de la flotilla el coste del billete de avión ni del operativo militar desplegado para su repatriación. Asumirá el Estado todos los gastos, incluida la movilización del avión A400M desde Atenas, a pesar de que la normativa vigente estipula que las ayudas consulares «excepcionales» deben ser reembolsadas a las arcas públicas.

La normativa que regula la asistencia consular establece que los beneficiarios de ayuda económica en situaciones de necesidad deben comprometerse a reintegrar el importe percibido, salvo que se demuestre que hacerlo generaría una carga desproporcionada o que no cuentan con recursos suficientes para hacerlo. En casos extremos, la devolución puede quedar eximida si circunstancias personales, sanitarias o jurídicas lo impiden.

Aunque había precedentes en los que la Administración exigió devoluciones —por ejemplo, a familias que recibieron ayudas tras fallecimientos en el extranjero— en este caso concreto no se ha exigido ninguna justificación a los 65 españoles de la flotilla para recibir el respaldo del Estado. Tampoco se les ha solicitado que firmen un compromiso formal de reintegro antes de recibir la ayuda, a diferencia de lo que prescribe la norma.

Desde Exteriores se argumenta que los españoles que viajaban en la flotilla se encontraban en una situación de «vulnerabilidad extrema», al estar retenidos involuntariamente y sin capacidad para gestionar por sí mismos su retorno. En coordinación con la Embajada de España en Tel Aviv, se gestionaron con carácter urgente los billetes y los mecanismos diplomáticos necesarios para asegurar su salida.

El Ministerio recalca que este tipo de ayudas no reintegrables ya se han aplicado en otras crisis recientes, como «evacuaciones en regiones como Irán, Israel, Gaza o Libia». La clave para su concesión es que el solicitante se encuentre en situación de especial vulnerabilidad o falta de recursos y no tenga otra vía viable para financiar su regreso. Sin embargo, la deportación es una figura diferente de la evacuación, y quienes iban en la flotilla voluntariamente sí aparentan tener recursos para pagar su retorno. Ada Colau, por ejemplo, fue alcaldesa de Barcelona durante ocho años con un sueldo aproximado anual de 100.000 euros.